El 20 de septiembre la Red Rompe el Miedo publicó el informe “Un voto a la censura” donde aborda la violencia contra la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos en el contexto electoral. La Red Rompe el Miedo (RRM) es un espacio colectivo de organizaciones, periodistas y personas defensoras de derechos humanos que ya cumple casi nueve años de existencia. Comenzó para el monitoreo y la denuncia pública de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas en protestas sociales y ha ido evolucionando en la realización de las mismas labores en contextos electorales por ser sumamente violentos.

La RRM documentó del 19 de abril al 31 de junio de 2021, 81 agresiones contra periodistas durante la cobertura del proceso electoral. Durante esta coyuntura electoral, la RRM documentó como principales agresiones: actos de intimidación y hostigamiento (27.27por ciento); amenazas (14 por ciento); ataques físicos y bloqueos o alteración de información (12 por ciento); mientras que, del total de agresiones documentadas en este periodo, 6.06 por ciento constituyeron uso ilegítimo del poder público y 2.02 por ciento, privaciones de la libertad; el resto de los ataques fueron remociones de contenido y creación de cuentas falsas.

Estos ataques se perpetraron principalmente contra 50 hombres cis género, 25 mujeres cis y seis medios. Los ataques fueron cometidos principalmente por partidos políticos en el 41.41 por ciento de los casos. En segundo lugar están las personas servidoras públicas quienes cometieron el 20.2 por ciento de las agresiones contra la prensa. Finalmente 10.10 por ciento de las agresiones fueron cometidas por particulares, mientras periodistas documentaron el proceso electoral y 2.02 por ciento por integrantes de la delincuencia organizada.

En las  elecciones  intermedias  del  año  2015,  la  RRM  registró  62  agresiones  contra  la prensa, es decir que si se comparan las elecciones intermedias del 2015 con las del 2021, hay un aumento del 30 por ciento de ataques. Sin embargo 40 de las 62 agresiones perpetradas en 2015, ocurrieron el día de las elecciones, a diferencia de 2021 en el que ese día se documentaron 18.

En este contexto es importante destacar dos tendencias preocupantes. Una es la violencia de género y la otra la remoción de contenidos bajo el uso faccioso de las leyes electorales.

En el primer caso, Ana Dora Cabrera, directora del medio @MxOctopus en San Luis Potosí (SLP), nos comparte su testimonio señalando que “la noche del 28 de abril, el candidato postulado por la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD) a Gobernador en San Luis Potosí, Octavio Pedroza, y el reportero de un medio digital local con más de 432 mil seguidores en Facebook, Omar Niño, realizaron una serie de manifestaciones misóginas y de discriminación contra mi dignidad, desestimando mi labor como mujer periodista; se trató de un mecanismo de censura”. Como ella describe, los sujetos en cuestión señalaron que “(….) ahí hay una chamaquilla que le juega a la periodista”, “si no tiene amigos (…) que se meta a Tinder”, “ahogada en la amargura (…) no puede ver que le vaya bien a alguien y que alguien tenga una profesión exitosa”. Las expresiones misóginas entre el periodista y  político fueron denunciados por Ana Dora ante las autoridades electorales de SLP. Pero el 30 de agosto, el Tribunal Electoral de aquel estado resolvió que no había conducta que sancionar.

Un caso de remoción de contenidos es el del medio digital Monitor Aguascalientes. Dicho medio fue víctima de remoción de contenido por abuso de normas o reglas de Facebook. Desde el 11 de abril, dicho medio publicó en su sitio en Facebook una nota titulada “Una Tlaxcalteca representa a Morena en Aguascalientes”. En  ésta, hicieron público que la nueva representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), Aurora  Venegas, es  originaria del estado de Tlaxcala. Asimismo, la nota brindó información sobre tensiones al interior del partido por dicho nombramiento. La representante del partido denunció ante el tribunal electoral local pero no prosperó. Sin embargo, el contenido de Monitor Aguascalientes fue removido por Facebook tres días después de ser exonerados por la autoridad judicial. En este caso, la plataforma de redes sociales no notificó las razones ni informó sobre posibles mecanismos de apelación a su decisión.

Esta misma semana Enkoll publicó un devastador informe sobre la situación de la libertad de prensa a nivel mundial. En su reporte, el centro de investigación reporta que México se ubica como el tercer país más letal contra la prensa en los 21 años que van del presente siglo, tan sólo por debajo de Irak y Siria. Llama la atención que en su estudio confirma que las principales coberturas de riesgo, en los casos de periodistas asesinados, son las de seguridad y las de política.

La disputa político electoral y la información relacionada con ella es de alto interés público. Lo dicho por las partes en contienda y la cobertura periodística de ello es considerado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  como “discurso especialmente protegido”. Lo que se necesita es más y  mejor información, escuchar la pluralidad de voces y propuestas para elegir en libertad.

Pero en México la lógica -de hecho y de derecho- es al revés. La violencia contra la prensa y los propios actores políticos se desata para evitar la participación política y el conocimiento de las ofertas electorales. En cuanto al marco legal electoral, se han impuesto una serie de normas que sobrerregulan el quehacer informativo, volviendo la recopilación y difusión de información e ideas un verdadero “campo minado”. En pocas palabras si una persona periodista no es agredida física o psicológicamente puede ser sancionada legalmente con mucha facilidad. A ello hay que sumar la particular arbitrariedad que persiste en las facultades de moderación de contenidos de las plataformas de redes sociales que en contextos electorales se recrudece.

La intolerancia de la clase política se exacerba en estos procesos siendo que su actuar (pasado y presente) debe estar sujeto a un intenso escrutinio público. La ecuación de los partidos y sus integrantes funciona es antidemocrática: se rechaza la crítica y se ataca a la prensa porque no hay consecuencias por hacerlo.

Todo este contexto nos da cuenta de la ausencia de verdaderas políticas y estrategias de las diversas instancias del Estado para garantizar la libertad de prensa. Para ello se requiere tomar en serio la espiral de violencia ascendente contra periodistas, pero sobre todo, la forma como el poder político se articula alrededor de la censura.

Se ha señalado de manera recurrente los riesgos que padece la prensa en los procesos electorales y sigue sin traducirse en medidas del Estado mexicano para evitar que esto se perpetúe. También hemos dicho que las leyes electorales son contrarias al espíritu de libertad informativa que debe primar en los comicios. Quienes violentan a la prensa quieren evitar el ejercicio robusto y libre de los derechos políticos y eso trastoca directamente la construcción democrática. Aquí está, una vez más, el diagnóstico. Toca ahora sí tomar cartas en el asunto.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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