Todos los gobiernos y toda la clase política se llenan la boca hablando del respeto a las leyes y ya sabemos lo que eso significa en la vida pública de México: una retórica que no se corresponde con la realidad. Pero hay algunos ámbitos donde el respeto a las leyes es más parecido a un hoyo negro: un entorno oscuro que chupa la aplicación de la legalidad. Uno de estos ámbitos en México es el mundo del trabajo.

El pacto corporativo que las dirigencias sindicales charras formaron con el Estado a mediados del siglo pasado le dio a los gobiernos autoritarios priistas el control sobre la clase trabajadora y una base electoral para mantenerse en el poder; a cambio el Gobierno dio a los dirigentes charros una patente de corso que conformó un sindicalismo totalmente antidemocrático, donde las dirigencias de las federaciones se reelegían hasta la eternidad, haciendo uso faccioso y corrupto de las cuotas sindicales y, lo peor, que propició un control de la clase trabajadora a favor de los patrones y que limitó o prohibió el ejercicio de los derechos que asisten a cualquier trabajador. No estoy hablando del siglo XIX, ni del siglo XX.

Esta negación de derechos sigue ocurriendo en el siglo XXI aquí y ahora en el país. Un ejemplo concreto de cómo el sindicalismo controlado y antidemocrático sigue permitiendo los abusos laborales ocurre en semanas recientes en Jalisco. Desde mediados de julio, trabajadoras de la empresa alemana Continental, asentada en la zona metropolitana de Guadalajara, denunciaron públicamente que con el pretexto del cambio de razón social la patronal quería obligar a todos sus trabajadores a firmar un supuesto “aviso de confidencialidad” que en realidad era un documento en el que se les hacía renunciar a su antigüedad, vacaciones y otras prestaciones laborales.

Con la reforma a la subcontratación laboral, el llamado outsourcing, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobierno de la Cuarta Transformación, se obliga a las empresas ahora a contratar directamente a sus empleados y a eliminar y/o controlar el outsourcing.

La reforma destinada a controlar o eliminar el outsourcing fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de este año. El Decreto reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de subcontratación laboral.

Esta reforma obliga a todas las empresas a hacer cambios en la contratación de personal. Uno de los cambios más severos ocurre en la industria electrónica de México, que en su mayoría corresponde a empresas extranjeras. Es más que sabido que la mayoría de las empresas de la industria electrónica asentada en México empleaban a sus trabajadores mediante agencias de outsourcing. Casi todas las empresas subcontrataban personal, a través de agencias dedicadas a ello, con lo que muchas veces se desentendían de cualquier compromiso laboral con quienes manufacturaban sus mercancías.

Ahora con la reforma se supone que se regulará esta práctica. Pero con las denuncias de obreras de Continental, acompañadas por la Coalición de Extrabajadoras (es) y Trabajadoras (es) de la Industria Electrónica Nacional (CETIEN), parece que continúan los abusos laborales en algunas empresas. Decenas de trabajadores de la empresa Continental, la mayoría mujeres, denunciaron que no se les querían respetar sus derechos laborales. Esta denuncia contradice el comunicado que la empresa Continental publicó en medios impresos de Guadalajara el 5 de agosto donde afirma que “completó con éxito el proceso de armonización con miras al cumplimiento del nuevo marco regulatorio en cuestión del outsourcing”, y “se aseguró que la antigüedad, derechos y prestaciones de los más de 7 mil empleados en Jalisco y más de 20 mil en todo el país fueran respetadas en su totalidad”.

Pero hay testimonios de trabajadores que niegan que este derecho se haya respetado para todos, pues admitieron que a trabajadores de confianza y de aseo sí se les garantizó el respeto de su antigüedad y otras prestaciones laborales en el cambio de razón social que Continental llevó a cabo para cumplir con las regulaciones del outsourcing.

Pero se quería negar el respeto de la antigüedad a los trabajadores de “piso”, es decir, de las líneas de manufactura. Los testimonios indican que tanto desde Recursos Humanos y del sindicato se les dijo que era obligatorio que firmaran esos documentos. En Continental opera el Sindicato de Empleados y Trabajadores en la Estructura, Armadura Motriz e Industrial (Seteami), pero es un sindicato blanco, es decir que no toma en cuenta a los trabajadores que dice representar para acordar con la patronal los asuntos que le interesan a la empresa. La molestia de los trabajadores es contra la empresa y el sindicato que actúa a favor de la patronal.

Aquí el testimonio que dio Trini a Radio Universidad de Guadalajara (19 julio 2021), trabajadora que fue despedida tras 16 años de trabajo en Continental: “Yo tenía trabajando 16 años, entré en 2005 en el área de producción. Hubo cambio de razón social y en el Seguro Social aparecíamos como reingresos, ya nos asesoramos y nos dijeron que ya éramos completamente nuevos (…) nos dieron unas hojas y nos dijeron que firmáramos. Pero yo no firmé porque siempre tuve la sospecha de que algo andaba mal por cómo actuaban. Nos querían hacer firmar a fuerzas, rápido, sin leer, sin tomar fotos. Y desde un principio me dio mala espina (…) y me despidieron porque empecé a decirles a mis compañeras el abuso que estábamos pasando y empecé a juntar firmas para quitar la cuota sindical porque el sindicato no hace por nosotros. Es completamente un sindicato patronal”.

Es tal la inconformidad de decenas de trabajadoras que, con la asesoría de CETIEN, al menos 25 trabajadoras presentaron denuncias legales para exigir el cumplimiento de sus derechos. Las autoridades laborales tanto locales como federales deben dar seguimiento a estas denuncias y la empresa debe evitar cualquier abuso laboral.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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