La consulta popular llevada a cabo el pasado domingo ha desatado una discusión sobre violaciones graves a derechos humanos e impunidad que parecía “dormida”. Las miles de víctimas tuvieron diversas aproximaciones al ejercicio de democracia participativa. Desde tomar distancia hasta sumarse con un sentido crítico, resignificándolo, disputando el sentido de lo que sería la consecuencia en caso de cumplir con los elevados requisitos legales para dotar el resultado de obligatoriedad.

Más allá de las disputas en torno a la consulta, es importante acercarnos a la circunstancia histórica y social que la detonó. Los crímenes graves cometidos por actores políticos no son “hechos del pasado”, sino de un presente lacerante y doloroso que pone en serio peligro el proceso de democratización mismo. Un presente que deriva de la configuración de un entramado de impunidad y corrupción desde hace décadas. En el caso de la violencia contra la prensa, por ejemplo, al pacto de impunidad se sumaría el necesario pacto de silencio impuesto en el sistema político mexicano.

Como hemos dicho antes, la impunidad -particularmente en hechos de violaciones graves a derechos humanos- no es una “falla del sistema”, sino parte inherente del mismo. Muchos de esos actores políticos que fueron y siguen siendo señalados tienen responsabilidades de diversa índole, tanto por acción como por omisión. Uno de los elementos fundamentales es que fueron partícipes en la edificación de la captura política de las instituciones para delinquir y permitir que otras/os delinquieran.

Podemos exponer algunos ejemplos sobre casos que han resurgido en la agenda pública y muestran no sólo las violaciones a derechos humanos, sino también este entramado que permite y perpetúa la impunidad:

1.– La semana pasada dimos a conocer que un tribunal federal asestó un golpe brutal al proceso de búsqueda de justicia de Lydia Cacho, periodista y activista torturada en 2005 por publicar sobre las redes de pederastia y pornografía infantil. Dieciséis años de lucha que de un plumazo, y no poco cinismo, pretende acabar con los avances presentados hace apenas tres años, derivado de una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU ante el cual acreditamos tortura, censura, detención arbitraria y uso desviado del poder. Detrás de la resolución judicial que amparó a Kamel Nacif, poderoso empresario textilero que orquestó su tortura, hay un entramado de corrupción judicial añeja. Lo peor está por venir. La exoneración Mario Marín y sus subordinados implicados está próxima.

2.– El 31 de julio se cumplieron seis años del multifeminicidio de Alejandra Negrete, Mile Martín, Nadia Vera y Yesenia Quiróz, y el homicidio de Rubén Espinosa en un departamento de la colonia Narvarte. A Rubén y Nadia los perseguía el Gobierno de Duarte. Con magros avances y prácticamente nulos resultados, la demanda de justicia se mantiene vigente. La investigación para la no repetición de filtraciones, juicios mediáticos re-victimizantes, manipulación de evidencia, así como la reparación integral del daño, son las asignaturas pendientes para una administración que despertó grandes expectativas. La ahora Fiscalía de la Ciudad de México tiene que romper décadas de inercias, malas prácticas, ineptitud y corruptelas. Y en paralelo procurar justicia. Como dijo Paty Espinosa, hermana de Rubén, no es culpa de las víctimas que hayan heredado un cochinero.

3.– Nuevas revelaciones sobre el uso sistemático del software espía Pegasus en contra de activistas, periodistas y opositores políticos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, dan cuenta de un complejo entramado de corrupción político-empresarial dirigido a vulnerar la privacidad de quienes se consideraron “enemigos políticos”. Además de las responsabilidades individuales, están las institucionales en la compra y utilización del sofisticado malware. La evidencia apunta a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces PGR, al desaparecido (o reconvertido) Cisen, a la Sedena y la Semar. El Presidente de la República ha prometido transparencia en los contratos; la FGR (que en cuatro años no avanzó con los primeros casos) avisa que ahora sí habrá justicia.

La realidad es que las instituciones fueron cooptadas para convertirlas en verdaderas máquinas de victimización y encubrimiento criminal. Si la lógica es utilizar esa cooptación para beneficio de nuevos actores políticos, poca esperanza nos queda para avanzar en la agenda de justicia, y la espiral de violencia continuará.

La conclusión es que ese terco pasado seguirá martillando en un presente incierto, doloroso y violento, mientras no haya verdad y justicia como primeros pasos hacia la no repetición. El Presidente dijo el 2 de agosto, luego de la baja participación en la consulta, que se abrirán procesos “siempre y cuando” existan pruebas. ¿No sería su Gobierno el que tendría que recabarlas y aportarlas? En este entendido, ni el “punto final”, ni imponer a las víctimas la carga de probar, ni la misma utilización facciosa de la justicia para nuevos beneficarios, son opción.

Más allá de las consultas, debemos pensar en la no repetición como parte de los procesos de justiciabilidad y acceso a la verdad. En efecto, si lo que sigue es un mecanismo de justicia extraordinaria, debemos pensar en el largo plazo para que la garantía de derechos de las víctimas se convierta en lo ordinario, se haga costumbre. Y eso requiere una reforma profunda del Estado que no se vislumbra en el proyecto político gobernante.

Una muestra del desinterés en cambiar profundamente las instituciones de justicia lo encontramos en la abrogación de la Ley Orgánica de la FGR, sustituyéndola por otra que retornó a los viejos esquemas de actuación de la PGR. La suspensión de facto del Sistema Nacional Anticorrupción, el abandono de la CEAV, las restricciones presupuestales para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, son un botón de muestra. La controvertida Guardia Nacional, militarizada, presupone la continuidad de una estrategia de seguridad fallida y violatoria de los derechos humanos.  Un  aspecto transversal a la operación de las instituciones del Estado tiene que ver con los procesos de designación que  se caracterizan por la selección de personas bajo la lógica de “cuotas [partidistas] y cuates”. Sí importa el entramado legal que ordena las instituciones, pero también quién las encabeza, coordina, opera y encausa.

En fin, habrá muchas tareas para avanzar en la ruptura de la cooptación política de las instituciones. Una lección es que nunca más podemos desentendernos de las miles de víctimas. Para eso se requiere un nuevo pacto social que las ponga al centro.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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