Se impuso una sanción a Cruz Alberto Uc Hernández, exdelegado federal en Chiapas de la entonces Sagarpa por irregularidades durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó la sanción que se impuso a Cruz Alberto Uc Hernández, exdelegado federal en Chiapas de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por irregularidades detectadas en la operación del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) en el año 2016.
“La Función Pública tiene la firme convicción de defender la legalidad de sus resoluciones en todas las instancias correspondientes. He instruido a las áreas sancionatorias y legales aplicar el máximo esfuerzo en hacer valer las sanciones determinadas”, detalló Sandoval Ballesteros en un comunicado.
“La resolución que estamos informando es una evidencia más del sólido trabajo que estamos realizando para no permitir la impunidad en los malos manejos de los recursos públicos, sobre todo en un área tan afectada por el régimen neoliberal como el campo. De esta manera contribuimos a su rescate”, agregó.
Además, las irregularidades fueron detectadas en una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control (OIC), lo que hoy es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que tras la correspondiente investigación determinó que se había realizado una dispersión indebida de recursos a beneficiarios del PIMAF, cuyo objetivo era otorgar apoyos a pequeños productores de maíz y frijol, ya que no se contaba con los expedientes correctamente integrados y no se cumplía con los requisitos establecidos en la reglas de operación del programa.
Dichas irregularidades constituyen un uso indebido de funciones, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, toda vez que no se cumple con el servicio que le fue encomendado a los servidores públicos.
Ante dicho motivo, el OIC en Sader le impuso al exfuncionario, en diciembre de 2019, una inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un plazo de diez años y una multa resarcitoria por 57 millones 192 mil pesos.
Durante el pasado 2020, el exdelegado sancionado inició un juicio de nulidad ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); sin embargo, dicha instancia concedió la razón a la Secretaría de la Función Pública, al reconocer la validez de la sanción y emitir la sentencia definitiva.
