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Hasta Santiago Nieto está contra la Ley del Banxico: alerta que se debilitará el sistema financiero

02/02/2021 - 3:35 pm

"Incumplir con las recomendaciones de GAFI solamente puede traer como resultado una recalificación negativa y con ello problemas de credibilidad en el sistema financiero mexicano y eso a nadie, a ninguna persona nos conviene", dijo el funcionario a Diputados.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- La reforma a la Ley del Banco de México podría debilitar al sistema financiero e incumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), lo que dejará como consecuencia que la calificación del país pueda volverse negativa ante este organismo, alertó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Durante su participación en el Parlamento Abierto para analizar la minuta de la iniciativa de reforma alertó "a nadie le conviene" incumplir con estas reglamentaciones, elemento que ocurriría de aprobar el documento que plantea que el banco central reciba dólares circulantes en el mercado, pese a desconocer su procedencia.

"El incumplir con las recomendaciones de GAFI solamente puede traer como resultado una recalificación negativa y con ello problemas de credibilidad en el sistema financiero mexicano y eso a nadie, a ninguna persona nos conviene, existe un problema, la mejor forma de solucionarlo tiene que verlo con esta interacción que se ha planteado", dijo el funcionario a Diputados.

La reforma plantea, según explicó Nieto Castillo, que tanto transmisores de dinero como centros cambiarios se introduzcan en las instituciones de crédito y de ahí al Banxico, sin requerir una identificación del cliente. De realizarse, dijo, "estaremos debilitando al Sistema Financiero y no fortaleciéndolo como queremos, lo que se requiere es tener mejores mecanismos de control, mejor identificación de beneficiarios y de los clientes de estos sistemas y, por su puesto, de todo el sistema financiero".

El titular de la UIF expuso que el flujo de dólares debe cuidarse, pues estos pueden estar asociados a actividades delincuenciales, tanto como a las remesas enviadas por ciudadanos mexicanos en el extranjero. Algunos de los delitos más preocupantes para la institución son los relacionados con la trata de personas y hasta el turismo sexual infantil.

"Hay que estar claros que el incumplimiento de las recomendaciones del grupo de acción Financiera Internacional nos puede dar como nalidad o como resultado poder disminuir de nuestro actual estatus de informe de seguimiento intensificado que hemos tenido cuando se rindió el informe de evaluación de GAFI a principios del años 2018 y hay que recordar además que nosotros hemos aceptado la recalificación solamente de siete de las 16 recomendaciones que tenemos en este momento como parcialmente cumplidas o no cumplidas", recordó.

Si las modificaciones del país son contrarias al estándar internacional el GAFI podría reconsiderar a México como una jurisdicción que requiera mayor supervisión y esto "implicaría un impacto económico negativo para el país, qué es lo que necesitamos hacer para evitar esto, fortalecer nuestros mecanismos de protección al lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo".

Las modificaciones a la Ley del Banxico llevará a incumplir las recomendaciones 26, 27 y 35 del GAFI, relacionadas con la regulación y la supervisión.

"Particularmente me preocupa en la recomendación 27 la supervisión, esto implica, de acuerdo con la recomendación 27 de GAFI, la necesidad de tener inspecciones, esto es una facultad con la que cuenta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores", dijo, pero en el caso de que se abra la posibilidad de que el Banxico reciba dólares en efectivo, de alguna forma tendría que estar regulado por la UIF y esto "desde mi punto de vista podría vulnerar la autonomía del banco central cuando ha sido uno de los puntos que el presidente López Obrador ha dejado muy claro de que no debe vulnerar la autonomía del Banco de México".

Sobre a recomendación 35, dijo, implica la posibilidad de sancionar a las instituciones cuando no se cumplan los estándares de protección al sistema financiero frente al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

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