La detención de objetivos prioritarios de Baja California y Sonora, fue ejecutada en un operativo escalonado realizado por elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre, donde destacan los nombres de Sunshine Rodríguez Peña debido a su actividad política, pero en trascendencia delincuencial se encuentran muy por encima los nombres de Juan Luis García Ruiz “La Yegua”, Luis Aldaz y Segundo Valenzuela, del Golfo de Santa Clara.
Tijuana, Baja California, 18 de noviembre (ZETA).- Un demoledor revés a las estructuras criminales dedicadas al tráfico de totoaba, fue asestado por autoridades de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y de la Marina Armada de México, durante los días 10 y 11 de noviembre, donde se detuvo a varios presuntos líderes dedicados a la pesca, distribución y tráfico de totoaba en la zona del Alto Golfo de California.
La magnitud del operativo y los resultados no tienen precedentes, por lo menos no en cuanto al combate a los actos ilícitos que se relacionan con la protección de la totoaba macdonaldi, especie endémica cuyo atractivo para el mercado internacional es la vejiga natatoria, misma que puede venderse entre 4 mil y 8 mil dólares dentro del territorio mexicano, con incrementos exponenciales conforme avanzan los kilómetros y fronteras hasta llegar a China, donde tiene su principal mercado.
Entre los detenidos destaca mediáticamente el nombre de Sunshine Rodríguez Peña, por ser ex presidente de la Confederación de Cooperativas Ribereñas de San Felipe, además de ex candidato a diputado del extinto Partido Municipalista. Sin embargo, su detención podría ser la de menor peso dentro de la lista de presuntos traficantes de totoaba acusados por autoridades federales de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, al medio ambiente y a la biodiversidad.
La baraja destaca a personajes como Juan Luis García Ruiz, conocido como “La Yegua”; Gastón Eduardo Parra Aispuro -hermano de Óscar Parra Aispuro, otro líder del tráfico de totoaba detenido en octubre de 2018 por presuntamente asesinar a un militar-; Segundo Valenzuela, operador del tráfico de totoaba en el Golfo de Santa Clara; Luis Aldaz Valenzuela y su esposa, Carmen Ávila Hernández; Enrique García Sández, ex inspector de la Procuraduría General de Protección al Ambiente (Profepa), baleado en 2019 por elementos de la Secretaría de Marina, asegurando que se dirigían a pescar totoaba.
En la conferencia mañanera del miércoles 11 de noviembre, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó el operativo y aprehensión de supuestos traficantes de totoaba. Las detenciones representan una bocanada de aire al mandatario federal, ante la amenaza de embargo del gobierno norteamericano a productos marítimos extraídos de las costas de Estados Unidos.
EL OPERATIVO
Desde hace meses, autoridades federales proyectaron un operativo en San Felipe para capturar objetivos prioritarios del tráfico de totoaba. Sabían que por la complejidad geográfica, las detenciones debían ser certeras y rápidas para lograr salir de la comunidad lo antes posible, pues podrían quedar atrapados en un conflicto con residentes del puerto.
Sin embargo, todo se originó con la detención de Luis Aldaz Valenzuela, uno de los representantes del sector pescador, el cual sostiene una estrecha relación con Sunshine Rodríguez Peña.
Aldaz Valenzuela fue detenido en Ciudad de México durante gestiones relacionadas con permisos para la pesca deportiva de totoaba ante las autoridades federales.
A raíz de esta detención, se emprendió una serie de operativos en San Felipe, Mexicali y Golfo de Santa Clara, donde detuvieron al resto de los señalados; algunos de ellos fueron aprehendidos en su casa, como Sunshine Rodríguez Peña, mientras que otros en zonas públicas. Todos los operativos se hicieron durante la madrugada.
Vía redes sociales, el hijo del líder de pescadores denunció que los agentes federales lo encañonaron y le exigieron bajar la cabeza para que no observara lo que hacían. Conducta similar a la ocurrida en 2017, cuando elementos federales detuvieron el vehículo donde él viajaba con sus padres. En ese operativo logró recuperar su libertad al cabo de unos días, porque la Fiscalía General de la República no pudo acreditar que cargaba consigo las libras de droga que le imputaban, como tampoco nexos con la delincuencia organizada.
Tanto Gastón Eduardo Parra como “La Yegua” fueron detenidos de la misma forma que Rodríguez Peña, al grado de llegar prácticamente juntos a las instalaciones de la Subdelegación de la FGR en Mexicali, donde posteriormente fueron trasladados al penal de Hermosillo, Sonora, donde permanecen.
La detención de Enrique García Sández, se dio a conocer por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de su cuenta de Twitter, donde expresaron “su preocupación por la irrupción de elementos armados presuntamente autoridades, en varios domicilios de San Felipe, Baja California, incluyendo el de Enrique García Sández, víctima de uso de la fuerza por parte de elementos de la Semar en 2019”.
Hay que recordar que García Sández fue baleado por elementos federales cuando lo observaron subir a la caja de un pick-up, en el que supuestamente llevaba equipo para pesca de totoaba. Autoridades federales atacaron al pescador desarmado, causándole severas lesiones que le causaron daño permanente.
“LA YEGUA” Y SEGUNDO, LOS HOMBRES DE PODER
Juan Luis García Ruiz “La Yegua” tiene muchos años operando actividades ilícitas en el puerto de San Felipe. Inicialmente se encargaba del flujo de cocaína y marihuana en dicha comunidad portuaria; por esas razones, siempre se le vinculó como posible operador o enlace con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, no fue hasta que incursionó en el negocio de la totoaba cuando se expandió su poder económico y corruptor.
Tranquilo, de bajo perfil y muy sobrio en sus decisiones, García dirigió la organización criminal de forma discreta, hasta que su nombre se hizo público como uno de los socios de Óscar Parra Aispuro, conocido como “El Parra” o “El Tekolin”, con quien tuvo varios conflictos debido al exhibicionismo y exposición de este.
El colmo fue cuando se relacionó a “El Tekolín” con el asesinato de un militar, a una cuadra del Malecón de San Felipe, la madrugada del 31 de diciembre de 2016, hecho por el cual fue detenido y actualmente lleva un proceso legal en prisión.
“La Yegua” es probablemente el objetivo más importante del operativo, al controlar la mayoría de los movimientos de venta y distribución de “buche” de totoaba en San Felipe. Se presume que su lugar será ocupado por sus hermanos Jonathan, Paúl y Cristhian René García Ruiz, todos residentes de San Felipe y encargados de la organización financiera e inmobiliaria de una de las estructuras del Cártel del Mar.
Respecto a Segundo Valenzuela, se sabe que reside en Mexicali, pero su actividad criminal recae principalmente en la zona del Alto Golfo de California; su nombre comenzó a tomar notoriedad a raíz de múltiples conflictos entre “bucheros” en esta zona entre Baja California y Sonora, donde en años anteriores se registraron múltiples enfrentamientos.
La madrugada que se detuvo a Óscar Parra Aispuro, conversó con un grupo de agentes ministeriales y estatales, argumentando que el propio Segundo Valenzuela podría ser uno de los interesados en apoderarse de la plaza de San Felipe a raíz de su detención, pues se sabe que cuenta con suficiente poderío armado para enfrentar a agrupaciones delictivas ribereñas.
Según los informes de inteligencia de las Mesas para la Construcción de la Paz, contaba con orden de aprehensión activa por un Juzgado federal de Mexicali.
Valenzuela tenía como transportistas a Nicolás Guadalupe Castillo Verdugo “El Nico” y a Jesús González Flores “El Pecas”, el primero detenido en 2016 en posesión de un cargamento de totoaba, mientras que el segundo fue ejecutado. Ambos residían en Mexicali.
Con estos dos poderosos personajes fuera, podría desencadenarse una pelea por la plaza, donde aparecen los nombres de Rolando Reyna Lizárraga y Marcos Alfonso Pacheco Lares, ambos residentes del puerto y con historial criminal de tráfico en Estados Unidos.
