El 16 de junio, el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, Uriel Villegas Ortiz, fue asesinado junto con su esposa.
Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).–El Senador Ricardo Monreal Ávila dijo esta tarde que es necesaria la figura del “juez sin nombre” para garantizar la seguridad de los que imparten justicia en México.
“El Estado Mexicano tiene la obligación de garantizar la seguridad y la protección de las y los operadores de justicia, no sólo por ser una máxima constitucional, sino por los instrumentos asumidos a través de diversos instrumentos internacionales”, dijo el Senador.
“Reforma será efectiva si la hacemos de la mano del poder judicial. No olvidemos que la constitución consignó, como principio del enjuiciamiento penal y del propio proceso, a la inmediación del juez con las partes, sin embargo, la materialización de este principio implica que el juzgador en todas las audiencias esté frente a los imputados, lo que genera una exposición directa”, agregó.
“En este contexto es necesario que se respalde la función con garantizas reforzadas y que haya una seguridad al impartir justicia. Es impostergable la renovación del sistema de justicia penal mediante la creación de un código penal único. La figura del juez sin nombre, para mantener su anonimato en casos de delincuencia organizadas”, añadió.
El 16 de junio, el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, Uriel Villegas Ortiz, fue asesinado junto con su esposa. El juzgador tuvo a su cargo un proceso penal en contra de Rubén Oseguera, alias “El Menchito“, hijo del que sería el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con medios nacionales, Villegas Ortiz ordenó en marzo de 2018, cuando se desempeñaba como Juez Sexto de Distrito en Procesos Penales en Jalisco, trasladar a “El Menchito” del Penal Federal de Oaxaca al Centro Federal de Readaptación Social 2 Occidente, ubicado en El Salto, Jalisco.
El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y la Secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, condenaron los asesinatos.
