En la etapa represiva del sistema político, sobre todo durante los gobiernos del PRI, era común que la secretaría de Gobernación o la Procuraduría General de la República acusaran de terrorismo a los grupos presuntamente guerrilleros o a líderes sociales que se inconformaban y protestaban bloqueando vías de comunicación o tomando el control de alguna instalación estratégica del país.

Incluso, la PGR contaba con una Unidad Antiterrorista, igual que la que se ocupa de las investigaciones sobre la delincuencia organizada o la que se encarga de investigar secuestros y otros delitos federales graves.

Por menor que fuera el delito, el señalamiento de terrorismo acompañaba al de asociación delictuosa o sedición.

Ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se niega a clasificar como grupos terroristas a los cárteles de la droga, tal como lo propone el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ofrece a México todo el apoyo político, económico y militar para exterminar a los cárteles y así evitar –dijo Trump –que el crimen organizado siga matando en México a cien mil personas por año.

El gobierno de la Cuarta Transformación –que se empeña en su política de abrazos y no balazos y de atender “las causas” con el reparto de dinero público en las zonas pobres, una compra de votos permanente –aduce que no permitirá que Estados Unidos vulnere la soberanía nacional y que el problema de la violencia lo resolverá el Estado mexicano.

Sin embargo, resulta más que evidente que el gobierno federal no puede con el problema de la delincuencia organizada y que la estrategia que sigue es errada, pues no ha dado resultados. Así de simple. Esto, por desgracia, no lo escucha el Presidente.

A un año de gobierno, el crimen organizado ha cobrado 35 mil muertos, algo no visto en un arranque de sexenio. Y no sólo eso: hay estados como Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, entre otros, que están sitiados por los cárteles. Ahí todo huele a muerte.

Después de enfrentar algunos hechos de violencia, el gobernador de Tamaulipas, Daniel Cabeza de Vaca, dijo que ese nivel de criminalidad debería catalogarse como terrorismo: el cártel del Noreste descuartizó a decenas de personas, bloqueó calles, desató balaceras incontrolables y robó vehículos para atacar a sus rivales. El caos privó por dos días en Nuevo Laredo.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que respetaba la opinión del gobernador, pero que no estaba de acuerdo en calificar esos hechos como terrorismo.

En campaña por la reelección, Donald Trump le ofreció ayuda a México: establecer un plan conjunto para atacar y combatir a los cárteles, declarándolos como grupos terroristas. Esto implicaría elevar el nivel de operaciones contra ellos y disponer de mayores apoyos internacionales, muy necesarios por cierto, más aun ahora que las complicaciones económicas se agravan por la crisis que enfrenta el país.

López Obrador alega que defenderá la soberanía nacional, pero olvida que ésta ha sido violada siempre por Estados Unidos: Hay que recordar lo que pasó después del asesinato del agente de la Drug Enforcement Administration (DEA), Enrique Camarena, en 1984: agentes de esa agencia arribaron a México para investigar todo lo que había sucedido y procedieron a detener a los capos implicados en el crimen o, al menos, presionaron al extremo para que el gobierno de México los capturara.

Así cayó Miguel Ángel Félix Gallardo –El capos de Capos --; Ernesto Fonseca Carrillo –Don Neto --; Rafael Caro Quintero, Rubén Zuno Arce, cuñado del ex Presidente Luis Echeverría. Y por si fuera poco secuestraron a Humberto Álvarez Macháin, un doctor de Jalisco que, dijeron, había participado en la tortura contra Camarena luego de su secuestro. Fue llevado a Estados Unidos por agentes de la DEA. Después fue liberado por falta de pruebas. El gobierno de México tuvo que aceptar toda esta humillación, pues en aquel entonces como ahora el crimen organizado operaba con protección del Estado y Washigton marcaba, desde entonces, las reglas.

Y la DEA no ha dejado de operar en México y año con año ha ido ampliando el número de sus agentes, pues tienen oficinas en varios puntos del país que son coordinadas desde la embajada de Estados Unidos en México.

En la captura más espectacular de los últimos tiempos –la de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo –la DEA coordinó todo el operativo. Fueron los agentes norteamericanos los que localizaron al capo en un hotel, donde fue detenido por agentes mexicanos, pero toda la investigación fue realizada por la DEA.

De igual forma ocurrió con la captura de otros capos, como Juan García Ábrego –La Muñeca –jefe del cártel del Golfo en tiempos de Carlos Salinas, detenido en Nuevo León y, también, con el sucesor de éste, Osiel Cárdenas Guillén, aprehendido en Matamoros, Tamaulipas.

El primero fue desterrado de México, aunque se dijo que había sido deportado dado su origen norteamericano: había nacido en La Paloma, Texas; por ello, la DEA se lo llevó en un avión y le impuso dos cadenas perpetuas.

Al segundo lo encarcelaron en el penal de La Palma y en 2003 lo extraditaron a Estados Unidos, donde fue juzgado por crimen organizado y lavado de dinero.

Cuando el general Jesús Gutiérrez Rebollo fue detenido, acusado de proteger a Amado Carrillo Fuentes, la DEA fue la primera agencia en conocer tales vínculos que sorprendieron a propios y extraños. Puso el expediente en el escritorio del procurador General de la República, Jorge Madrazo, y se tuvo que proceder en contra del militar.

La DEA también confirmó, antes que otra dependencia del gobierno mexicano, que Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos y jefe del cártel de Juárez se había operado en la clínica Santa Mónica de la Ciudad de México y que había muerto. Después, la PGR hizo lo propio.

Cuando un grupo de soldados se enfrentó a policías federales en el Llano de la Víbora, en Tlalixcoyan, Veracruz, el 7 de noviembre de 1991, la DEA presentó evidencias de lo sucedido: videos grabados desde un avión de intercepción que sobrevoló el área donde ocurrió el tiroteo. Las autoridades mexicanas concluyeron que la matanza de policías se debió a una confusión. Otras versiones apuntaron a que los militares estaban implicados en el narcotráfico. La tesis de la confusión impidió una confrontación mayor entre civiles y militares.

La DEA opera abiertamente en México y realiza investigaciones sin recato alguno. Antes de los hechos de Culiacán, en octubre pasado, agentes de la DEA visitaron a las autoridades federales y estatales para coordinar el operativo de captura de Ovidio Guzmán, abortado por fallas en su aplicación.

Esto dejó en claro que los agentes norteamericanos planificaron la captura, le otorgaron la información al Ejército y éste implementó el operativo para capturar al hijo de El Chapo Guzmán, quien iba a ser extraditado después.

En una charla que sostuve con José Luis Santiago Vasconcelos en el año 2004, el entonces subprocurador Especializado contra la Delincuencia Organizada de la PGR, me dijo: --Todo viene de Estados Unidos. Ellos realizan las investigaciones y nos las ponen en el escritorio y luego operamos concretar los objetivos. Pero la política antidrogas de México se decide en Washington.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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