De acuerdo con información publicada por el medio estadounidense, el ex funcionario habría recibido 2.8 millones de dólares en presuntos sobornos por la compra de Grupo Fertinal en 2015, los cuales pudieron ser depositados desde un año antes a una empresa fantasma en las Islas Vírgenes Británicas, cuyo control tendría Lozoya Austin.
Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) planea presentar en las próximas semanas cargos de lavado de dinero, soborno y malversación de fondos contra Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), dijo una fuente cercana a la investigación al periódico The Wall Street Journal.
De acuerdo con información publicada por el medio, el ex funcionario habría recibido 2.8 millones de dólares en presuntos sobornos por la compra de Grupo Fertinal en 2015, los cuales pudieron ser depositados desde un año antes a una empresa fantasma en las Islas Vírgenes Británicas, cuyo control tendría Lozoya Austin.
Asimismo, el rotativo estadounidense recordó que las autoridades financieras deben presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), antes de llevar el caso con un juez.
Además, señaló que Fabio Covarrubias, entonces director general de Fertinal, ni Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya, pudieron ser alcanzados en busca de algún comentario sobre el tema.
EMILIO LOZOYA
El ex titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, tiene una orden de aprehensión en su contra por presunta delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita derivados del caso Odebrecht, y otra por la compra-venta de la planta Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA).
“El caso Odebrecht no se limita a Lozoya, quien fue una pieza de esa gran estructura de corrupción [durante el sexenio pasado]. El propietario de la empresa constructora brasileña Marcelo Odebrecht señaló que dieron sobornos [10.5 millones de dólares] y la vía fue Lozoya, el encargado de asuntos internacionales de la campaña presidencial de Peña Nieto”, aseguró el analista político José Fernández Santillán.
El 4 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez de control, las órdenes de aprehensión correspondientes al caso de supuestos sobornos de Odebrecht, en contra de Emilio Lozoya, su esposa Marielle Eckes, su madre Gilda Austin (detenida en Alemania), su hermana Gilda Lozoya y la empresaria Nelly Aguilera.
Asimismo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a Lozoya por 10 años, por omitir cuentas y saldos bancarios en sus declaraciones patrimoniales.
La investigación sobre el caso Odebrecht inició en enero de 2017, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero después de dos años de indagaciones, la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR) –encabezada por Raúl Cervantes Andrade (2016-2017) y Arturo Elías Beltrán (2017-2018)– fue incapaz de judicializar el caso.
La falta de resolución de la entonces Procuraduría es “criticable”, refiere la FGR en un comunicado. Y según Toussaint, si por algo la investigación estuvo tanto tiempo en la congeladora, es por “errores” cometidos al momento de la integración de carpetas, “que no debieron ocurrir y que claramente no está cometiendo la Fiscalía de Gertz Manero”.
Sin embargo, en julio y después de una serie de amparos, la defensa del ex director de Pemex anunció que Lozoya renunció a la suspensión que lo protegía de ser capturado por la Fiscalía.
Poco antes, el 28 de mayo, la FGR también obtuvo una orden de aprehensión en contra del dueño de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, quien fue detenido en España como uno de los responsables de los daños a la Hacienda Pública Federal, por la compra-venta de Pemex de la planta Agro Nitrogenados, a un supuesto sobreprecio de más de 100 millones de dólares.
El próximo 29 de agosto será celebrada una audiencia en el Reclusorio Norte, donde un juez federal decidirá si las autoridades procederán con la extinción de dominio que pesa sobre una de las propiedades de Emilio Lozoya, ubicada en Lomas de Bezares en Cuajimalpa, Estado de México, que habría sido adquirida por 38 millones de pesos en noviembre de 2012, con dinero de procedencia ilícita, de acuerdo con una investigación de Quinto Elemento Lab.
