Hace diez años ya conocíamos las incursiones del crimen organizado en Guanajuato. Sin embargo, eran solo eso: avances, tanteos. Nadie se imaginaba la existencia de cárteles locales, ni siquiera el asentamiento de los provenientes de otros estados.

La mitología urbana de la época hablaba de Guanajuato como un estado tranquilo porque “aquí vivían las familias” de connotados capos de otras latitudes.

Hace siete años, Miguel Márquez nos vendió a los guanajuatenses la idea de un sofisticado sistema de video vigilancia cuyo costo, exorbitante, parecía justificarse por el servicio que brindaría: establecer un blindaje para preservar la paz y la tranquilidad que veía como aumentaba su PIB año con año por la llegada de las inversiones extranjeras y el turismo.

Carlos Zamarripa, Alvar Cabeza de Vaca, Juan Ignacio Martín Solís y el compadre Rafael Barba Vargas (a) El Gallo, cuya presencia nadie se explicaba, acompañaron a Miguel Márquez en un vuelo a Washington, cabildeado por los empresarios de Seguritech, para reunirse con funcionarios norteamericanos que avalarían la funcionalidad del Programa Escudo.

El aval parecía innecesario, pues en la inversión de 2 mil 700 millones de pesos se justificaría solamente de cumplir lo que prometía: cuidar Guanajuato de las incursiones de grupos armados.

La oposición en el Congreso dio su aval; los empresarios alabaron al Gobernador por su iniciativa; los medios de comunicación hablaron con entusiasmo de la sofisticada tecnología que protegería al estado.

Nadie preguntó que hacía en ese avión el Gallo Barba. Nadie lo pregunta aún.

Escudo fracasó. Es más, ni siquiera se sabe si en realidad alguna vez sirvió para algo. Es probable que ni siquiera se haya vendido lo que se ofreció. Fue una operación que estuvo permeada de corrupción desde el principio.

Incluso el entusiasmo con el que lo defendían y promovían los altos funcionarios de seguridad en Guanajuato (en sus primeros años todos los boletines oficiales atribuían cualquier logro a “Escudo”) se enfrió. Al final ya nadie hablaba de él y hoy menos.

Para empezar Seguritech era una pequeña empresa del Estado de México que creció a niveles insospechados de la mano del Gobierno de Enrique Peña Nieto y de complicidades de los gobernadores, como la de Márquez en Guanajuato. Las quejas en contra de sus servicios son recurrentes.

Su experiencia era pobre en materia de seguridad, pero sus contratos fueron multimillonarios. Los gobiernos financiaron su crecimiento en planes de arrendamiento que resultaron grandes negocios financieros.

Las cámaras y los arcos de Escudo nunca tuvieron utilidad alguna, como lo muestra el deterioro de la seguridad acentuado a lo largo de estos siete años. En cambio, los casi 700 millones de pesos anuales que el Gobierno pagó por la renta de equipos inservibles y por un centro de control y comando que solo fue un espejismo para apantallar visitantes, fueron muy reales.

Las complicidades entre Miguel Márquez y Seguritech fueron más allá. En 2014, la descentralizada Guanajuato Puerto Interior, dirigida hasta la fecha por el ex Alcalde panista Luis Quiroz, le vendió a Sky Plus, parte del emporio de Ariel Picker Schatz el dueño de Seguritech, 80 hectáreas aledañas al Aeropuerto de Guanajuato a un precio irrisorio: 156 pesos por metro cuadrado. La operación no hubiera ocurrido sin el beneplácito del mandatario, presidente del Consejo Directivo de GPI.

Pero no solo eso. La Secretaría de Obra Pública, con recursos del estado, le construyó a Sky Plus un acceso que incluye un puente sobre las vías del tren, a un costo de 55 millones de pesos.

El negocio, empero, no parece estar funcionando, paradójicamente a causa de la inseguridad que el programa Escudo de Seguritech iba a mantener a raya. La venta de espacios para naves industriales del sector aeroespacial no despega, lo que de cualquier manera no es obstáculo al beneficio recibido por el inversionista al haber pagado el terreno muy por debajo de su valor de mercado en aquel momento: más de 500 pesos por metro cuadrado.

Sin embargo, cuando se analiza todo el contexto, surge un panorama muy claro de la situación en la que nos encontramos hoy: la inseguridad sirvió como pretexto para negocios de dudosa legalidad y menor moralidad.

Hoy, con perspectiva, podemos ver con claridad que Escudo solo fue un pretexto para un negocio probablemente corrupto, lo que no podrá saberse por que todos sus datos están reservados, por que la oposición ha sido complaciente con la investigación y porque el Gobierno de Diego Sinhue ni en sueños investigará a quien lo hizo Gobernador de Guanajuato.

La situación no se deterioró sola. Guanajuato no prohijó un cartel delincuencial de origen local por obra y gracia del espíritu santo, sino porque quienes lo gobernaban lo permitieron por acción u omisión.

Márquez ni siquiera puede alegar en su defensa que el deterioro fue culpa de la Federación, pues su relación con Enrique Peña Nieto fue tersa y complaciente.

La inseguridad y la violencia no llegaron ni de Marte ni de Jalisco, la propiciaron gobernadores y alcaldes irresponsables que sistemáticamente nos mintieron. La permitió una oposición que nunca los cuestionó y la solapamos medios de comunicación que no investigamos lo suficiente y ciudadanos resignados.

A menos que no deseemos que las cosas mejoren, algo que no puedo creer, es momento de decir: ¡Basta!

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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