De no encontrar cabida en otras dependencias u organismos de seguridad, miles de policías federales se quedarían sin empleo y, en el peor de los casos, pasarían a las filas del crimen organizado, lo que permitiría –quizá– la formación de un nuevo cártel o bien que se reedite, como a finales de los años noventa, el fenómeno Zeta, aquel pernicioso grupo de soldados que fueron enganchados por el Cártel del Golfo, entonces encabezado por Osiel Cárdenas Guillén.

Y es que el conflicto policiaco sigue sin resolverse, pues muchos agentes federales están renuentes a ser parte de la Guardia Nacional, el nuevo proyecto policiaco que, en realidad, es el mismo que fracasó con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en la lucha contra el crimen organizado. Sin que existan revisiones de rigor –exámenes de entorno social, económico, toxicológicos, entre otros– los agentes federales se han pasado a la Guardia Nacional, lo que indica que no existe ninguna diferencia -salvo el cambio de nombre– entre la Policía Federal y la Guardia Nacional.

El riesgo de que miles de policías se pasen al crimen organizado está más que latente. En el país existen catorce cárteles dispuestos a emplearlos como sicarios o bien como pasadores de droga en diversos puntos del país. Así ocurrió en 1997 cuando un numeroso grupo de Gafes desertaron del Ejército mexicano para engrosar las filas del Cártel del Golfo.

Así fue como surgieron Los Zetas, el temible brazo armado de esa organización criminal con asiento en Tamaulipas que, a la postre, se independizó del grupo criminal que los vio nacer para conformarse en un cártel más con amplios dominios en Tamaulipas y en todo el corredor Nuevo León-Coahuila, una de las regiones más violentas del país.

De acuerdo con los expedientes criminales de esa época, Osiel Cárdenas Guillén, quien relevó en el mando del Cártel del Golfo a Juan García Ábrego, solicitó a sus secuaces la conformación de un grupo armado, una suerte de ejército criminal.

Arturo Guzmán Decenas, un militar que estaba al servicio de Osiel Cárdenas, fue el artífice de ese ejército del narco, con lo que por primera vez un cártel competía en el campo criminal con un grupo armado temible, fue la primera vez que hizo su aparición un aparato paramilitar dedicado al narcotráfico.

Guzmán Decenas, se asegura, se encargó de reclutar a los militares para formar parte del grupo armado Los Zetas. Aquello, en realidad, era un ejército de élite, dominaban varias disciplinas y en el Cártel del Golfo se convirtieron en un escuadrón de la muerte: en los lugares donde actuaban generaban verdaderos baños de sangre, pusieron de moda la decapitación, una modalidad de muerte que irrumpió en el escenario criminal sembrando terror. Y no sólo eso: Con el tiempo no les bastó con decapitar y optaron por descuartizar a sus víctimas y exhibirlas en lugares públicos.

Verdaderos escándalos se desataron cuando Los Zetas exhibían a personas sin brazos ni cabeza, sin piernas y con los genitales engullidos en la boca de sus víctimas. También se recuerdan los baños de sangre desatados en bares, cantinas y burdeles.

Con Los Zetas en acción, el crimen organizado se diversificó completamente, pues el tráfico de drogas dejó de ser su actividad principal. Pronto los cárteles pusieron en marcha otras modalidades criminales como la extorsión, la venta de protección, el tráfico humano, el cobro de piso. En su etapa de mayor ascenso Los Zetas controlaron las aduanas del país, por donde cruzaban sus mercancías ilegales –droga, armas y todo tipo de contrabando– y convirtieron en una actividad boyante el secuestro, hasta la fecha, una de las más redituables.

Utilizando como arma el terror y la corrupción, Los Zetas incorporaron a las policías a su servicio. Comandantes y mandos medios de las policías se sumaron al cártel más poderoso de América Latina y de esa forma empezaron a controlar a las estructuras de seguridad. Más tarde se sumaron los alcaldes hasta que también se adentraron en el mundo político lanzando a sus candidatos a puestos de elección popular. Así empezó el control de las decisiones municipales, pues se apoderaron de la obra pública, la que planeaban de acuerdo con sus propios intereses.

Ahora que los elementos de la Policía Federal están dispersos, sobre todo los que han rechazado incorporarse a la Guardia Nacional, nadie garantiza que el fenómeno Zeta no pueda repetirse. Están las condiciones dadas para que un nuevo cártel surja con los policías desertores o bien ocurra que algunos de los cárteles establecidos, sobre todo los más poderosos, como el Cártel de Sinaloa o el de Jalisco, los incorpore a sus filas y los utilice como sicarios.

De ahí que sea sumamente necesario que el Gobierno federal procure emplear a los agentes que no quieran estar en la Guardia Nacional, pues de otra manera estaría generando mayores condiciones para que estos agentes se pasen al crimen organizado.

Este riesgo se cristalizó en los años noventa con la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad, la policía política del régimen priista. Cuando la DFS fue disuelta cientos de agentes se pasaron al narcotráfico, algunos de ellos ya formaban parte del crimen, pero las condiciones fueron más que favorables para ellos cuando el Gobierno de entonces no les generó las alterativas laborales. Simplemente fueron lanzados a la calle.

Algunos, los más decentes, se emplearon en empresas de seguridad privada, otros se dedicaron al espionaje, arte que dominaban por completo y  por ello vendían ese servicio a empresarios y políticos. Las tarifas que cobraban oscilaban entre los 70 mil y 100 mil pesos por mantener durante cierto tiempo intervenidos los teléfonos de diversas personas. Otros grupos de esos ex agentes se dedicaron al secuestro hasta convertir esa actividad criminal en una de las más redituables.

El Gobierno y la sociedad en general pagaron muy caro la decisión de no crear alternativas de empleo para aquellos policías que terminaron empleados por la delincuencia organizada.

La Guardia Nacional es, sin duda, una corporación que empieza sus tareas en medio de una verdadera convulsión nacional por la oleada de violencia que azota al país. Se necesita que el Gobierno combata a los cárteles y los debilite primero en sus finanzas, pues de otra manera será imposible destroncar a los grupos criminales que operan en el país.

Al asumir la Presidencia de la República, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió un país con catorce cárteles. Los más temibles son Sinaloa -actualmente dividido en cuatro bloques– el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y Los Zetas. Pero debido a la diversificación de actividades la violencia sigue elevada y la Guardia Nacional todavía no puede poner en orden el territorio.

La pacificación del país es una urgencia nacional. De otra forma, los capitales internacionales no llegarán, como se desea, pues los riesgos son muy elevados en un país con intensa actividad criminal. El territorio nacional, sin embargo, es todavía un espacio verdaderamente paradisiaco para la delincuencia internacional porque los niveles de impunidad que existen les favorecen debido a que las leyes no se aplican con el rigor debido.

Recientemente se acaba de aprobar la Ley de Extinción de Dominio con la que, se presume, le quieren quitar los capitales al crimen organizado. Puede ser que esta ley ahora sí tenga los dientes muy filosos, sin embargo, su éxito dependerá de que las autoridades la apliquen con todo el rigor debido, de otro modo, será más de lo mismo.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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