Por unanimidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el priista y su ex gabinete sí pueden ser sujetos de investigación, pero que no se puede proceder ministerialmente en ilícitos del orden federal, o en ejercicio de sus funciones como titular del Ejecutivo Federal.
Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó que la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua investigue al ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto y a todo su gabinete, siempre y cuando, no se trate de delitos de índole federal.
Por unanimidad, la Segunda Sala de la Corte determinó que el priista y su ex gabinete sí pueden ser sujetos de investigación, pero que no se puede proceder ministerialmente en ilícitos del orden federal, o en ejercicio de sus funciones como titular del Ejecutivo Federal.
De acuerdo con información publicada por medios nacionales, retiró la suspensión que impedía al Gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral Jurado, indagar su probable participación en delitos del fuero común.
Asimismo, reportaron que la resolución pertenece al proyecto presentado por el Ministro Javier Laynez Potisek, la cual fue emitida en el recurso de reclamación presentado por la Fiscalía de Chihuahua contra la suspensión concedida a favor del ex mandatario y de su gabinete por Eduardo Medina Mora en octubre de 2018.
A finales de octubre de 2018, cuando Peña Nieto casi terminaba su sexenio, un Ministro de la SCJN suspendió cualquier investigación o imputación penal de la Fiscalía de Chihuahua contra el entonces Presidente, por el caso del presunto desvío de 250 millones de pesos para favorecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la campaña presidencial de 2012, en la que el político mexiquense resultó ganador, informó entonces el periódico Reforma.
El acuerdo planteó: “Se otorgó la suspensión en contra de los actos de investigación y procesamiento, ya que de no suspenderse se podría generar una situación grave de impunidad generalizada al no tener certeza de cuáles son los fiscales y jueces competentes para procesar las investigaciones en contra de los funcionarios federales”.
También expuso: “La suspensión concedida no prejuzga sobre la constitucionalidad de las normas y actos reclamados, ni sobre la probable responsabilidad de los servidores públicos que pudieran encontrarse, en su caso, sujetos a investigación o proceso”.
Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha echado por tierra la decisión de octubre de 2018, y tanto Peña como quienes estuvieron en su Gabinete podrán ser investigados por la Fiscalía de Chihuahua.
AMPARAN A EPN Y SU GABINETE
El pasado 29 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió de manera indefinida cualquier investigación y procesamiento por parte del Gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral, en contra del Presidente Enrique Peña Nieto y cualquier miembro de su Gabinete.
“Se otorgó la suspensión en contra de los actos de investigación y procesamiento, ya que de no suspenderse se podría generar una situación grave de impunidad generalizada, al no tener certeza de cuáles son los fiscales y jueces competentes para procesar las investigaciones en contra de los funcionarios federales”, detalló el máximo órgano judicial en un comunicado.
Un Ministro admitió a trámite una impugnación presentada por el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, quien demandó protección contra las investigaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información y de colaboración, citatorios existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.
“Siguiendo los precedentes del Tribunal Pleno en la materia, se dio admisión, ya que se plantea una invasión a la esfera competencial de la Federación, consistente en determinar si los funcionarios federales pueden ser sujetos a procesos penales del orden local, La admisión no prejuzga sobre si lo que se ha demandado es o no inconstitucional”, precisó.
Asimismo, la SCJN informó que hasta el momento no se tiene conocimiento de quienes podrían ser los funcionarios federales que son investigados por el Gobierno de Chihuahua, datos que se podrían revelar cuando reciba las constancias correspondientes.
“La suspensión concedida no prejuzga sobre la constitucionalidad de las normas y actos reclamados, ni sobre la probable responsabilidad de los servidores públicos que pudieran encontrarse, en su caso, sujetos a investigación o proceso. Esta medida cautelar únicamente suspende las investigaciones y procesos hasta en tanto se determina por esta Suprema Corte si las conductas delictivas que pretenden investigar y perseguir las autoridades de Chihuahua deben ser conocidas por las autoridades federales o autoridades locales”, puntualizó.
La controversia constitucional será resuelta por el Tribunal Pleno después de agotarse la instrucción, en la que las partes presentarán sus argumentos e informes correspondientes.
EL RECURSO DE RECLAMACIÓN DE CHIHUAHUA
El Gobierno de Chihuahua informó en ese momento que presentaría un Recurso de Reclamación en contra de la admisión de la Controversia Constitucional promovida por la Presidencia de la República en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la “que buscan suspender cualquier acción legal en contra del Presidente Enrique Peña Nieto”.
Jorge Espinoza Cortés, Consejero Jurídico del Ejecutivo de Chihuahua, aclaró que se interpondrá dicho recurso porque no están de acuerdo en que se haya dado trámite a dicha controversia, “cuando ésta no reunía los elementos jurídicos necesarios para que fuese admitida”.
En un comunicado, rechazó que se haya dado la suspensión a cualquier acto legal que el Gobierno de Javier Corral emprenda, pues, consideró, se trata de una admisión que deberá ser revisada en su momento por el Pleno de la SCJN.
A su vez, Espinoza Cortés explicó que el objetivo de la reclamación es busca la suspensión del Acuerdo admisorio de la Controversia Constitucional, para que no surta los efectos que busca el Gobierno federal.
“Con esta acción jurídica promovida por la Consejería Jurídica del Gobierno de Peña Nieto, buscan darle un blindaje y protección contra cualquier acción judicial o ministerial, durante, o al término de su mandato al frente del Ejecutivo”, reiteró.
PEÑA BUSCA AMPARO EN LA SCJN
El Presidente Enrique Peña Nieto y su Gabinete presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso para intentar blindarse ante las investigaciones del Gobierno de Chihuahua en su contra.
El periódico Reforma publicó el pasado 17 de octubre que fue la Consejería Jurídica de la Presidencia quien el pasado 11 de octubre presentó una controversia Constitucional para reclamar posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas contra funcionarios federales por parte de las autoridades de esa entidad.
“La solicitud y emisión de órdenes de aprehensión existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”, es uno de los actos reclamados, de acuerdo con Reforma.
Se trata de la primera demanda que el Ejecutivo Federal presenta de este tipo, agregó el medio, y detalló que los actos reclamados se imputan al Gobernador Corral, a la Fiscalía General de Chihuahua y al Poder Judicial local.
Javier Corral ha expresado su confianza porque el el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador logre la extradición de César Duarte y ha informado que en diciembre, cuando AMLO haya iniciado funciones, presentará un paquete de denuncias en contra del ex Gobernador quien se encuentra prófugo.
