En Venezuela asistimos a una operación política de intervención a gran escala. Con el pretexto de introducir “ayuda humanitaria”, el pasado 23 de febrero se montó un operativo mediático en los puentes fronterizos que conectan Venezuela con Colombia, con el que supuestamente se pretendía introducir alimentos y medicinas a  la población necesitada tras años de crisis en esa nación.

De antemano se sabía que el operativo para introducir la supuesta ayuda humanitaria iba a fracasar porque el gobierno “receptor” no reconoce esa crisis y porque los que quieren introducir la ayuda en realidad son una coalición de intereses que tienen como propósito deponer al régimen que ahora gobierna en Venezuela, el chavista Nicolás Maduro, para imponer al autoproclamado Juan Guaidó, quien es un personero del Gobierno de Estados Unidos en toda esta trama.

Es importante subrayar que el operativo para introducir ayuda humanitaria a Venezuela es una iniciativa del Gobierno de Estados Unidos y aliados, que no cuenta con el respaldo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ni del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Es sencillo sacar conclusiones: la operación que vimos el fin de semana del 22 al 24 de febrero en los límites fronterizos de Venezuela con Colombia, Brasil y Curazao no fue el afán desinteresado de introducir ayuda humanitaria a quienes lo necesitan, sino el montaje de una operación política cuyo objetivo central consiste en un cambio de régimen: sustituir a un Gobierno que no responde a la órbita de los intereses de Estados Unidos, por otro que orbite en esos intereses.

De modo más directo. No se trata de una batalla por si se permite ingresar o no ayuda humanitaria. No. En Venezuela asistimos a una guerra por los recursos.

Para empezar a entender de qué va la cosa conviene saber que Venezuela es el país que posee las mayores reservas de petróleo del mundo, con más de 300 mil millones de barriles en reservas probadas, por encima de Arabia Saudita, Canadá, Irán, Iraq, Kuwait y todas las demás naciones que encabezaron la lista en los pasados 20 años, según datos del Worl Factbook, de la CIA. Solo para comparar el volumen de esta riqueza, México tiene poco más del 2 por ciento de las reservas de petróleo de Venezuela. Y en gas natural, Venezuela aparece en el séptimo lugar en reservas probadas de este recurso, según la misma fuente de la CIA.

Además de tener las mayores reservas petroleras, una de las más importantes reservas gasíferas, Venezuela tiene importantes reservas de bienes minerales, biodiversidad y agua, que son bienes codiciados por las potencias dominantes en el actual sistema-mundo capitalista.

Venezuela no es sólo un régimen político discordante con las notas que se tocan desde Washington. Venezuela es una de las joyas de la corona de los recursos energéticos, minerales e hídricos de América y el mundo. Por estas razones se convierte en un objetivo y, eventualmente, en una presa de la potencia que pretende mantener su dominio en este continente y en el mundo.

Hace casi 20 años, Michael T. Klare, académico estadounidense escribió el libro Guerra por los recursos. El futuro escenario del conflicto global (Ediciones Urano, 2003), un ensayo donde repasa los recursos esenciales para el funcionamiento de la economía capitalista global y cómo las naciones que albergan dichos recursos son susceptibles de padecer conflictos e invasiones de las potencias mundiales: “en la medida en que las grandes potencias identifican el acceso al petróleo con su interés nacional, aumenta el riesgo de escalada de los conflictos locales hasta convertirlos en conflagraciones regionales de mayores dimensiones (…) el agua es también susceptible de desencadenar contiendas en las zonas de abastecimiento escaso y disputado (…) otros conflictos se incuban en relación con los minerales, las piedras preciosas y la madera de construcción”. Esta definición de los conflictos globales de Michael T. Klare se ajusta a lo que ocurre ahora mismo en Venezuela.

El trasfondo de la guerra por los recursos permite entender mejor lo que ocurrió el pasado fin de semana. La tensión política que se vivió el 22 de febrero con el concierto Venezuela Aid y el 23 de febrero con la puesta en escena de la entrada de ayuda humanitaria por cruces fronterizos de Venezuela con Colombia y Brasil forma parte de un guión escrito hace tiempo en las oficinas del Departamento de Estado, la CIA y el Pentágono en Estados Unidos.

El punto de partida para entender el actual conflicto político que amenaza la soberanía de Venezuela y podría marcar de forma indeleble a América Latina para las próximas décadas, es que esta nación sudamericana rompió con la hegemonía de Estados Unidos con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de ese país en 1999.

Con la presidencia de este militar nacionalista se rompió con décadas de un sistema político controlado por la corrupta partidocracia tradicional y que sacó a Venezuela de la órbita de influencia de Estados Unidos. El primer periodo del chavismo supuso un cambio radical en la distribución de la renta petrolera y un giro en la geopolítica de Sudamérica.

Junto a Chávez, se eligieron gobiernos de izquierda o progresistas en Brasil, Bolivia, Ecuador, Argentina y Uruguay que cambiaron la faz política de Sudamérica en la primera década del siglo XXI. Fue el fin de ciclo de los gobiernos neoliberales.

Con la correlación de fuerzas a su favor, los gobiernos progresistas desmontaron el proyecto de Estados Unidos para el continente de la Alianza de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en 1994 y que quedó sepultada en la IV Cumbre de las Américas en Mar de Plata en 2005, con un papel protagónico de Hugo Chávez. En este giro geopolítico, las naciones sudamericanas impulsaron proyectos como Mercosur, Unasur, un banco regional y un proyecto de infraestructuras. Eso marcó el punto más débil de la hegemonía de Estados Unidos en la región, salvada por la estrecha relación que la potencia hegemónica del norte mantenía con Colombia.

Se puede suponer que desde la asunción de Hugo Chávez, las agencias de política externa de Estados Unidos comenzaron a diseñar planes para debilitarlo y suplantarlo. El primer plan ambicioso ocurrió con el intento de golpe de Estado de 2002, del que Chávez salió librado y fortalecido. Pero Estados Unidos no cejó en los intentos, como se comprueba con las ayudas legales e ilegales que ha dispensado por 20 años a la oposición chavista, la derecha venezolana.

Tras la muerte de Chávez en marzo de 2013, asumió la Presidencia Nicolás Maduro que además de enfrentar las movilizaciones de la oposición ha lidiado con las maniobras de Estados Unidos para debilitarlo, deponerlo y aislarlo internacionalmente. Entre estas maniobras se encuentran las sanciones económicas decretadas por el Gobierno de Estados Unidos que tienen el propósito deliberado de colapsar la economía venezolana, como ha admitido recientemente un funcionario del Departamento de Estado.

Pero además de las oleadas de protestas y movilizaciones impulsadas por la derecha venezolana y por las maniobras del Gobierno de Estados Unidos, el Gobierno de Maduro tiene qué hacerse responsable de sus propios errores y contradicciones al apostar por mantener su modelo de explotación de la renta petrolera para financiar una red clientelar mediante programas sociales; la apuesta por el extractivismo minero y de otros bienes comunes en el proyecto Arco Minero del Orinoco (AMO) entregando 112 mil kilómetros cuadrados para la explotación del territorio a China, Rusia, Canadá y Estados Unidos, lo que ha lastimado y generado protestas y resistencias de al menos 32 pueblos indígenas venezolanos.

La suma de protestas internas, las maniobras de Estados Unidos, y los errores internos del chavismo han creado una crisis de grandes dimensiones en Venezuela.

Aprovechando esta crisis, la derecha venezolana y los intereses estadounidenses diseñaron una estrategia de intervención que marcaron el 23 de febrero como día clave para deslegitimar al Gobierno de Maduro.

Todo indica que en la estrategia de Washington y sus aliados de Colombia y Brasil, moviendo la figura de Guaidó, esperaban que en el intento de ingresar ayuda humanitaria el 23 de febrero, se movilizaran masas del lado venezolano y que se dieran grandes deserciones de militares o alzamientos del ejército, lo que no ocurrió. El supuesto día “D” de la estrategia intervencionista se saldó con el fallecimiento de cuatro personas, cientos de heridos y con las fotos de un par de camiones con supuesta ayuda humanitaria incendiados en un puente fronterizo y con unos 200 militares venezolanos que desertaron a Colombia.

Ante este fallido día “D”, la estrategia ahora consiste en seguir presionando para crear conflictos en la frontera y probablemente un intento de regreso público de Guaidó a la frontera para crear el conflicto y entonces justificar el uso de una fuerza multinacional para proteger al Presidente reconocido por Estados Unidos.

De lo que no hay duda es que el Gobierno de Estados Unidos, sus aliados de la derecha venezolana y de los gobiernos derechistas de Sudamérica seguirán intentando crear el escenario de conflicto y crisis que permita justificar la intervención en Venezuela para conseguir el objetivo estratégico de poner a un gobierno afín a los intereses estadounidenses.

En este tablero de intereses internos, regionales y globales, como siempre pierden los más pobres, los de abajo. El conflicto venezolano se quiere hacer ver como una sola confrontación entre chavismo y derecha apoyada por Estados Unidos y aliados.

Sin embargo, dentro de Venezuela existen posiciones políticas que cuestionan a uno y otro, como los pueblos originaros que sufrieron antes del chavismo y ahora. Una de estas posiciones políticas que no quieren verse atrapadas en la polarización chavismo vs antichavismo son los representantes de los pueblos originarios que padecen por igual las consecuencias del despojo, modelos extractivos y la violencia que les acompaña.

Una de estas voces es la de José Ángel Quintero Weir, indígena añuu de la región del lago de Maracaibo, quien cuenta que en Venezuela son  34 pueblos indígenas que “se encuentran amenazados en sus territorios y existencia por los proyectos extractivos de exploración minera, petrolera, gasífera y de oro (y otros minerales) que se están explotando en territorios indígenas” .

El dirigente e intelectual indígena cuenta que estos proyectos extractivos son los que han afectado la producción agrícola y campesina lo que produce crisis de hambre Venezuela, más allá del bloqueo estadounidense. Y señala: “El Estado venezolano ha dirigido su esfuerzo en la producción extractiva, petrolera y minera, a cambio de obtener divisas para desarrollar programas sociales”.

Quintero Weir cuenta que “La crisis de los precios del petróleo y de la producción petrolera venezolana ha generado una falta de recursos a falta de la producción agrícola  puesto que fueron dañadas las tierras de producción agrícola, y eso ha generado el hambre. Eso, además, ha sido incentivado por una lucha política interna por el poder tanto por las fuerzas que tienen el poder en este instante, como por las fuerzas que se le oponen para derribarlo, incluyendo por supuesto la presión del imperialismo norteamericano”.

A fin de contrarrestar la caída de los ingresos petroleros, Hugo Chávez presentó como el “plan de la patria” la explotación de los territorios del llamado Arco Minero del Orinoco (AMO) con la creación de Regiones Económicas Especiales (REE) [equivalentes a las Zonas Económicas Especiales del Gobierno mexicano] mediante las cuales entregó concesiones de explotación de los recursos petroleros, gasíferos, mineros, maderables, hídricos, etc. a corporaciones de China, Rusia, Canadá y Estados Unidos, en un territorio de 112 mil kilómetros cuadrados.

“El AMO”, dice Quintero Weir, “es un proyecto que el Gobierno ha entregado a corporaciones chinas, rusas, canadienses, y norteamericanas en función de explotar las minas de oro, coltán, litio, bauxita y otros minerales para obtener, como antes con el petróleo, las divisas de las explotación de esas minas, dañando de manera permanente el territorio de al menos 32 pueblos indígenas ocupan la región de los estados de Bolivar y Amazonas”.

El proyecto de las Regiones Económicas Especiales, cuyos territorios se extienden por el Orinoco y la amazonía venezolana, a su vez “forman parte de un gran programa de reordenamiento territorial del mundo”, explica con claridad Quintero Weir. “Las grandes corporaciones, los grandes capitalistas mundiales decidieron reordenar el mundo: qué va a producir del mundo, dónde vamos a instalar y dónde vamos a invertir en cada región. La región del Amazonas y amazonía fue redefinida para la explotación de biodiversidad, de minerales y de agua, no se olviden de esa vaina…”.

“No nos olvidemos de esta vaina”, nos dice Quintero Weir. De esto va la intervención de Estados Unidos en Venezuela. De la burda y vulgar guerra por recursos, de las dinámicas de acumulación de capital que chorrean sangre y muerte, de los conflictos de intereses políticos que ponen en medio y en último lugar la vida y los cuerpos de los de abajo.

En Venezuela se juega una guerra por recursos que libran intereses imperiales, intereses capitalistas e intereses políticos locales. Más allá de la polarización chavismo vs derecha-imperialismo, se debe estar del lado de la sociedad y los pueblos que han padecido esta confrontación, los pueblos que buscan preservar sus formas autónomas de reproducción de la vida.

Rubén Martín

https://www.sinembargo.mx/author/ruben-martin/

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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