El 29 de octubre, la Suprema Corte suspendió de manera indefinida cualquier investigación y procesamiento por parte del Gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral, en contra del Presidente Enrique Peña Nieto y cualquier miembro de su Gabinete.
Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la petición que hizo el Gobierno de Chihuahua para sacar a Eduardo Medina Mora, ministro mexicano, de la controversia constitucional contra el Ejecutivo federal.
En la controversia, el Ejecutivo impugnó posibles investigaciones penales de Chihuahua contra funcionarios federales, las cuales vendrían derivadas del ex secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Gutiérrez.
El Gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral Jurado, indicó que Medina Mora tiene una "íntima amistad" con Peña Nieto, pues fue su empleado en varios cargos.
"Es improcedente el impedimento planteado por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, por conducto del Titular de la Consejería Jurídica del Gobierno, en la controversia constitucional 183/2018 y, por ende, debe desecharse de plano", respondió la Corte.
El 29 de octubre, la Suprema Corte suspendió de manera indefinida cualquier investigación y procesamiento por parte del Gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral, en contra del Presidente Enrique Peña Nieto y cualquier miembro de su Gabinete.
“Se otorgó la suspensión en contra de los actos de investigación y procesamiento, ya que de no suspenderse se podría generar una situación grave de impunidad generalizada, al no tener certeza de cuáles son los fiscales y jueces competentes para procesar las investigaciones en contra de los funcionarios federales”, detalló el máximo órgano judicial en un comunicado.
Un Ministro admitió a trámite una impugnación presentada por el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, quien demandó protección contra las investigaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información y de colaboración, citatorios existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.
