La CDHDF emitió hoy la Recomendación 1/2018 donde pide, entre otras cosas, investigar a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública capitalinas que hayan obstruido la justicia en el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, encontrada sin vida en la UNAM en mayo de 2017; también exige a las autoridades una disculpa pública para sus familiares por “manchar su memoria y dignidad” al sugerir que se suicidó.
La defensa legal de la familia de la joven espera que las autoridades adopten la Recomendación, y que las observaciones a las tres dependencias sean consideradas por el grupo multidisciplinario que analiza la implementación de la Alerta de Violencia de Género en la capital, pues muestran “la cadena de impunidad” en los casos de feminicidio.
Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).- A un día de que se cumpla un año del supuesto feminicidio de Lesvy Rivera Osorio en Ciudad Universitaria, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) recomendó a la Procuraduría General de Justicia (PGJCdMx), al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-CdMx) capitalinas disculparse públicamente por obstruir el acceso a la justicia de la joven.
El órgano exigió también indemnizar a su familia e investigar a los funcionarios de las tres dependencias que violentaron la memoria de la estudiante de 22 años al sugerir que ella fue la culpable de su muerte.
Hoy la CDHDF emitió la Recomendación 1/2018 dirigida a quienes no atendieron el crimen con perspectiva de género y también solicita actualizar el protocolo de investigación de feminicidio desde una perspectiva de derechos humanos y la guía para realizar necropsias en esos casos.
Aunque la familia de la joven y su defensa legal esperaban la recomendación desde hace un año, en conferencia, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), reconoció que sí sienta un precedente “para romper la cadena de impunidad” que caracteriza a los casos de violencia de género y feminicidio en la Ciudad de México y pone en la mira a las autoridades.
Desde hoy, la Procuraduría capitalina, el Tribunal Superior y la Secretaría de Seguridad Pública tienen un plazo de 15 días para aceptar los puntos de la recomendación. Y aunque el organismo defensor de los derechos humanos no establece un lapso de tiempo para que las autoridades adopten las medidas, la mamá de Lesvy, Araceli Rivera Osorio, llamó a que éstas se apliquen de forma urgente.
Lesvy fue encontrada estrangulada, con marcas de violencia y el cable de una cabina telefónica atado a su cuello, el pasado 3 de mayo en el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Aunque la evidencia apuntaba a que fue víctima de un feminicidio cometido por su novio, Jorge Luis González Hernández, un ex trabajador de la UNAM, la PGJCdMx defendió la versión que ella se suicidó, lo que indignó a la comunidad universitaria, a su familia y desembocó en una lucha por justicia que continúa hasta ahora.
DERECHOS VIOLENTADOS
Los derechos que las autoridades de la Ciudad de México violentaron fueron el de la integridad personal, a la memoria, la intimidad y la vida privada de Lesvy, el derecho al debido proceso en la investigación, así como el de acceso a la justicia y la verdad para su familia, afirmó hoy en conferencia la Presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez Hernández.
La CDHDF culpa a la SSP-CdMx de no resguardar de inmediato el lugar donde la joven fue encontrada, lo que causó que se perdiera información de contexto importante para esclarecer los hechos.
El Cuarto visitador de la CDHDF, Juan Carlos Arjona Estevez, denunció al Ministerio Público de la PGJ-CdMx por realizar peritajes “exclusivamente con el propósito de culpabilizar a la víctima y revictimizar a sus familiares”. También porque los peritos omitieron datos y registraron información errónea. “Por la negligencia de las autoridades ministeriales, las víctimas han visto prolongarse su acceso a la justicia”, sentenció.
Además, el funcionario recordó que la PGJ-CdMx tardó más de 11 meses en trasladar el caso a la Agencia Especializada de Feminicidios, aún cuando legalmente están obligados a investigar todas las muertes de mujeres como feminicidio y negó por más de dos meses el acceso a la carpeta de investigación a los familiares de la joven.
Precisó que la instancia obstruyó el acceso a la justicia por no aplicar el Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial para dicho delito, ni analizar la violencia que el novio de Lesvy ejerció contra ella durante su relación y previo a su muerte.
La memoria y dignidad de Lesvy, señaló la CDHDF, fue violentada porque la PGJCdMx difundió, en su cuenta de Twitter, y filtró, a los medios, imágenes del cuerpo de la víctima y datos personales que la criminalizaron, como decir que no estudiaba y consumía drogas.
Las omisiones del Ministerio Público causaron que el juez de control Christian Ricardo Franco Reyes vinculara a proceso, a la pareja de la joven, en julio de 2017, por el delito de homicidio por omisión, acusado de no impedir un supuesto suicidio. El TSJCdMx, precisó el organismo, también es responsable por no interpretar las pruebas con perspectiva de género.
La Recomendación es importante no sólo porque evidencia las omisiones de las autoridades capitalinas, sino porque reconoce como víctimas indirectas a los familiares de Lesvy y “a las mujeres que habitan y transitan en la CdMx”, quienes también se enfrentan a trabas en el sistema de justicia cuando denuncian violaciones a sus derechos, señaló Arjona Estevez.
Tan sólo de 2014 al 2017 en la Ciudad de México, se han asesinado a 657 mujeres y sólo se han logrado investigar 195 casos, de acuerdo con datos del OCNF. “A pesar de tener un marco normativo las autoridades no lo implementan”, afirmó Luz Estrada en conferencia.
En entrevista con SinEmbargo la coordinadora del OCNF opinó que hubieran preferido que la CDHDF emitieran antes la Recomendación, pues la dependencia inició una investigación de oficio desde el 5 de mayo de 2017, pero resaltó que, a diferencia de las última sugerencia por femicidios del organismo, por el caso Narvarte –donde fueron asesinadas una defensora de los derechos humanos, otras tres mujeres y el fotoperiodista Rubén Espinosa–, ésta va más allá al exigir reparación del daño y sanciones a funcionarios.
Otras peticiones de la CDHDF son que la familia Rivera Osorio reciba atención médico-psicológica especializada; que el TSJ, la SSP y la PGJ capitalinas supervisen y evalúen la preservación de evidencia y el resguardo de los lugares del crimen; así como contar con información para determinar qué tan efectivos son la policía y el personal ministerial en las investigaciones de violencia contra las mujeres.
Actualmente el caso continúa en la etapa intermedia, donde tanto los defensores de Jorge Luis González y las abogadas de Lesvy deben aportar pruebas ante un juez del Tribunal Superior de Justicia de la capital.
Es a casi un año del incidente que las exigencias por justicia de organizaciones estudiantes parecen dar frutos, pues en la última audiencia del caso, el pasado 9 de abril, la Procuraduría capitalina informó que desechó la teoría del suicidio y buscará culpar al novio de Lesvy de feminicidio con base en la evidencia que ha recabado.
