"En México se invierten muchos más recursos económicos, humanos y de investigación en indagar la vida de la víctima para querer encontrar una justificación para decir que por eso se dio el delito. Se invierten los papeles porque no se busca la identificación del responsable. En ese sentido es un caso muy emblemático", afirmó a Acan-Efe la representante del Centro de Derechos Humanos de la Mujer en Chihuahua, Ruth Fierro.
San José, 27 de abril (EFE).- El caso de tres desapariciones forzadas a manos de aparentes militares durante la lucha contra el narcotráfico en México, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), busca darle un rostro a las miles de víctimas en ese país, dijeron hoy familiares y defensores de derechos humanos.
Datos citados este viernes por la representación de las supuestas víctimas indican que en México hay un total de 35 mil desaparecidos, muchos de ellos con similitudes de criminalización de los afectados, al igual que el caso visto por la Corte IDH en una audiencia de dos días que concluyó hoy.
Según la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este es el primer caso en cuanto a la desaparición forzada en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en México.
Los hechos se relacionan con la alegada desaparición forzada de los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, por parte de agentes estatales en el Estado de Chihuahua, desde el 29 de diciembre de 2009.
Las desapariciones tuvieron lugar en el marco de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua, en el cual el Ejército, además de realizar labores de seguridad, desempeñaba tareas de investigación criminal.
"En México se invierten muchos más recursos económicos, humanos y de investigación en indagar la vida de la víctima para querer encontrar una justificación para decir que por eso se dio el delito. Se invierten los papeles porque no se busca la identificación del responsable. En ese sentido es un caso muy emblemático", afirmó a Acan-Efe la representante del Centro de Derechos Humanos de la Mujer en Chihuahua, Ruth Fierro.
Según la parte representante de las víctimas, en este caso así como en otros, hay una falta de garantías para denunciar con libertad y protección las desapariciones, se da una demora injustificada de diligencias básicas, ausencia de búsqueda en vida y permanece la impunidad.
La hermana de una de las desaparecidas, María Jesús Alvarado Espinoza, explicó en entrevista con Efe que mantiene la lucha tras ocho años desde los hechos para darle voz a esas familias de desaparecidos que buscan justicia.
"Este caso es una prueba de la lucha fallida el Presidente Felipe Calderón en el 2008 en el Operativo Chihuahua. Este caso viene a dar voz a miles de familias, a los 35 mil desaparecidos que hay en todo México, es ponerle rostro a todos los desaparecidos", destacó Alvarado.
Agregó que "la desaparición forzada existe y como tal se tiene que reconocer ese delito. Es un problema grave y esto es algo que permanentemente vivimos".
Según la misma Comisión Interamericana, esta problemática ha venido en aumento en los últimos años y ha merecido pronunciamientos, recomendaciones y expresiones de preocupación por parte de organismos internacionales.
Hasta el momento, los familiares desconocen el paradero de las tres víctimas desaparecidas. Ellos habrían sido privados de libertad por parte de un grupo de entre ocho y diez personas que portaban armas largas y vestían uniformes militares.
La representación del Estado mexicano manifestó este viernes ante la Corte Interamericana en los alegatos finales que el crimen organizado, en ocasiones, utiliza uniformes iguales o similares a los de agentes estatales, por lo cual no se puede determinar que participaran en la desaparición forzada.
"El Estado no pretende poner en duda la desaparición de esas tres víctimas ni el dolor que los hechos han causado, sin embargo, el Estado considera que la desaparición no es atribuible en tanto que no existen elementos suficientes para confirmar que esta fue perpetrada por agentes estatales", afirmó el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alejandro Alday.
Tras esta audiencia las partes tienen un mes para presentar los alegatos finales por escrito y a partir de allí los jueces estudiarán la posibilidad de dictar una sentencia, para lo cual no tienen plazo límite.
