La firma de abogados Del Toro Carazo dio por concluida la representación jurídica que hacía del ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, aunque no aclaró los motivos de la decisión.
Los abogados señalaron que dejan una defensa "jurídicamente sólida”, por lo que consideran que las personas que se hagan cargo del caso podrán actuar en favor del ex Gobernador. Añadieron que las acusaciones de la Procuraduría General de la República "son de una fragilidad tal que no deben resistir un debido proceso penal”.
Ciudad de México, 15 de marzo, (SinEmbargo).- La firma de abogados Del Toro Carazo dio por concluida la representación jurídica que hacía del ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, acusado de operación con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.
Del Toro Carazo no hizo pública la causa del abandono de la defensa por ser “parte del secreto profesional”. Aunque especificó que la decisión fue “comentada cordial y ampliamente con nuestro hasta ahora defendido”.
La firma de abogados señaló que la defensa realizada “es jurídicamente sólida”, por lo que podría ser retomada por los abogados que tomen el caso.
En este sentido, puntualizó que las acusaciones en contra de Duarte de Ochoa "son de una fragilidad tal que no deben resistir un debido proceso penal”.
Por lo que dijo que el momento del relevo es el idóneo ya que la siguiente audiencia se realizará dentro de cuatro meses y dicha temporalidad permite continuar con la “solida cimentación jurídica” de la defensa.
Del Toro Carazo se hizo cargo del caso en abril de 2017. Una de sus últimas victorias fue la prolongación de la investigación por seis meses más y señalar que la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo datos bancarios de manera ilegal, por lo que el juicio se podría desestimar por esta circunstancia.
Posteriormente, trascendió que el abogado encargado de la defensa del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, tomará el caso. Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana también ha defendido al general Tomás Ángeles Dauahare, acusado de nexos con el crimen organizado.
Duarte de Ochoa, quien fue considerado por el Presidente Enrique Peña Nieto como un “ejemplo del nuevo PRI”, es juzgado en México por desvío de recursos públicos, pero no está acusado por los crímenes contra periodistas, la vinculación de sus policías en desapariciones forzadas, por los miles de desaparecidos o por otros crímenes, como el tratamiento de niños con cáncer con químicos falsificados que sirvieron sólo como placebo.
Detenido en Guatemala, fue extraditado a México. De acuerdo con distintas denuncias, algunas de las cuales se sustentan en grabaciones hechas públicas en canales como Youtube, Duarte de Ochoa desvió además recursos públicos a la campaña del Partido Revolucionario Institucional en 2012, justo cuando el actual Presidente de México era candidato presidencial.
Apenas 48 días antes de concluir su mandato constitucional, Duarte de Ochoa pidió licencia y luego se escapó. El 25 de octubre fue expulsado de su partido y desde el 20 de octubre de 2016 fue considerado prófugo por la Procuraduría General de la República (PGR) y la INTERPOL.
Fue detenido el 15 de abril de 2017 en el poblado turístico de Panajachel, en Guatemala. Estaba en un hotel de lujo, en donde se reunía con su familia. El pasado 17 de julio fue extraditado a México.
Su esposa, Karime Macías, quien es acusada de los mismos crímenes que él, viajó con sus hijos a Europa. Allá sigue, posiblemente en Inglaterra. Las autoridades mexicanas no la buscan, lo que ha despertado suspicacias entre la clase política: se cree que Duarte de Ochoa llegó a un acuerdo con el Gobierno federal para que sus bienes y su familia no fueran afectados.
Polémico desde antes incluso de ser Gobernador, Javier Duarte dijo que se identificaba con el dictador español Francisco Franco, un asesino y represor que llegó al poder fusilando opositores.
