El Partido Encuentro Social, con el que ha hecho alianza Andrés Manuel López Obrador rumbo a las elecciones presidenciales de julio, obtuvo su registro apenas hace cuatro años. Había cumplido los intrincados requisitos de ley, que incluyen la movilización de una cantidad ingente de personas en asambleas constitutivas distritales o estatales, con relativa facilidad, gracias a que en realidad se trata de la expresión política de una serie de iglesias evangélicas con clientelas cautivas de las que pudieron echar mano para nutrir su militancia.

Nadie duda que se trata de un partido religioso, a pesar de la prohibición constitucional y legal que tiene las iglesias para participar directamente en la política. Se trata de una simulación aceptada en la medida en la que sus documentos básicos ocultan el sustento confesional de la organización. Sin embargo, es mucho menos velado el carácter ideológico del partido cuando plantea sus posiciones ultra conservadoras sobre los temas relativos a los derechos de las mujeres o de las minorías sexuales y respecto a otros temas sociales sensibles.

Si bien su fuerza electoral es todavía bastante limitada –en las elecciones federales de 2015 solo obtuvo el 3.3 por ciento de la votación, con lo que apenas si rebasó el umbral mínimo para ratificar su registro y obtener representación legislativa–, su existencia muestra cambios importantes en la sociedad mexicana, hace apenas unas décadas casi monolíticamente católica.

El PES es, también, expresión de un movimiento político que ha crecido en toda América Latina, claramente promovido por redes de pastores evangelistas, ya sean pentecostales o no, y que ha adquirido enorme fuerza en diversos países: en Brasil una diversidad de partidos de origen cristiano reformado tiene un gran peso en el Congreso y ha hecho rehenes suyos tanto a Lula, como a Dilma Rousseff y a Michel Temer; en Guatemala el presidente proviene de una organización de ese corte y en Costa Rica un predicador evangélico acaba de ganar la primera vuelta electoral.

El Estado mexicano, presuntamente guardián celoso de su laicismo, desarrolló un entramado legal para evitar la irrupción de fuerzas políticas de carácter clerical, cuyos destinatarios eran los ministros del culto católicos. Desde la época de Juárez, pero sobre todo ya en los tiempos formativos del régimen autoritario del PRI, la coalición de poder vio con menos precauciones a los grupos entonces llamados "protestantes", en buena mediad porque eran muy pequeños, pero también porque los consideraban un contrapeso a la enorme influencia de la iglesia católica, a la que hubo de mantener a raya incluso por la fuerza, pero con la cual se alcanzó finalmente, en 1929, un concierto que implicaba la aceptación de la desobediencia de la ley en temas como el educativo, siempre y cuando no tuviera pretensiones de intervenir directamente en política.

Aunque nunca la jerarquía católica dejó de intervenir en los asuntos políticos, lo hizo de manera relativamente soterrada, a través de sus cuadros en el PAN y por medio del "entrismo" de sus organizaciones laicas en la estructura local del PRI mismo. Con todo, Acción Nacional no fue un simple partido católico, a pesar de que así lo viera Donald J. Mabry en el primer estudio serio hecho sobre ese partido, Mexico's Acción Nacional: A Catholic Alternative to Revolution. Nunca la estructura del PAN estuvo plenamente identificada con las redes sociales de la iglesia y, si bien muchos de sus cuadros dirigentes eran católicos militantes, el partido mantuvo plena autonomía frente a la jerarquía eclesiástica.

No parece ser el caso de Encuentro Social. El proceso por el cual obtuvo su registro sin duda contó con la intervención directa de redes de iglesias evangélicas y, como sus similares en otros países latinoamericanos, la orientación general del partido parece estar claramente influida por ellas, aunque de manera velada, debido a las restricciones legales a la participación política de los ministros religiosos.

El régimen de la época clásica del PRI pudo mantener relativamente a raya los intentos por hacer avanzar iniciativas políticas de carácter confesional, de manera similar a como los países árabes con gobiernos autoritarios –Egipto es el caso más notable– contuvieron a organizaciones como los Hermanos Musulmanes. Sin embargo, la influencia social de los grupos religiosos crece sustancialmente cuando las promesas de seguridad social, de cohesión y de prosperidad efectiva de los regímenes autoritarios laicos se ven incumplidas y la corrupción deforma todos los valores en los que fundaban su legitimidad. Cuando los grupos religiosos son más eficaces que el Estado para brindar redes de apoyo social y para impulsar el espíritu comunitario, el campo para la irrupción política de este tipo de organizaciones queda libre.

El reto para las democracias liberales que este tipo de organizaciones representa es mayúsculo, puesto que prohibirlas y perseguirlas sería un despropósito descomunal, pero sus posiciones, basadas en creencias, ponen en jaque el avance de los valores de respeto y tolerancia a la diversidad propios de las sociedades contemporáneas. En Brasil, el PT de Lula y Dilma tuvo que recular en la ampliación de derechos y en las políticas contra la discriminación por orientación sexual por la presión de los partidos evangélicos, de cuyos apoyos eran dependientes para mantener su coalición legislativa. En el caso de López Obrador, la alianza con el PES puede ser más bien una coartada frente a las bases de izquierda de su propio partido para sostener las posiciones conservadoras del candidato.

En México estamos muy lejos de enfrentar una influencia determinante de los partidos evangélicos, como ocurre ya en Brasil o en Centroamérica –o en la cuna misma del laicismo, los Estados Unidos–, pero la inclusión de estos en una de las coaliciones con posibilidades de triunfo debe encender las alertas de quienes aspiramos a una sociedad cada vez más secularizada, donde la ley sea producto del debate basado en evidencias y en el conocimiento científico y no el resultado de las creencias religiosas, que debieran de ser de carácter particular.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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