“Más allá de discusiones conceptuales o técnicas sobre la calificación de un delito, lo cierto es que cada año mujeres, niñas, jóvenes y adultas son agredidas y privadas de la vida en el Estado de México y la gran mayoría de esos hechos permanecen impunes, lo cual viola los derechos humanos de las víctimas y debilita la credibilidad y confianza de la sociedad en sus instituciones”, señaló el presidente nacional de la Comisión Nacional Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) .
A pesar de que en julio de 2015, once municipios del Estado de México emitieron la Alerta de Violencia de Género, los feminicidios se han incrementado en la entidad. La alerta no ha servido de nada, de acuerdo con las estadísticas. En 2016, el número de casos subió un 30 por ciento y en 2017 diversas organizaciones ya suman más de 200 casos, de acuerdo con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
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Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).- El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, demandó este día al Gobierno de Estado de México, encabezado por Alfredo del Mazo Maza, que los feminicidios en la entidad no sean negados o subestimados, sino reconocidos, atendidos y eliminados.
Durante una ceremonia conmemorativa del 25 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ante Alfredo del Mazo y el Presidente de dicho organismo, Jorge Olvera, el dirigente de la Comisión Nacional Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que el organismo se coordinará con las instancias de la entidad, para abatir y prevenir la violencia en contra de las mujer.
“Más allá de discusiones conceptuales o técnicas sobre la calificación de un delito, lo cierto es que cada año mujeres, niñas, jóvenes y adultas son agredidas y privadas de la vida en el Estado de México y la gran mayoría de esos hechos permanecen impunes, lo cual viola los derechos humanos de las víctimas y debilita la credibilidad y confianza de la sociedad en sus instituciones”, aseguró.
González Pérez demandó a las autoridades mexiquenses armonizar la legislación secundaria con la Constitución y los tratados internacionales, además de generar políticas públicas, orientadas a brindar garantías efectivas a los mismos.
“No es posible que se reformen la Constitución y las leyes para que después no se cumplan. Debemos cambiar las normas y también las conductas para vivir un verdadero Estado Democrático de Derecho, en el cual la ley excluye el ejercicio del poder arbitrario e impone la sujeción de los gobernados y gobernantes a ésta y se garantiza el respeto a los derechos de las personas”, indicó Luis Raúl.
Otras problemáticas como las relativas a las niñas, niños y adolescentes, personas mayores, migrantes y con discapacidad, comunidades indígenas, víctimas de trata, periodistas y defensores civiles, añadió González Pérez, también tendrán que ser atendidas.
A pesar de que en julio de 2015, once municipios del Estado de México emitieron la Alerta de Violencia de Género, los feminicidios se han incrementado en la entidad. La alerta no ha servido de nada, de acuerdo con las estadísticas. En 2016, el número de casos subió un 30 por ciento y en 2017 diversas organizaciones ya suman más de 200 casos, de acuerdo con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La clasificación oficial de “feminicidio” deja bastante espacio a la interpretación, y los críticos señalan que la cifra oficial está incompleta. Muchos delitos violentos como las desapariciones no se suelen reportar ni castigar, y se considera que el estado de México es, a día de hoy, la zona cero en cuanto a asesinatos de mujeres en el país. El Observatorio Ciudadano Contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios (Ocmexfem), una asociación sin ánimo de lucro, contó 263 feminicidios solo en 2016.
Antes del Estado de México, las miradas se centraban en Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera con El Paso, Texas, que era conocida por los asesinatos de mujeres, con casi 400 desde 1993, de los que apenas un puñado resultaron en condenadas. Los dos lugares son zonas marginales, comunidades periféricas con elevados niveles de crímenes violentos, corrupción e impunidad.
