La Ley de Seguridad Interior podría perpetuar la participación de las fuerzas armadas en las calles, advirtió la Oficina en Washington para América Latina (WOLA), después de que la Cámara de Diputados aprobara la minuta y que ahora deberá discutir el Senado de la República.
En diciembre del 2006 el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa declaró la guerra contra el narcotráfico. Este sería el comienzo de la participación activa del Ejército en las tareas de combate. 11 años después, los militares siguen en las calles.
Maureen Meyer, asociada a Wola, calificó de “preocupante” la falta de consideración de los legisladores y de las autoridades federales a las recomendaciones de instancias internacionales de derechos humanos en la materia.
Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- La minuta de la Ley de Seguridad Interior podría perpetuar la labor castrense en las calles pese a las recomendaciones internacionales, expuso Maureen Meyer, coordinadora del programa de México y Derechos de Migrantes de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA).
En una jornada a toda marcha, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados sesionó el jueves pasado para discutir el dictamen de la Ley de Seguridad Interior después de un año de espera desde que fue presentada. Tanto la comisión, como el pleno, la aprobaron en un solo día.
“Lo que preocupa de esta Ley es que podría llevar a una participación perpetua de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana que no les corresponden”, dijo Meyer en entrevista con SinEmbargo.
Desde que el Ejército auxilia en tareas de seguridad pública, las quejas por violaciones a derechos humanos han aumentado, de acuerdo con datos del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
Con el sexenio foxista se registraron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra las fuerzas armadas. En 10 años, el sexenio calderonista y cuatro que de la actual gestión, se presentaron más de 10 mil 751 quejas.
En un análisis hecho por WOLA y presentado en febrero pasado se concluyó que la discusión legislativa sobre seguridad interior debería incluir un plan para regresar paulatinamente al Ejército a las calles.
“Enfocarse en una Ley para que las fuerzas armadas participen en funciones de seguridad pública, sin reconocer a las miles de víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos cometidos por soldados daría el mensaje que la justicia, transparencia, y rendición de cuentas no son prioridad para el gobierno”, sentenció el análisis elaborado por Meyer y Ximena Suárez-Enríquez.
En una entrevista con este diario digital, la coordinadora del Programa para México y Derechos de Migrantes explica las implicaciones que tiene la reciente aprobación de esta iniciativa en la Cámara de Diputados y que ahora está en manos del Senado.
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—¿Cuáles son las implicaciones que tiene la Ley de Seguridad Interior?
—En vez de asegurar un plan de salida de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, que es una recomendación que se ha hecho a México desde hace mucho tiempo por parte de la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que preocupa de esta ley es que podría llevar a una participación perpetua de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana que no les corresponden.
—¿Qué riesgos conlleva?
—No sólo a nivel de más violaciones a los derechos humanos, sino también un debilitamiento de las Fuerzas Armadas en sí. Así como también creo que preocupa el debilitamiento de los esfuerzos para reformar la policía en México. Vale la pena resaltar que llevamos más de una décadas con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y que corresponderían a la policía con la justificación de que iba a ser temporal, entonces esa Ley parece poner una presencia más permanente en las Fuerzas Armadas en esas tareas.
—Sobre las violaciones de derechos humanos, ¿ustedes han documentado que la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública incremente estos atropellos?
—Hay que distinguir entre la capacitación de las policías y las Fuerzas Armadas, que es una capacitación para enfrentar al enemigo usando la mayor fuerza posible. En cambio, la capacitación a la policía trata sobre un acercamiento a la ciudadanía, que es atender conflictos usando la menor fuerza posible. Y lo que se ve con este contraste de papeles es que sí puede llevar a violaciones de derechos humanos. Y lo que se ha documentado en México con diferentes esfuerzos del CIDE [Centro de Investigación y Docencia Económicas] es el despliegue de militares que, incluso, aumenta la violencia en las zonas donde están operando.
—¿Qué controles hay para limitar los excesos del Ejército?
—Una última cosa es lo que resaltamos en nuestro informe sobre la falta de investigación de la PGR en violaciones perpetradas por los militares es que tampoco existe este contrapeso por parte de la institución civil para asegurar que soldados que cometen delitos o violaciones a derechos humanos rindan cuentas por sus acciones.
—¿La justicia civil ha quedado corta para hacer rendir cuentas a militares?
—Creo que lo que mostró nuestro estudio fue, con base a información de la PGR, que falta mucho para que la PGR ejerza y tenga facultades para investigar de fondo todas las acusaciones de violaciones a los derechos humanos perpetradas por los militares mexicanos.
—¿Qué obstruye la justicia?
—También hay indicios de obstaculización de investigaciones por parte de la Sedena y la Semar. También sucede que ellos mismos llevan a cabo investigaciones paralelas durante los delitos. Entonces en el contexto de la discusiones en el contexto mexicano lo que no se ha visto es cómo asegurar que exista este control sobre los militares. Especialmente, si es que están tratando de fortalecer el marco legal de su actuar.
—¿Quienes abogan por la Ley de Seguridad Interior han dicho que al regularizar las operaciones terminarían por evitar casos de atropellos?
—Creo que se ha mostrado es que hasta el momento no ha sido posible. Si funcionara bien la PGR debería de estar investigando todas las acusaciones de delitos y violaciones perpetradas por los militares, y no lo están haciendo. Si funcionara bien no tendríamos casos como el de Palmarito, donde un militar parece estar ejecutando a alguien que ya se había rendido. O como del Tlatlaya en donde al menos 12 de las personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y donde la CNDH ha indicado que los militares alteraron la escena para hacer parecer que fue una confrontación.
—Gran parte del fondo del uso del Ejército es la lucha contra al narcotráfico. Y se alega un principio de proporcionalidad para contrarrestar el fuego del crimen organizado. ¿Se puede acabar con el narcotráfico usando la fuerza?
—No. Yo creo que el combate al crimen organizado que hay en México tendría que tener muchas más vertientes que sólo el combate frontal. Implica el fortalecimiento del sistema de justicia en México para asegurar que se llevan a cabo investigaciones conforme la evidencia y que llegan a condenas; implica combatir la corrupción que ha facilitado y permeado en diferentes corporaciones de seguridad y que ha permitido la expansión de la delincuencia organizada en el país, así como otras cosas.
—Pero, ¿es necesario el Ejército en cierto punto?
—Creo que no cabe duda de que en el momento actual y con la capacidad de fuego que tienen los grupos del crimen organizado se necesita cierto papel de las fuerzas armadas, pero lo que ha faltado y lo que se ha hecho como recomendación a México como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU es hacer un plan y asegurar una salida de las Fuerzas Armadas de esas tareas.
—¿Qué rol juega Estados Unidos en que el Ejército se mantenga en las calles? ¿Cuál es su influencia?
—Estados Unidos, a nivel de México en particular, en las últimas décadas ha apoyado el papel de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. A nivel histórico y en los primeros años de cooperación bajo la iniciativa Mérida. Ahora, en el contexto actual si uno ve el apoyo que está dando Estados Unidos hacia México en particular es hacia el fortalecimiento de la policía. Y a las instituciones civiles de justicia, para combatir la corrupción y la capacitación, no sólo para la Policía Federal, sino la policía estatal. Entonces yo creo que también para Estados Unidos les va a interesar como fortalecer a la policía y no estar apoyando iniciativas que lo que hacen permanente el papel de las Fuerzas Armadas en tareas que no les corresponderían.
—¿Se fortalece la Sedena con la Ley de Seguridad Interior? ¿Cuál es el interés del Secretario de la Defensa para apoyar esta iniciativa?
—A la Sedena correspondería contestar la pregunta. Pero creo que queda claro que en los últimos los esfuerzos del Gobierno mexicano han ido mucho más a financiar el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y combate al narcotráfico. Y que han recibido mayores recursos que a veces las instituciones civiles y que en un contexto donde no hay una amenaza exterior.
—¿Qué respuesta han tenido del Gobierno federal las recomendaciones de las organizaciones civiles internacionales y nacionales respecto a los riesgos de esta iniciativa?
—Pues yo recomendaría que vieras las respuesta del Gobierno mexicano a nuestro último informe. Muestra, por un lado, el apoyo que da el Gobierno mexicano a las Fuerzas Armadas, mientras reconoce fallas todavía, como fortalecer la investigación de delitos y violaciones que han cometido los militares y otros.
—¿Hay diálogo con la sociedad civil?
—Creo que en general si hubiera más diálogo y escucha no estaríamos en esta discusión de tener a la Ley de Seguridad Interior. Pues no sólo por las organizaciones de derechos humanos, sino por una gran gama de organizaciones de la sociedad civil y académicos y especialistas en tareas de seguridad, así como la preocupación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México sobre lo que podría implicar esta Ley. Vemos con mucha preocupación que a pesar de todas las preocupaciones que se han externado al Congreso, Ejecutivo, sobre las implicaciones de la Ley veamos que está avanzando en una forma preocupante.
