El General Francisco Gallardo Rodríguez considera que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto será incapaz de cambiar el rumbo de la seguridad del país en el último año de su gestión, "debido a que colapsaron [el sistema de seguridad], al igual que el sistema de justicia”, por lo que hoy México atraviesa "una crisis humanitaria".
El crítico militar advierte del peligro de la militarización de los cuerpo de seguridad civil y sostiene que ya es evidente el mismo: "Tienen una capacitación en dónde ven al infractor como un delincuente que hay que aniquilar. Ese es un pensamiento militar: 'A mí me contrataron para aniquilar un enemigos que han de pisar nuestra Patria', pero si con ese pensamiento y doctrina te sacan a las calles pues van a ver a cualquier persona que se pase un alto, como delincuente, y lo ejecutan, como ha pasado".
Peña Nieto, quien incluyó concepto México en Paz” en el Plan Nacional de Desarrollo publicado el 20 de mayo del 2013, que entonces rezaba en su primera línea: “A pesar de la transformación que ha vivido México durante las últimas décadas, la seguridad pública es una asignatura pendiente”. Hoy a cinco años de su Gobierno, el país presenta las cifras más altas de homicidio doloso, de acuerdo con datos oficiales y las propuestas del Ejecutivo no abandonaron la vía castrense.
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Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Enrique Peña Nieto continuó el uso del Ejército en las calles violentando la Constitución, pese a que las tropas están entrenadas para "aniquilar" al enemigo y no para hacer funciones de seguridad pública, reclama el General Francisco Gallardo Rodríguez.
Un timonazo en el último año del sexenio en materia de seguridad será inviable debido a la falta de capacidad del Estado, sostiene el desencantado el General: “Ellos mismos lo colapsaron [el sistema de seguridad], al igual que el sistema de justicia”.
El pasado miércoles, el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong expuso en su comparecencia en el Senado de la República que la Ley de Seguridad es para la seguridad de los ciudadanos, para “regular la actuación de las fuerzas armadas, no es para darles protección”.
La afirmación de Osorio Chong, critica el también doctor en administración por la UNAM, es un intento de evadir su responsabilidad en el tema. “Él es el Secretario de Seguridad Interior, aquí todo el mundo se avienta la pelotita, sin un diagnóstico sólido y claro”.
Los esfuerzos de militarización no han aminorado los problemas de los cárteles de drogas, ni la violencia que sacude al país. En el sexenio de Vicente Fox Quesada se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas. En 10 años que abarcan el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y los primeros cuatro de Enrique Peña se presentaron más de 10 mil 751.
La violencia se agrava. El último mes de octubre continuó la tendencia al alza de homicidios dolosos en el país. Con 2 mil 371 carpetas por homicidio doloso en el fuero común- estados-, el último mes se colocó como el más violento desde que inició el conteo oficial en 1997 y coloca al año más cerca de ser el más violento de las últimas dos décadas.
En una entrevista a este medio, el General Gallardo expone que el Presidente Enrique Peña Nieto abandonó la tarea de dar seguridad a los mexicanos en el último sexenio y critica el manejo de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad interna.
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—¿Piensa que esta administración ya tiró la toalla en el tema de seguridad?
—Por supuesto. Porque está colapsado el sistema de seguridad en México, ellos mismos lo colapsaron, al igual que el sistema de justicia. No puede ser que haya una impunidad del 99 por ciento en los delitos, no puede haber tantas masacres, muertos, todos los días vemos muertos asesinados, fosas que encuentran en todos lados.
—¿Hay base legal para que el Ejército realice tareas de seguridad pública en las calles?
—En primer lugar, si estamos hablando de seguridad, quien debe respetar primero la Ley es la autoridad. Y me refiero a lo que dice la Constitución en su Artículo 129, que el personal militar no puede realizar otras funciones que tengan conexión con la disciplina militar. Entonces, la autoridad inventó una jurisprudencia en colusión con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCKN), es lo grave, y llegan a la conclusión de que cuando la autoridad solicita la intervención militar es legal. Pero, sigue siendo inconstitucional. El otro punto que tiene que ver es el artículo 21 que indica que la seguridad pública es una función exclusiva de la autoridad civil.
—Sin embargo, el Secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos impulsa una Ley de Seguridad Interior…
—El Secretario de la Defensa dice que urge que se hagan los marcos normativos para que el Ejército mexicano tenga límites. Y yo le diría a Cienfuegos, 'a ver los límites ya están en la Constitución'. Lo que ellos quieren es legalizar su actuación que es un actuación inconstitucional.
—De reglamentarse las operaciones del Ejército. ¿Se perpetuarían su presencia en estos operativos?
—La función presidencial tiene la facultad para utilizar la máxima fuerza del Estado, que es el Ejército en los asuntos del orden interno, lo debe hacer cómo lo marca la Constitución. El artículo 29 previene un estado de excepción, y ahí dice ese artículo que cuando la sociedad está en grave peligro o en una crisis, el Presidente de la República tiene que dictar un estado de excepción. Y en ese estado, a través de la participación de todos los actores sociales de los poderes públicos, llegan a la conclusión de que la única forma es utilizar a las Fuerzas Armadas. Y hay una temporalidad, cuánto tiempo va a durar las Fuerzas Armadas haciendo esa función, y en dónde van a actuar, cuánto se va ejercer del presupuesto y a eso le toca entrometerse a la Cámara de Diputados, porque es una facultad exclusiva. Ya en el asunto de operación, manejo de tropas, etcétera, ahí interviene el Senado.
—¿Hubo este consenso cuando inició la guerra contra las drogas?
—Absolutamente nada, fue una decisión unilateral de Felipe Calderón Hinojosa, en donde el dijo que le declaraba la guerra al narcotráfico. Y ya con esa orden todo mundo salió. Ese es uno de los puntos por los cuales estamos como estamos. La violación a la Constitución.
—¿Está sobredimensionada la violencia que provocan los cárteles en México?
—Aquí el asunto es el siguiente, estamos hablando de una función del Estado, el tema de seguridad. Por eso se creó el Estado. Pero, si hay una matanza, si hay una ejecución de 72 migrantes en Tamaulipas, el caso de Ayotzinapa, la autoridad muy cínicamente sale y dice que son ajuste de cuenta entre cárteles.
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—Se ha vuelto una justificación dice…
—Aquí te van unas preguntas: ¿Qué hace el Estado?, ¿por qué hay una disputa de cárteles? y, ¿por qué hay cárteles? ¿Por qué hay territorios exclusivos de esos grupos delincuenciales? Pues yo te contesto: Hay vacíos de poder porque la autoridad no tiene la capacidad de respuesta para tutelar a la población civil, y todas las autoridades de procuración de justicia y espacios carcelarios no tienen capacidad. Entonces, lo que sucede es que la activa participación del Ejército hace un rompimiento del tejido institucional del Estado.
—¿En qué lugar queda la responsabilidad de los estados por la seguridad de sus entidades?
—¿Qué es lo que pasa con esta intromisión federal? Tienen todos los recursos del mundo y lo único que pueden es actuar en delitos que están catalogados como federales. De 100 delitos que se cometen a nivel nacional dos o tres son federales, pero le ponen toda la estructura y los recursos a lo federal. Y a lo local lo tienen desprotegido. Están violando el federalismo porque el sistema federal trata sobre una delegación de funciones de lo administrativo como el tema de la seguridad.
—En ese sentido, ¿ve en la propuesta de Mando Único una imposición federal?
—El Mando Único tiene por objeto romper el orden federal del Estado y sacarle a sus municipios la función exclusiva de seguridad. La seguridad debe venir desde la base hacia arriba, no desde la cúpula hacia abajo.
—Además de la salida del Ejército a las calles hay casos en los que las policías están recibiendo una capacitación militarizada.
—Por ejemplo, estuvo el asunto de Ayotzinapa. Dicen que actuó el Ejército, la policía estatal y la municipal. Y yo les digo: a ver, las fuerzas del estado de Guerrero son militares o tienen entrenamiento militar, o tienen los mandos militares. Por lo tanto, tienen una capacitación en dónde ven al infractor como un delincuente que hay que aniquilar. Ese es un pensamiento militar: 'A mí me contrataron para aniquilar un enemigos que han de pisar nuestra Patria', pero si con ese pensamiento y doctrina te sacan a las calles pues van a ver a cualquier persona que se pase un alto, como delincuente, y lo ejecutan, como ha pasado.
—¿Esto ha provocado una crisis?
Ha provocado una crisis humanitaria. Ahora bien un policía debe tener una preparación, física y de conocimiento de manejo de armas. Yo estoy de acuerdo. Hace como 30 años se retiró el Servicio Militar Nacional. Anteriormente cuando funcionaba el Servicio, todos los jóvenes de 18 años sabían manejar armas, tenían conocimiento de meter las manos y defenderse, hacer trampas, manejos de explosivos, orientación. Temas de carácter castrense.
—Qué disparó que Felipe Calderón lanzará una guerra contra el narco…
—Desde que Felipe Calderón firma la iniciativa Mérida, que trata sobre la ayuda y asistencia militar, lo hacen con la intromisión de las fuerzas armadas en los asuntos internos de los países.
—Es una injerencia de Estados Unidos lo que no permite cambiar la estrategia…
—Aquí esa percepción nosotros la tenemos que cambiar, pero no la podemos cambiar cuando estamos recibiendo adoctrinamiento a través de esas personas en donde se responde a otros intereses. Y los intereses que están subsumidos, debajo de todos estos tratados, son los intereses de Estados Unidos.
—¿Qué se puede hacer ante eso?
—En una reunión antier con un grupo de compañeros de Estados Unidos, que están haciendo un tribunal internacional para revisar este tema de la asistencia militar. Es decir, la política exterior de Estados Unidos en el tema militar. Hay una Ley llamada "Leahy", que explica cómo una organización civil en cualquier parte del mundo puede increpar hasta el Congreso de Estados Unidos la ayuda y asistencia militar que está dando en México. Nosotros hemos hecho ese pronunciamiento pero les vale. Es vergonzoso que el Congreso mexicano teniendo en cuenta la violaciones de Derechos Humanos que vive México siga ayudando.
