Entre 2014 y 2016, los secuestros, desapariciones y agresiones contra migrantes centroamericanos en México provocó que el número de visas humanitarias se incrementarán en un 575 por ciento, así lo reveló el informe “El acceso a la justicia para personas migrantes en México”, realizado por varias organizaciones, entre ellas, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Fundar y la Casa del Migrante de Saltillo.
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Por Armando Ríos
Coahuila/Ciudad de México, 2 de septiembre (Vanguardia/SinEmbargo).- Tras el rescate de 15 personas que se encontraban privadas de la libertad al norte de Coahuila, de las cuales 11 son de origen hondureño, el director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco, señaló que actualmente existe una problemática de tráfico de migrantes en el Estado que debe atenderse de manera urgente.
Además de los 11 hondureños que fueron localizados el día de ayer por las autoridades, después de un enfrentamiento en el municipio de Guerrero, Xicoténcatl Carrasco informó que en el último año la organización que dirige ha sido notificada de otros tres casos similares donde en cada uno de los operativos se ha logrado localizar a entre 5 a 7 personas centroamericanas que fueron víctimas de tráfico.
Alberto Xicoténcatl explicó que la situación no se trata específicamente del delito de secuestro, puesto que después de realizar un análisis se ha detectado que el fenómeno se debe a algo más parecido al tráfico de personas, de acuerdo con las características que narran los migrantes víctimas del delito.
“Para las procuradurías locales es muy difícil establecer qué tipo de delitos estamos hablando, pues muchas veces las personas contratan traficantes y éstos los tienen en casas, los van pasando de estado en estado hasta que los cruzan”, dijo.
En Tamaulipas prevalece el secuestro, mientras que en Coahuila destaca la trata de personas.
En agosto de 2015, en tres operativos realizados en la entidad gobernada por Rubén Moreira, fueron rescatados 391 migrantes
El 30 de junio de 2016, 73 centroamericanos fueron asegurados en la carretera a Zacatecas, 21 de ellos eran menores de edad.
En diciembre de ese año, 32 migrantes fueron rescatados luego de ser descubiertos en un vagón de ferrocarril, a la altura de la colonia San San Nicolás de Los Berros y el ejido La Angostura, en Saltillo.
En abril pasado, 11 migrantes fueron asegurados cuando viajaban en la caja de una camioneta, en el ejido Hipólito, de Ramos Arizpe, y el mes pasado, 15 personas fueron rescatadas, luego de un enfrentamiento entre policías y traficantes, en Piedras Negras.
Entre 2014 y 2016, los secuestros, desapariciones y agresiones contra migrantes centroamericanos en México provocó que el número de visas humanitarias se incrementarán en un 575 por ciento, así lo reveló el informe “El acceso a la justicia para personas migrantes en México”, realizado por varias organizaciones, entre ellas, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Fundar y la Casa del Migrante de Saltillo.
La mayoría de las visas humanitarias son para migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador.
El proceso de regularización por ser víctima o testigo de un delito es lento y puede tardar desde un mes o más.
Uno de los requisitos para solicitar la regularización ante el INM es que el migrante debe presentar copia o constancia de la denuncia ante un ministerio público local o federal del delito.
La tarjeta que obtienen las personas migrantes cuando regularizan su situación migratoria es temporal y válida por un año, o menos. Puede ser renovada mientras continúe la investigación pero el proceso de renovación es demasiado gravoso, se menciona en el informe.
En junio pasado, otro informe, el de la organización Amnistía Internacional puntualizó que Estados Unidos y México ponen en grave peligro la vida de los migrantes.
“Estados Unidos y México son socios en el crimen y están fraguando una incipiente catástrofe de derechos humanos. Estados Unidos está construyendo un sistema cruel y hermético para impedir que gente que lo necesita reciba protección internacional, y México está demasiado dispuesto a desempeñar el papel de portero de Estados Unidos”, manifestó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
