Rogelio Guedea
22/08/2017 - 12:00 am
El costo de la corrupción electoral mexicana
Parece exagerado decirlo, pero si se hiciera el día de hoy una encuesta resultaría rotundamente adversa y sus resultados no harían sino corroborar lo que a finales del año pasado dio a conocer Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana: que México es el segundo país de América Latina con menor satisfacción democrática, siendo Venezuela el que ocupa el primer lugar (y esto ya es de por sí una invitación a mirarnos en nuestro propio espejo).
Nadie en México cree en la democracia de nuestro sistema electoral, incluidos aquellos encargados de promoverla.
Parece exagerado decirlo, pero si se hiciera el día de hoy una encuesta resultaría rotundamente adversa y sus resultados no harían sino corroborar lo que a finales del año pasado dio a conocer Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana: que México es el segundo país de América Latina con menor satisfacción democrática, siendo Venezuela el que ocupa el primer lugar (y esto ya es de por sí una invitación a mirarnos en nuestro propio espejo).
Siendo la corrupción y la impunidad los males mayores de la nación, sorprende entonces que todavía no exista una reforma seria y de fondo a nuestro sistema electoral, y más ahora que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido duramente criticado por su ineficacia, tal como lo dejó ver su participación en las pasadas elecciones estatales, sobre todo en la del Estado de México, donde fungió ni más ni menos que como un invitado de piedra.
Aun con todo esto, el consejo general del INE acaba de aprobar hace unos días un presupuesto millonario para las elecciones del 2018, el mayor del que se tenga noticia en la historia, todo destinado a los nueve partidos que participarán en la contienda, y que suman la cantidad de 6,788 millones de pesos, siendo PRI, PAN, PRD y Morena, en ese orden, los que recibirán mayor recurso.
Para decirlo más gráficamente, con esta cantidad se podría cubrir el presupuesto anual de la Universidad de Colima, la Universidad de Nayarit y la Universidad Michoacana, y todavía sobrarían más de mil millones para poder destinarlos a otra institución educativa que requiriera presupuesto extraordinario en sus funciones sustantivas.
Paradójicamente, no debemos olvidar que el recorte a educación en el 2016 fue de casi 6 mil millones de pesos, lo que significó una disminución considerable en el rubro de obra pública, bienes muebles e inmuebles, y el cierre de 14 programas, entre ellos el apoyo a culturas municipales y comunitarias.
La ecuación es muy sencilla, y por ello es desalentadora: le quitamos dinero a educación (único eje toral del desarrollo del país) y le agregamos a un sistema electoral que ha demostrado su inutilidad y cuyo descrédito crece y se reafirma año con año.
No lo hemos, pues, entendido: entre menos educación, más difícil será conseguir el sueño anhelado de una democracia verdadera. La real solución es a la inversa: invertir en educación (que no es lo mismo que gastar en ella) permitiría evolucionar en nuestra cultura democrática, al grado tal que el Instituto Nacional Electoral terminaría haciendo la labor, por ejemplo, que hace en Nueva Zelanda su homólogo: realizando elecciones por correo postal. Ni más ni menos.
Ignoro qué tal lejos estemos de ello, pero hay que tomarle la palabra al presidente del INE, Lorenzo Córdova, a fin de en el próximo año se someta a un intenso debate la reforma al sistema presupuestal de partidos, se reduzca el monto destinado para campañas e, incluso, se cambie por fin la percepción de que la democracia mexicana es una pura farsa.
Rogelio Guedea
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