La actuación de los funcionarios de la PGR durante la audiencia de Javier Duarte generó sospechas entre la clase política sobre un posible pacto para dejarlo libre cuanto ante y que no revele el supuesto desvío de recursos a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2o12. De los más de 439 millones de pesos que se le imputan al ex Gobernador de Veracruz, la dependencia sólo logró acreditarle 38.5 millones de pesos, con errores, apenas con datos. Tal monto equivale apenas al 8.7 por ciento de todo lo que se le acusa.
“De no hacer la PGR una investigación profunda y hacer justicia a los veracruzanos, el caso Duarte se entendería como un ‘chivo expiatorio’ temporal, un acuerdo político con él para que esto quede en lo que aparentemente quieren hacer: dejarlo poco tiempo y [dejarlo] salir”, advirtió la perredista Dolores Padierna.
La sospecha de que Duarte y la PGR pactaron impunidad se ha planteado, desde tiempo atrás, con la misma Karime Macías, esposa del ex Gobernador. La periodista Sanjuana Martínez, quien ha dado seguimiento en sus libros a las mujeres en el poder, se preguntó desde abril de este año: “¿Por qué Karime Macías no tiene una orden de búsqueda y captura?"
Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– Las sospechas de un posible pacto entre la Procuraduría General de la República (PGR) y Javier Duarte para que su condena sea reducida o bien sea absuelto de las acusaciones que se le imputan por delincuencia organizada y lavado de dinero, crecen entre políticos de oposición. Incluso entre periodistas críticos.
Duarte de Ochoa, quien llegó a la gubernatura por el mismo partido del Presidente Enrique Peña Nieto, el Revolucionario Institucional (PRI), es sospechoso de haber aportado recursos públicos a la campaña de 2012. Al menos una grabación así lo sugiere. También está acusado de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento del deber, peculado y tráfico de influencias.
El presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso de Veracruz, Juan Manuel de Unanue Abascal, urgió a la PGR aplicar todo el peso de la Ley e integrar correctamente las denuncias en contra de Duarte. Dijo que existe la sospecha que hay “pacto” para librarlo de los delitos que se le señalan.
En entrevista con Plumas Libres, reprochó que la primer audiencia del ex mandatario ante el Juez estuvo marcada por cuestionamientos de la defensa y del propio ex Gobernador hacia los funcionarios de la PGR que expusieron el expediente en su contra y únicamente lograron acreditarle desvíos por 38.5 millones de pesos.
El lunes, de los más de 439 millones de pesos que la PGR le imputa a Javier Duarte por haber desviado recursos públicos durante su gestión, la dependencia sólo logró acreditarle 38.5 millones de pesos. Tal monto equivale apenas a 8.7 por ciento.
“Hasta el momento sí (parece que hay pactó), se tardaron mucho en solicitar la extradición, luego se tardó mucho en que llegara este señor hasta el día de ayer al país y lo que tú dices, no concuerdan las cosas, está muy evidente todo hay muchísimos delitos que se le tienen que imputar” señaló el Diputado veracruzano.
Dijo que como representantes populares estarán muy pendientes de la forma en que la PGR sostiene el caso ante el Juez.
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De Unanue Abascal insistió en que todo indica que hay artimañas para proteger al ex mandatario veracruzano ya que no fue acusado por desvío de recursos y en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se tenía documentado que eran alrededor de 300 millones y sólo se le encontraron menos de 40 millones.
“Nada más repito en la cuenta pública 2015 hubo 22 mil millones de pesos de desvío de recursos, o sea no concuerda absolutamente nada de lo que está pasando” dijo.
En entrevista con medios, la coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna, dijo que “de no hacer la PGR una investigación profunda y hacer justicia a los veracruzanos, el caso Duarte se entendería como un ‘chivo expiatorio’ temporal, un acuerdo político con él para que esto quede en lo que aparentemente quieren hacer: dejarlo poco tiempo y [dejarlo] salir”.
Ricardo Anaya Cortés, presidente nacional del PAN, exigió al Gobierno federal aplicar “todo el peso de la ley” contra Duarte sin pactos: “Todos los que integran su red de complicidades deben ser investigados, devolver lo que se robaron y pagar sus delitos con prisión. No queremos pactos de impunidad”.
El Senador Miguel Barbosa, de Morena, afirmó que todo apunta a que las carpetas de investigación en contra de ex gobernadores están construidas con deficiencias para que ellos ganen. El gobierno, dijo, “necesita a un Duarte controlado y que no hable más”. No descartó la posibilidad de que lo hayan extraditado para la "guerra sucia" contra Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018.
Las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN), del PRD y Morena en la Cámara de Diputados acusaron al Procurador Raúl Cervantes de armar deliberadamente un caso mal sustentado contra Javier Duarte a fin de que el ex Gobernador purgue una condena menor en el proceso que se le sigue por desvío de recursos.
Jorge López Martín, vocero de la bancada de Acción Nacional, advirtió que su partido solicitará la separación de Cervantes del cargo si detecta que desde la PGR hay la intención de favorecer al ex priista.
"¿Qué le debe el priismo, el PRI-Gobierno, a Javier Duarte? ¿Qué secretos oscuros está guardando y que hoy provocan que se esté actuando con esta conducta que es ofensiva para toda la sociedad mexicana?", cuestionó.
El coordinador de la bancada del PRD, Francisco Martínez Neri, advirtió que existe una red de complicidades entre el Gobierno federal y los mandatarios priistas porque éstos le suministran recursos públicos para la compra del voto en los procesos electorales.
"Para nosotros no es ninguna novedad, muchos estamos desconfiados de que se vaya efectivamente a castigar a este individuo (Duarte). Yo creo que hay complicidades, hay gente de carrera en la PGR hace años, hace muchísimo tiempo, que es inconcebible que puedan cometer pifias, sobre todo cuando es un problema tan grande que requiere de una instrumentación para que no haya falla alguna en el proceso, yo no creo que se trate de errores, más bien son complicidades", acusó.
Sin mencionar el caso de Javier Duarte, los parlamentarios advirtieron al Gobierno de México sobre el combate a la corrupción y la necesidad de combatir este problema.
Durante una reunión privada realizada anoche en el Senado los legisladores del viejo continente advirtieron que así como el tratado exige a Europa el combate a la impunidad, México, como socio, también está obligado a cumplir.
“Las noticias que llegan a Europa de México no son buenas y no puedo engañarles. Cuando en Europa se habla de la muerte de periodistas o de la desaparición de estudiantes, la imagen de México se ve gravemente perjudicada", dijo el Diputado español Esteban González frente a senadores de todos los partidos.
Sobre la forma en que la PGR llevó el caso de Duarte en la primera audiencia, el columnista Javier Risco destacó en su texto en El Financiero: “No puedo ni pensar en la manera en la que se procesan otros casos de corrupción, si en el más emblemático el gobierno se muestra incompetente y negligente.
“No tengo elementos para suponer que existe complicidad o que en realidad el gobierno no quiere procesar a Duarte, pero habría que decirles a las autoridades mexicanas que después de esta primera audiencia, ésta es la percepción generalizada de la sociedad, que Javier Duarte estará libre en semanas. Ahora sí tiene razones para seguir sonriendo”.
La sospecha de que Duarte y la PGR pactaron impunidad se ha planteado, desde tiempo atrás, con la misma Karime Macías, esposa del ex Gobernador. La periodista Sanjuana Martínez, quien ha dado seguimiento en sus libros a las mujeres en el poder, se preguntó desde abril de este año:
“¿Por qué Karime Macías no tiene una orden de búsqueda y captura? Uno de los cerebros de la red de corrupción, el contador José Juan Janeiro, encargado de realizar pagos de compra-venta de inmuebles ha declarado en España que la esposa de Javier Duarte utilizaba el dinero mal habido para beneficio personal”.
“Fue Karime Macías cerebro de la red de corrupción de Javier Duarte. Entonces, ¿por qué sigue libre? ¿Por qué el Gobierno de Peña Nieto no la detuvo? ¿Por qué le permitió un exilio de lujo?”, agregó.
LAS SOSPECHAS
El 11 de julio pasado se dio a conocer un nuevo audio que revela un presunto desvío de recursos en 2012 por parte del ex Gobernador de Veracruz al PRI.
En la grabación se escucha una conversación entre dos personas, que han sido identificadas como Duarte de Ochoa y su ex Tesorero, Tarek Abdalá Saad. Ambos hablan sobre el envío de mil millones de pesos “en cajas de huevo” al Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Abdalá Saad señala que dicha misión le fue encomendada al ex contralor Iván López, mientras que Duarte le pide revisar personalmente el tema.
Abdalá es hoy Diputado federal del PRI. A pesar de todos los intentos por enjuiciarlo, el partido del Presidente Peña se ha opuesto. Hoy sigue con fuero.
El audio que se infiere presuntamente data del año 2012, cuando Peña Nieto buscaba la Presidencia de la República. El recurso iría a parar a manos de su proyecto, a través del Comité Ejecutivo del Tricolor, cuyo Presidente era César Camacho Quiroz, quien estuvo en el cargo de 2012 a 2015, fue Gobernador del Estado de México, y se considera uno dentro del grupo político del actual Presidente de México.
La cercanía de Duarte con Peña siempre ha sido más que evidente. En la campaña Presidencial fue “multado” por hacer proselitismo a favor del entonces aspirante, violando con ello la Ley Electoral; por su parte, Peña presumió a Duarte como la “nueva generación de priístas jóvenes”.
El 11 de marzo de 2014, cuando Peña ya era Presidente, su equipo de campaña gastó cuatro mil 500 millones de pesos, lo que significaría 12 o 13 veces más el gasto de tope establecido en 328 millones 608 mil 267 pesos.
Legisladores de oposición que integraban la comisión especial para investigar el caso Monex en la Cámara de Diputados expusieron una serie de irregularidades fiscales y financieras que involucran a una veintena de empresas, para favorecer la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Los legisladores detectaron –con pruebas y facturas que dicen tener en su posesión- que se emplearon 182 millones 407 mil pesos para fondear 26 tipos de tarjetas Soriana, para la promoción de la campaña presidencial de Peña.
El origen de ese dinero no es claro.
La oposición cree que tanto Duarte de Ochoa como el ex Gobernador César Duarte de Chihuahua aportaron parte de estos recursos, usados por el PRI para ganar en 2012.
