Colectivos de desaparecidos dijeron hoy que hombres armados llegaron anoche al domicilio de Miriam Rodríguez Martínez en San Fernando, Tamaulipas, y dispararon en repetidas ocasiones contra la vivienda hiriendo a la activista, quien fue trasladada a un hospital, donde finalmente falleció. Rodríguez Martínez había recibido amenazas por parte de los delincuentes que en 2014 secuestraron y mataron a su hija. Pidió protección a las autoridades y no se la dieron, acusaron sus compañeros.
La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informó esta tarde que abrió una investigación por el homicidio de Miriam y precisó que hasta el momento no existe relación entre el asesinato con la fuga de reos del penal de Ciudad Victoria como lo denunciaron activistas. También dijo: "En particular, se tiene conocimiento de que la señora Miriam Elizabeth señaló que no estaba siendo atendida por servidores públicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, instancia a la que pidió incluso medidas de protección".
Amnistía Internacional, la CNDH y otras organizaciones plantearon su enojo por la falta de protección a la activista.
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Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).– La activista y líder del Colectivo de Desaparecidos en San Fernando, Tamaulipas, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, fue asesinada anoche por un grupo armado que llegó a su casa y le disparó en repetidas ocasiones.
En 2014 un grupo delictivo secuestró a su hija Karen Alejandra. Con sus propios medios investigó, dio con el paradero de la menor de edad en una fosa clandestina de San Fernando. Meses después indicó a las autoridades quiénes eran los culpables del asesinato, los arrestaron, pero hace unos días se fugaron.
El activista Guillermo Gutiérrez condenó el hechos y señaló que Miriam ya había sido amenazada por delincuentes que ella misma entregó y que escaparon de la cárcel.
"Se fugaron días antes del penal [no precisó cuál]. Ya había solicitado al Procurador, al Secretario de Gobierno, al propio director de Seguridad Pública, el peligro que presentaba que los delincuentes estuvieran fuera, pidió protección y de acuerdo con lo que ella nos comentó no se lo dieron", detalló el activista tamaulipeco en entrevista con Milenio Televisión.
"Si la señora hubiera estado protegida por el Estado, como tenía derecho, pues no hubiera ocurrido este hecho lamentable", acusó.
Agregó que Rodríguez Martínez no es la única activista que ha recibido amenazas en el estado.
La activista Merari Leos confirmó en su perfil de Facebook que Miriam sí le pidió protección a las autoridades y se la negaron. Recordó que la luchadora social le reclamó a Gloria Elena Garza Jiménez, Subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales, que no le hubieran avisado cuando los secuestradores y asesinos de su hija de fugaron del penal de Ciudad Victoria.
"Cómo siempre la respuesta fue evasiva. También pidió que el Gobernador cumpliera su palabra y promesas de campaña a los Colectivos de Familiares de Desaparecidos e hizo oídos sordos. ¿De qué sirve su 'enérgica condena'? Mejor cumpla y abra la boca solo cuando se haya hecho justicia", escribió Leos.
En abril pasado la señora Miriam participó en la caravana Contra el Miedo en su paso por las ciudades de McAllen y Brownsville, Texas.
Hasta el 31 de enero de 2017 habían 5 mil 558 personas desaparecidas en Tamaulipas, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Tamaulipas es el estado con mayor número de personas desaparecidas en México, seguido del Estado de México con 3 mil 351 y Jalisco con 2 mil 634.
El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, expresó su condena a través de su cuenta de Twitter.
"Expreso mi más enérgica condena por el cobarde asesinato de la activista Miriam Rodríguez Martínez", expuso el mandatario y añadió que s gobierno no permitirá que se quede impune el crimen.
Expreso mi más enérgica condena por el cobarde asesinato de la activista Miriam Rodríguez Martínez. Mis condolencias para su familia.
— Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) 11 de mayo de 2017
TAMAULIPAS SE DEFIENDE
La Procuraduría explicó que Enrique Yoel Rubio fue reportado como fugado el pasado 23 de marzo, pero fue recapturado. No obstante, dijo, el Ministerio Público del fuero común solicitó de oficio a diversas autoridades de seguridad pública, tanto estatales como federales, medidas de protección para la señora Miriam Elizabeth.
También detalló que la señora Miriam acudió directamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a pedir protección debido a la fuga en el penal de Ciudad Victoria, dentro de la cual se reportó a Enrique Yoel Rubio.
Esa instancia, dijo, turnó el asunto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas la cual solicitó a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado brindar protección a la señora Miriam Elizabeth, la cual se otorgó a través de rondines, tres veces al día en su domicilio, incluso a un de que se tenía certeza plena de que Enrique Yoel Rubio estaba en prisión, como lo está.
Sin embargo, mencionó que la señora Miriam Elizabeth solicitó protección ante instancias federales dado que llevaba asuntos con diferentes dependencias del Gobierno Federal, pero no fue atendida.
"En particular, se tiene conocimiento de que la señora Miriam Elizabeth señaló que no estaba siendo atendida por servidores públicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, instancia a la que pidió incluso medidas de protección", refirió.
Finalmente destacó que en relación al secuestro y homicidio de la hija de Miriam hay nueve procesados, siete hombres y 2 mujeres, entre ellas una menor de edad.
Apenas ayer los colectivos de familiares de personas desaparecidas marcharon en la capital del estado para exigir a las autoridades el regreso de sus parientes no localizados.
La comunidad de desaparecidos en Tamaulipas lamentó la muerte de la activista y reclamó al Presidente Enrique Peña Nieto y al Gobernador Francisco García “la poca capacidad e interés por atender a las familias de desaparecidos”.
“Lanzamos un llamado de auxilio a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para esclarecer el caso de nuestra compañera”, solicitaron.
La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informó esta tarde que abrió una investigación por el homicidio de Miriam y precisó que hasta el momento no existe relación entre el asesinato con la fuga de reos del penal de Ciudad Victoria como han denunciado activistas.
"El interno Enrique Yoel Rubio Flores, imputado de haber participado en el homicidio y desaparición de la hija de la señora Miriam está actualmente llevando su proceso penal priva en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria", mencionó.
La dependencia agregó que Rubio Flores está sujeto a formal prisión por los delitos de secuestro agravado, asociación delictuosa y violación a la Ley de Inhumación y Exhumación, todos del fuero común. Sin embargo la Procuraduría General de la República no lo ha consignado por el delito de delincuencia organizada que es de la competencia federal.
Amnistía Internacional manifestó que el asesinato de una activista “expone el peligro al que se enfrentan a diario quienes buscan a las más de 30,000 personas desaparecidas en el país”.
“Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, fue asesinada la noche del 10 de mayo en el estado de Tamaulipas, en el norte de México. Miriam era conocida por su trabajo con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, que son organizaciones formadas principalmente por familiares de víctimas de desaparición forzada y desaparición por agentes no estatales”, dijo.
“México se ha convertido en una zona muy peligrosa para quienes tienen la valentía de dedicar su vida a la búsqueda de las personas desaparecidas. El violento asesinato de Miriam Rodríguez debe investigarse de manera independiente, imparcial y exhaustiva. Deben tomarse medidas serias para defender a las personas que buscan a sus seres queridos. La pesadilla a la que son sometidos al no saber la suerte o paradero de sus familiares y los peligros que enfrentan en su labor, la que realizan dada la negligente respuesta de las autoridades, son alarmantes”, señaló Erika GuevaraRosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, de acuerdo con un comunicado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo:
“Estamos frente a un crimen que confirma esta preocupación de la CNDH. Se trata de la muerte de una defensora que decidió y tuvo el valor de romper el silencio ante la desaparición y muerte de su hija, que dedicó sus esfuerzos a localizar sus restos y que tuvo la valentía de identificar a los responsables. Este hecho condenable ocurre precisamente el día en que se festeja a las madres en México”.
“La CNDH enfatiza que toda intimidación, agresión y afectación del tipo que fuere contra el derecho a defender lesiona gravemente al tejido social y, por ende, las autoridades de todos los niveles deben atender el sensible problema que representan las agresiones a los defensores de derechos humanos, que sólo así estarán en posibilidad de cumplir con su tarea de proteger y velar por el respeto irrestricto a los derechos de todas las personas”. agregó.
De acuerdo con la Recomendación General 25 Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos, emitida por la Comisión Nacional, “es necesaria la sensibilización y profesionalización de los servidores públicos involucrados en la investigación y procuración de justicia, con el propósito de abatir el nivel de agresiones contra personas defensoras, mediante la identificación, atención, sanción y prevención de esos delitos en función del contexto sociopolítico que las víctimas enfrentan como consecuencia de su labor, de tal manera que el Estado asegure el libre ejercicio del derecho a defender los derechos humanos de todo individuo. En esta, también, se pidió a las altas autoridades de los tres niveles de gobierno, desplegar campañas a favor de los defensoras y defensores de Derechos Humanos, para destacar la importancia de su trabajo y evitar su criminalización, sin que a la fecha estas se hayan dado. La CNDH está solicitando medidas cautelares en favor de la familia y de integrantes del colectivo que representaba. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se mantendrá atenta a la evolución de los acontecimientos”.
