La Cruzada Nacional Contra el Hambre surgió en un escenario muy distinto al actual: con un Gobierno lleno de confianza y con un futuro prometedor. La Sedesol, entonces aún cargo de Rosario Robles Berlanga, se disponía a quitar una piedrita que se atravesaba en ese camino: la pobreza alimentaria que padecían 27.4 millones de mexicanos. Pero dos años después de haber arrancado el programa, parece que los ánimos se vinieron abajo. En su revisión de la cuenta pública de 2015, la ASF no encontró información que pudiera determinar los avances de La Cruzada hacia la meta de 2018, que es erradicar el hambre en el país, ni los resultados de las reuniones del comité de expertos... porque nunca se reunieron.
Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).– De acuerdo con el análisis de la Cuenta Pública de 2015, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Cruzada Nacional Contra el Hambre no tuvo metas concretas para ese año ni reportó el avance en el cumplimiento del objetivo general: dejar el indicador “Porcentaje de la población en condición de pobreza extrema de alimentación” en 0 por ciento para 2018.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tampoco entregó información sobre los resultados de trabajo del Consejo de Expertos de la Cruzada Contra el Hambre, a pesar de que desde el inicio del programa se instaló y de que éste sería el encargado de elaborar propuestas y recomendaciones en la materia. No hubo pruebas de que dicho Consejo sesionara en 2015, por lo que se pone en duda la factibilidad de las medidas implementadas.
Apenas en el segundo mes de su administración federal, el 22 de enero de 2013, el priista Enrique Peña Nieto presentó la Cruzada Nacional Contra el Hambre en el municipio de Las Margaritas en Chiapas, comunidad que registra los índices más altos de marginación.
Desde su creación, el programa tiene como objetivo atender la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria en 7 millones de personas, ocasionada por la insuficiencia de ingresos económicos y la carencia de por lo menos tres de los derechos sociales, incluido el de la alimentación.
El Presidente y Rosario Robles Berlanga, entonces a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dieron arranque a un programa social que parecía tendría las mismas magnitudes que Prospera, hasta el momento el más importante en cinco administraciones.
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se establece el Sistema Nacional –mediante el cual se instrumentó la Cruzada– para atender el mandato constitucional de “garantizar el derecho a toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, y cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de los ámbitos público, privado y social, para erradicar el hambre, conceptualizada como la condición de pobreza extrema alimentaria.
Y en el inicio lo fue para Peña Nieto y Robles Berlanga. Sin embargo, desde la revisión del desempeño de la Cruzada en 2014 –realizada por la ASF– se evidenció que el programa tenía deficiencias en el diseño, en la focalización de la población a atender y en la coordinación de acciones implementadas, por lo que no había pruebas de su contribución a la erradicación del hambre en 7 millones de personas.
En la evaluación de 2015, los resultados arrojaron que la Cruzada no tuvo una meta concreta para ese año y contó con información sobre el avance de la única meta entonces, que es la que se tiene para 2018.
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El método de cálculo de 15 indicadores de componente no permitió medir el cumplimiento de los objetivos, ya que no hubo congruencia entre las variables y las unidades de medida establecidas en el método de cálculo, concluyó la ASF.
La Sedesol no acreditó en qué medida se atendieron las carencias de cada una de las personas, a fin de contribuir a erradicar la pobreza extrema alimentaria en 6 millones 099 mil personas que viven en condiciones de pobreza alimentaria.
Además, se desconoció el presupuesto destinado para su implementación y no fue posible verificar la alineación de los 46 programas presupuestarios que intervinieron con el problema público que se pretende atender.
La ASF no tuvo información sobre los principales objetivos: Cero hambre a partir de una alimentación y una nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; disminuir la desnutrición infantil aguda y crónica y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización y promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.
CRUZADA PARA LA MITAD DEL PAÍS
En 2013 se diseñó la estrategia. Se seleccionó a la población objetivo, los programas que la integrarían, la implementación, el seguimiento y la evaluación para determinar si hay un efecto o no en la erradicación del hambre. Se proyectó que la Cruzada debió operar en su primer etapa (2013) en 405 municipios; en la segunda (2014), en mil 012 municipios, y en la tercera (2015), en 2 mil 457 municipios.
Pero según el órgano fiscalizador, las dependencias y entidades que participaron en la Cruzada no definieron el presupuesto específico destinado a la estrategia de los 46 programas presupuestarios a su cargo que operaron en 2015.
Además, aunque la Secretaría suscribió acuerdos integrales para el desarrollo social incluyente con 14 de las 32 entidades federativas, con el objeto de impulsar el desarrollo social y el combate efectivo a la pobreza, no lo hizo con el resto y no se firmaron ni renovaron los acuerdos y se desconocen las causas de eso.
A esas 14 entidades se les dio un presupuesto de 68 mil 237 millones 680.7 mil pesos para implementar la Cruzada, pero no se justificó por qué esa cantidad, ni tampoco el porqué no atendió al 40.5 por ciento de su población objetivo ese año.
También hubo problemas en el número de programas y la evaluación de los resultados. El número de programas presupuestarios incluidos en la Cruzada pasó de 70 en 2013, a 64 en 2014 y a 46 en 2015 y de esos no fue posible verificar su alineación con la atención de la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria.
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Esos 46 programas, que costaron 110 mil 257 millones 897 mil pesos, desarrollaron 129 actividades, pero en 14 no se reportó a qué población atendieron; en 89 no se identificó a la población atendida que se encontró en pobreza extrema alimentaria, y en 40 actividades en las que se cuantificó a la población en pobreza extrema alimentaria, no fue posible identificar cuál fue la carencia social que se atendió.
La ASF instó a la Sedesol a que implemente medidas a fin de disponer de información para evaluar la contribución de los programas presupuestarios en la atención de las carencias identificadas en la población en condición de pobreza extrema alimentaria.
En cuanto a los comités comunitarios, la Sedesol informó que los 79 mil 279 grupos que operaron en 2015 dispusieron de un diagnóstico de necesidades locales; no obstante, para establecer un esquema de control de la estrategia, sólo el 53.3 por ciento se registró en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO), y el otro 46.7 por ciento, no.
“Esto impidió analizar la factibilidad de implementar medidas, a fin de disponer de información confiable, oportuna y suficiente para la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas del cumplimiento de los objetivos de la Cruzada”, dice el informe.
Pero estos comités, sólo se instalaron en Tlaxcala y se desconoce porqué no ocurrió lo mismo con los 79 mil 279 comités comunitarios que se tenían proyectados para las 32 entidades federativas.
