La violencia en el país se disparó por la falta de entendimiento, de parte de las autoridades, de la dinámica criminal de los cárteles. Entre la diversificación de delitos de los grupos criminales con injerencia internacional y la extensión del narcomenudeo, el Presidente Enrique Peña Nieto se ha limitado a continuar acciones que no dieron resultado en el anterior sexenio, aseguraron especialistas. A pesar de la salida del Ejército a las calles, ciudades como Acapulco y Juárez han retrocedido, más de un año, en la lucha contra los altos niveles de asesinato.
Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- La administración del Presidente Enrique Peña Nieto ha retrocedido en la contención de la ola de homicidios. En los primeros siete meses del año hay un aumento del 17 por ciento de las homicidios dolosos respecto al mismo periodo del año pasado.
“Hay que tener claro que buena parte de los problemas siguen siendo relacionados con el enfrentamiento de grupos de delincuencia organizada”, dijo Juan Salgado Ibarra, profesor de la profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El 8 de diciembre del 2006, el entonces Presidente entrante, Felipe Calderón Hinojosa, declaraba la guerra contra el narcotráfico que contabilizó entre enero y julio del 2007, 14 mil 547 averiguaciones previas por asesinato en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP); éstas representan 5 mil 337 menos que las vidas arrebatadas durante los mismos meses de este año.
ADEMÁS:
La organización civil Semáforo Delictivo estimó que el número de ejecuciones por grupos del crimen organizado pasó a representar un mayor porcentaje de los asesinatos. Mientras el año pasado oscilaron en el 48 por ciento del total, hoy el 60 por ciento de los asesinatos están relacionados a estos grupos, estima el Semáforo.
“Están aumentando. El promedio de ejecuciones mensuales el año pasado fue de 677 ejecuciones y ahora este año, en los últimos meses, estamos por arriba de los mil. Pero desde que arrancó el año estuvimos por encima de las 800”, dijo Santiago Roel, director de esta organización.
El Presidente Enrique Peña Nieto refirió en abril del año pasado que 93 capos habían sido abatidos o capturados en dos años. Este descabezamiento ha producido que bandas menores hayan ocupado plazas vacías, coincidieron especialistas. Aunque no es el único aspecto que ha contribuido al disparo de este delito.
“Existe un cierto desequilibro en cuanto a que las autoridades de seguridad pública no están a la altura táctica, operativa, ni técnicamente, para enfrentar el reto. Me refiero no sólo a los operativos, que los agentes oficiales tienen que enfrentar, sino a los mandos”, dijo Antia Mendoza Bautista, directora de Seguridad y Paz Ciudadana (Seypaz).
La directora detalló que el origen de los homicidios varía conforme a cada estado: “El aumento en Colima, no es igual al de Guerrero. Entonces, habría que hacer una inmersión, no sólo en las entidades, sino en las localidades donde se reportaron las tasas más altas”.
INTERVENCIÓN Y SUS EFECTOS
Foto: Cuartoscuro
Alfredo Castillo Cervantes, fue nombrado por la actual administración, en enero del 2014, para servir como Comisionado para la Seguridad del estado de Michoacán. Durante un año, la entidad vio la llegada de las Fuerzas Armadas y Policía Federal con el propósito de combatir la creciente presencia de cárteles.
En 2016, la nueva crecida de homicidios dolosos en la entidad ha puesto en entredicho la labor de pacificación que ahí se realizó. En los primeros siete meses del año hubo 276 homicidios más que el año pasado. Una aumento del 68 por ciento.
El profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE expuso la estrategia en Michoacán no consideró la seguridad de los otros estados con los que comparte límites.
“Tuvo algunos efectos para controlar a los Caballeros Templarios, o a La Familia Michoacana, pero también uno de desplazamiento delictivo, que llegó hacia zonas de Guanajuato, actualmente son muy peligrosas, especialmente, Celaya. Como también llegó a zonas como Colima, donde se ha disparado fuertemente el número de homicidios en los últimos 15 meses, y a la zona caliente de Guerrero”, dijo Salgado Ibarra.
CIUDADES RETROCEDEN
Ciudades que han contado con una fuerte presencia del Ejército, para operativos junto a la Policía Federal, han retomado en este año algunos de los rostros que cimbraron la imagen internacional de México en el sexenio calderonista.
Acapulco y Ciudad Juárez aumentaron en el primer semestre en 15.9 y 20.5 por ciento, con relación al mismo periodo del año pasado.
“Tanto Acapulco, como Juárez, son ciudades paradigmáticas de operativos en los cuales las fuerzas armadas, la Policía Federal y la municipal, en el caso de Acapulco, están interviniendo no sólo en labores de vigilancia, sino de antinarcóticos. Esto a lo que nos lleva es a precisamente a pensar que hay un problema muy grave en el estado, en su conjunto”, consideró Salgado.
En el caso de Chihuahua, en los primeros meses del año hubo 793 homicidios, cuando en el mismo periodo del 2015 hubo 778 casos.
Por su parte, Guerrero no sólo es la entidad con mayor número de homicidios entre enero y julio de este año -1 mil 704- también es la segunda con mayor índice de homicidios por habitante, después de Colima, con 29.32 por cada 100 mil.
“Necesitamos regular las drogas, en el caso de Guerrero, Morelos y el Estado de México, es el mercado de la amapola y la heroína y hay propuestas para regularlo. Muy a favor de los campesinos y reducir la violencia”, dijo el director del Semáforo Delictivo Santiago Roel.
La desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa destapó la colusión de grupos delictivos, como Guerreros Unidos, con las autoridades municipales de Iguala.
“Es muy difícil atacar el tema del narcomenudeo con policías. Ni se han reducido los muertos, ni el número de los consumidores. Se ha incrementado esta mal llamada guerra contra las drogas”, dijo Roel. El medio independiente Semanario Zeta contabilizó 60 mil muertos durante el sexenio de Felipe Calderón.
LA CORRUPCIÓN
Los homicidios en Veracruz aumentaron en un 52 por ciento en los primeros siete meses del año en comparación al mismo periodo del 2015. El Gobierno del saliente Gobernador Javier Duarte de Ochoa se ha visto implicado en casos que refieren la colusión de los elementos de las fuerzas de seguridad pública con grupos del narcotráfico.
“Por supuesto que tiene que ver esta porosidad de las policías con el flujo de las organizaciones delictivas. Creo que uno de los elementos es que son instituciones débiles, así como la corrupción”, dijo Mendoza.
En enero, cuatro hombres y una adolescente fueron desaparecidos en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, después de ser detenidos por elementos de la Policía Estatal. Uno de los ocho elementos detenidos por el caso confesó el homicidio y tortura de los jóvenes.
De manera más reciente, el pasado viernes sicarios encapuchados llegaron al municipio de Actopan. Pobladores acusaron al grupo criminal “Los Zetas” de perpetrar una masacre de ocho personas, el secuestro de otras seis y el robo de varios objetos, en varias de las comunidades de la localidad, de acuerdo con el diario local Blog Expediente.
PROBLEMAS DE FONDO
El investigador del CIDE Juan Salgado refirió que es común que la administración de Enrique Peña Nieto cuente los capos abatidos o capturados, sin embargo, con menor publicidad, se habla del número de propiedades y confiscación de recursos que le extinguen a los traficantes de drogas.
“Este es un punto muy importante porque los grandes indicadores que están actualmente utilizando, que son las detecciones de capos, los decomisos de drogas, siguen siendo los mismos que en el sexenio de Calderón. Realmente, no nos llevaron a ningún lado. Me parece que la actividad comercial como negocio de la delincuencia organizada sigue siendo tan rentable, que a pesar de que capturen capos y decomisen armas, drogas, dinero, ellos siguen obteniendo ganancias”, dijo Salgado.
El investigador detalló que “lo que podemos ver es que hay una omisión muy importante en materia de inteligencia financiera. No sólo a congelar cuentas, dar seguimiento a los vienes de estos capos, sino tener estrategias que vinculen al SAT con la PGR, la Policía Federal, en la realización de actividades conjuntas y en serio con base al lavado de dinero, con tal de seguir la cadena y dar con negocios lícitos que están, efectivamente, blanqueando dinero de las organizaciones delictivas”.
La Procuradora General de la República Arely Gómez González declaró en octubre del año pasado que se encargaría de quitarle las propiedades al líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán. “Les arrebataremos todos los objetos”, afirmó ante un grupo de legisladores expectantes que le cuestionaban sobre esta necesidad. Sin embargo, esto no ha sido confirmado al momento.
