Una vez más, después de un enfrentamiento con ocho muertos y meses de bloqueos, saqueos e incordios varios a la población de la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha logrado, según todo parece indicar hasta hoy, acabar “por parlamentos” –como se decía en el siglo XIX– el conflicto abierto en torno a la reforma educativa impulsada por este gobierno cuando aspiraba a ser el gran transformador estructural del país.

Ya sin gas, ante la opción de enfrentar con la fuerza pública las protestas llevadas al límite por la organización gremial, y con ello darle la puntilla a lo que le queda de autoridad, el gobierno de Peña apostó a la capacidad negociadora del secretario de gobernación para deshacer el entuerto creado por la resistencia de los maestros a aceptar las reglas del nuevo servicio profesional docente, agravado por el tono intransigente usado por el secretario de Educación frente a las protestas. De acuerdo con lo publicado ayer en los periódicos, el secretario de gobernación le planteó a los dirigentes de la CNTE que “ la expresión definitiva del modelo educativo nacional cuente con sus valiosas aportaciones, considerando la diversidad cultural y las particularidades regionales”.

El tono y la forma me suena conocido. Es la vieja práctica de la política mexicana de acabar negociando una ley sin legitimidad entre aquellos que la deben acatar, ya que el Estado es incapaz de imponer su cumplimiento obligatorio sin recurrir a una violencia, la cual también carecería de legitimidad. Ese sí que es un mal estructural del Estado mexicano que requiere reforma: su proverbial incapacidad de construir el respeto social a la ley con base en su origen en un legislativo elegido democráticamente. La ley en México siempre ha sido vista como algo impuesto, por lo que se vale resistirla en nombre de la justicia.

Este gobierno poco hizo, cuando pudo, para ampliar la base de apoyo a su reforma –por ejemplo, con un diseño diferente del servicio profesional, que pusiera el énfasis en los incentivos positivos y que involucrara a los profesores en su gestión– y ahora repite la historia de siempre: el modelo definitivo se diseñará tomando en cuenta la diversidad cultural y regional; es decir, se harán evaluaciones a la medida del atraso de los profesores rurales que imparten educación ahí donde mayores capacidades y conocimientos se requieren –las zonas indígenas–, si lo que se quiere es terminar con el atraso y la marginación.

La estrategia de la CNTE, probada ya a lo largo de más de 30 años, ha resultado exitosa. Veremos cómo sus dirigentes presos por delitos muy probablemente reales salen de la cárcel, pues con ellos se usó la ley como siempre se ha usado en México: para castigar a los díscolos, no para restringir el latrocinio y la corrupción, como bien lo contó Jesús Silva–Herzog Márquez en su artículo del lunes pasado. Y el Estado mexicano ha terminado actuando como siempre: seguramente la ley no se modificará, pero tendrá una aplicación ad hoc en las zonas controladas por la Coordinadora.

Difícilmente el resultado pudiera haber sido otro, dada la estructura estatal mexicana, apenas tocada por décadas de reformas electorales y “estructurales”. La CNTE misma es producto del arreglo institucional con el que se alcanzó la estabilidad política después de la Revolución. El arreglo corporativo, nudo del segundo de los tres pactos sucesivos en los que se basó el régimen del PRI, el impulsado por Lázaro Cárdenas, dio paso a la existencia de monopolios sindicales que capturaban parcelas de rentas estatales para ejercer el control de sus agremiados. El SNTE mismo es una organización creada bajo el influjo del Estado que ha operado como instrumento de gobernabilidad entre los maestros, gracias a que se le concedió el control del proceso de ingreso, promoción, permanencia y jubilación de los profesores y las tajadas presupuestales necesarias para llevar a cabo esa labor.

La Coordinadora nació con el objetivo de combatir el carácter monopólico y la antidemocracia del SNTE oficial, pero logró consolidarse precisamente cuando se convirtió en beneficiaria de las reglas corporativas. Después de una primera etapa de insurgencia radical, en la década de 1980, durante los años de plomo de la crisis económica, la CNTE se pacificó relativamente cuando obtuvo la sesión de los mecanismos de control corporativo en las secciones que dominaba. Elba Esther Gordillo aceptó sus conquistas territoriales, lo que permitió a los dirigentes de la disidencia hacerse con todas las partidas presupuestales correspondientes al sindicato en sus dominios y con las cuerdas de control clientelista de los profesores que les garantizan hasta hoy el apoyo casi incondicional de su base.

Detrás de su discurso de radicalismo indigesto, la CNTE ha sido, al menos desde 1989, una expresión más del control corporativo de los trabajadores en México. Ha usado todas sus prerrogativas legales e informales para garantizar la sumisión de su hueste. No ha hecho absolutamente nada para aumentar las capacidades y la dignidad del trabajo magisterial en las zonas donde opera y ha echado mano de los recursos públicos que ha controlado para favorecer los intereses de sus líderes. Ha vendido plazas y ha administrado su herencia y su resistencia actual es a la pérdida del control de la carrera de los profesores, porque de eso depende su fortaleza política, sus recursos y su capacidad negociadora.

Si los dirigentes del SNTE oficial se avinieron a aceptar la merma en su papel fue, en buena medida porque saben todos ellos que tienen colas tan largas como la de Elba Esther y gruesos expedientes en la Secretaría de Gobernación, además de que no tienen en su repertorio estratégico ninguna tradición de resistencia ni capacidad de movilización autónoma de sus bases. Están, además, acostumbrados a la disciplina. La CNTE, en cambio, nutrida con un discurso radical, sabe que su posibilidad de sobrevivencia radica en su intransigencia, apostando como siempre, a ganar “por parlamentos”. Una historia vieja, aceda, de la política mexicana.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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