El periodista veracruzano Manuel Torres fue asesinado el 14 de mayo de 2016. Es el quinto periodista asesinado en el presente año. Manuel recientemente había lanzado un proyecto periodístico llamado Noticias MT que tenía como fin registrar e informar los hechos en los municipios de Poza Rica, Tuxpan, Tamiahua, Tantoyuca y Papantla. Manuel Torres murió en el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina: Veracruz. Desde el año 2000 al 2016, 19 periodistas han corrido la misma suerte que Manuel y todos los casos están en un estado de perpetua impunidad. Otros cuatro periodistas están desaparecidos y de 2009 a la fecha se han registrado un total de 239 agresiones contra la prensa. Veracruz es el infierno para la prensa, aunque Javier Duarte y su ineficiente Fiscal, Luis Angel Bravo aseveren lo contrario. De hecho, la Fiscalía de Veracruz, a cargo de Bravo, no tuvo ni la decencia en su comunicado de subrayar que Manuel Torres era un periodista. Pensaron que sin señalar este hecho de interés público el homicidio de Manuel pasaría como uno más en la entidad. Saben que la opinión pública nacional e internacional han presionado mucho a favor de mayor seguridad para periodistas en Veracruz. Aunque prácticamente nada se ha logrado.

Tenemos a un Fiscal dormilón. Un Fiscal que cobra un salario oneroso pero que vive en las sombras. Podría ser por la discreción que su eficiente trabajo le requiera. Pero no, su trabajo sobrepasa la ineficiencia. Ningún caso resuelto en su récord. Nada qué demostrar para que indique que está muy bien pagarle ese salario. El Fiscal en cuestión no es el de Veracruz, antes citado. De ese Fiscal jarocho ya hemos concluido que no sabe investigar pero que sí sabe hacer política. El Fiscal que brilla por su ausencia, por ejemplo cuando asesinan a Manuel Torres, es el Fiscal Ricardo Nájera Herrera encargado de la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (Feadle). Para Ricardo Nájera el homicidio de Torres no mereció ni un señalamiento oficial. Disculpen la ironía, pero tal vez Nájera no se ha enterado que en lo que va del año 5 periodistas han sido asesinados. O tal vez se enteró y ha preferido permanecer en un cómodo silencio en lo que la ira y el mal estar social (malhumor como lo llamó Enrique Peña) pasa y la paz regresa a su oficina.

La Feadle tiene que desaparecer y el primero que se tiene que ir es Ricardo Nájera. Pagarle a un Fiscal que no tiene resultados o bien, porque también el problema de la Feadle precede a Nájera, nos debemos de preguntar seriamente para qué tener una Fiscalía que nació en 2010 y que seis años después no tiene a un perpetrador en la cárcel. Desde que se creó la Feadle 49 periodistas han sido asesinados y lo que tiene para presumir es que no han podido aportar las pruebas suficientes para que un juez pueda castigar a un perpetrador de la prensa.

Hace seis años se creó la Feadle por presión de las organizaciones de la sociedad civil. Lo que se buscaba era tener un área especializada y eficiente para investigar los casos de violación a la libertad de expresión, en especial casos de violencia contra la prensa. A través de los años se ha ido fortaleciendo su marco jurídico, es decir, se le han dado mayores facultades para que sea la Federación y no las autoridades locales, las que investiguen la violencia contra la prensa. Ya tiene esas facultades pero aún así prefiere permanecer en el anonimato y no salir a defender la libertad de prensa de este país. En sus inicios su creación eran buenas noticias y una señal de voluntad política su creación. Hoy es una vergüenza tener una Fiscalía que no investiga, que no hace señalamientos públicos y que guarda un grosero silencio ante la precaria y peligrosa situación que vive nuestra prensa.

La Feadle tiene que desaparecer -y de hecho en la reforma a la PGR hasta el último borrador no se tenía contemplada su permanencia, desconozco si la intención era hacerla más fuerte aunque lo dudo- y entre toda la comunidad tenemos que analizar cuál sería la forma que debería tomar porque la actual claramente solo sirve como una oficialía para recibir quejas y agravios. Cada año, el Fiscal y miembros del gobierno van a Ginebra o Washington DC y argumentan que tenemos una Fiscalía para atender casos de violencia contra la prensa, arrojan números como el de las averiguaciones previas abiertas o bien el número de consignaciones, pero jamás afirman que han cumplido con su finalidad: meter a la cárcel a los perpetradores de la prensa. Los números deslumbran a una comunidad internacional que desconoce que esos números no son más que una simulación de su trabajo y reflejo de la falta de resultados reales. El último caso ignorado por la FEADLE es precisamente el de Manuel Torres.

Pedir el puesto de Nájera no resuelve nada si no se replantea el futuro de la Feadle. Si no se tiene una señal clara de una renovada voluntad política por parte de la presente administración. La FEADLE no funciona para lo que fue creada y la impunidad de los casos de periodistas es promovida por esa misma institución. Lo que no podemos hacer es seguir contemplando como cada mes asesinan a un periodista y el Fiscal Nájera se resguarda en silencio en sus oficinas. Quedarnos en la situación que estamos solamente nos haría cómplices de la impunidad en la que descansan los 97 periodistas asesinados. El Fiscal Nájera tiene que rendir cuentas y mucho me temo que sus interminables cifras no pueden atender el centro del problema: la impunidad, el acceso a la justicia y un estado garantista de la libertad de prensa.

Por lo que si queremos vencer la impunidad desaparecer y reformular la Feadle sería un buen primer paso. Tal vez así se investigue diligentemente el homicidio del periodista Manuel Torres.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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