Julia lleva sobre sus fuertes hombros el peso de las acusaciones contra el Ejército por las ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Tlatlaya el 30 de junio de 2014. Julia es una testigo que vive rodeada de cuatro escoltas y en una casa con infinidad de cámaras de seguridad. Julia sabe que su vida está en riesgo, pero apuesta por la verdad y la justicia porque sabe que si nuestro Ejército puede cometer graves violaciones a los derechos humanos —como los de Tlatlaya— y quedar en total impunidad y opacidad estamos mucho peor de lo que nos habíamos imaginado.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 51/2014 en la que afirma categóricamente que entre 12 y 15 personas habrían sido ejecutadas de manera arbitraria aquella noche de junio. Esta información debería alarmarnos, pero sigo con más: ha podido confirmarse que, según la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), se ha ejercido acción penal en contra de siete militares por haber privado de la vida a ocho personas. La información fue publicada en el informe de la Cámara de Diputados sobre los hechos en Tlatlaya. Entonces, está claro por la PGR y la CNDH que sí hubo ejecuciones extrajudiciales por parte de los militares, “la duda” radica en el número de personas ejecutadas.

A un año de que ocurrieran los hechos gravísimos en Tlatlaya, la justicia está incompleta y la verdad sobre los hechos se aleja cada día más. El ejército y la PGR trabajan en conjunto para dilatar las investigaciones y apostar por el olvido de todos nosotros. La película la hemos visto ya: en unos meses sacrificarán a algunos cabos atribuyendo sobre ellos toda la responsabilidad por las violaciones graves a los derechos humanos. Los medios afines dirán que se ha castigado a los responsables y construirán un terso camino para el olvido.

La opacidad parece ser un elemento intrínseco de las fuerzas armadas. Hace unos días el general Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, dio una entrevista a diario El Universal para tratar de imponer una narrativa —llena de mentiras y medias verdades— que afianzara la victimización del Ejército; incluso cierra la entrevista afirmando que si los cabos son culpables, que se les castigue conforme a derecho [sic], advirtiendo así el desenlace que buscarán imponer.

El general Cienfuegos afirma en la citada entrevista que el caso ha sido tratado de manera superficial por muchos medios de comunicación. El general se enreda en su propia mentira. Recordemos que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) después de los hechos descritos sacó un escueto y superficial boletín (del 30 de junio de 2014) —el cual borró después, convenientemente, de su portal de internet— en el que se leía que la muerte de los presuntos “agresores” se debió a que el personal militar repelió la agresión. Sobra decir que diversos medios retomaron el boletín como verdad absoluta. Éste fue el primer intento de institucionalizar las violaciones graves a los derechos humanos en el ejército. Gracias a un reportaje periodístico de Pablo Ferri para la revista Esquire y a la cobertura de AP (Associated Press) fue que se logró que la información sobre Tlatlaya tomara las dimisiones grotescas que hoy conocemos.

Asimismo, resulta insultante que sea el militar mismo quien aluda a que hay escasez de información sobre los hechos ocurridos, y al mismo tiempo busque reservar los expedientes por 12 años y, peor aún, que se haya tardado un año para salir a decir algo sobre las serias y fundadas acusaciones en contra del ejército. Es cierto, nos falta información, general Cienfuegos, información que usted ha ordenado no darle a la sociedad a pesar del claro interés público de conocerla.

Por último, en su entrevista Cienfuegos omite convenientemente las acusaciones de la CNDH que indican que la escena del crimen fue manipulada por los militares, al mover armas y cuerpos, para sustentar sus mentiras de que el ejército había abatido a 22 delincuentes cuando éstos los atacaron. Tampoco se refiere a la tortura de los sobrevivientes en Tlatlaya. Sobre eso, ni una palabra del general.

El Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presenta el informe sobre los grandes pendientes en materia de justicia, verdad y reparaciones respecto del caso Tlatlaya. El informe no tiene desperdicio y se convierte, de inmediato, en un documento indispensable para corregir el rumbo, buscar justicia y verdad. El Centro Prodh, con absoluta claridad, aporta información sobre las contradicciones, simulaciones, negligencias y errores de las autoridades federales. En su función de abogado de Julia, el Centro Prodh ha logrado arrebatarle al sistema un pedazo de la verdad. Con pruebas irrefutables que aparecen en el informe mencionado, se corrobora que la responsabilidad del ejército abarca mucho más que la que pudieron tener unos cabos irresponsables. Repito, pruebas irrefutables que confirman que no se ha investigado la cadena de mando, y no por falta de pruebas, sino por voluntad política.

La apuesta de las autoridades es por el olvido y la manipulación de la información para hacernos creer que el caso Tlatlaya fue un episodio más de la lucha contra la delincuencia y que los que dudamos del ejército somos nada menos que antipatriotas. Lo cierto es que quienes solapan las graves violaciones cometidas son el nítido ejemplo del arraigado espíritu antidemócrata de nuestras autoridades. Considerar la idea de que se ayuda al país al solapar violaciones graves a los derechos humanos es una de las razones por las que estamos sumergidos en la peor crisis de derechos humanos en nuestra historia.

Esa noche, Julia fue a buscar a su hija en una bodega abandonada y vio a militares que ejecutaban a jóvenes que ya no eran una amenaza contra ellos. Contrario a lo que le indica su miedo, ha decidido no olvidar …“que se investigue y que se diga la verdad”.

Si optamos por el olvido y decidimos hacer caso omiso de la fuerza de Julia, estamos condenados a vivir en un Estado cuyas reglas no incluyen la justicia y el estado de derecho, sino la opacidad y la impunidad. Lo que no debemos permitir que el olvido sea la medida de reparación…

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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