“La tortura y los malos tratos durante la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”; estas palabras encierran el brutal diagnóstico sobre la lacerante situación que prevalece en el país.
Son la conclusión a la que llega el Relator Especial sobre la tortura y malos tratos de la ONU, quien visitó el país a mitad del año pasado y recién acaba de publicar su informe.
A continuación presento otras conclusiones, que reflejan la gravísima crisis de derechos humanos que se vive en el país, extraídas de dicho documento y que demuestran que la tortura y los malos tratos no solo se encuentran más vigentes que nunca, sino que son prácticas generalizadas, realizadas por las autoridades de todos los niveles de gobierno:
La CNDH registró un aumento de quejas por tortura y malos tratos desde 2007 y reportó un máximo de 2.020 quejas en 2011 y 2.113 en 2012, comparadas con un promedio de 320 en los seis años anteriores a 2007. Entre diciembre de 2012 y julio de 2014, recibió 1.148 quejas por violaciones atribuibles solo a las fuerzas armadas.
La tortura y los malos tratos son generalizados en México. El Relator Especial recibió numerosas denuncias verosímiles de víctimas, familiares, sus representantes y personas privadas de libertad y conoció varios casos ya documentados que demuestran la frecuente utilización de torturas y malos tratos en diversas partes del país por parte de policías municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales, y las fuerzas armadas.
La mayoría de las víctimas son detenidas por presunta relación con la delincuencia organizada. Esto se potencia con el régimen de excepción constitucional y legal que afecta a estos detenidos, que incluye el arraigo, la prisión preventiva oficiosa y la posibilidad del Ministerio Público de ampliar el plazo de detención previo a la presentación judicial.
La tortura se utiliza predominantemente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la persona detenida ante la autoridad judicial, y con motivo de castigar y extraer confesiones o información incriminatoria.
En 2012, según una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el 57,2% de los detenidos en centros federales dijo haber sido golpeado durante la detención y el 34,6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión.
Muchos de los entrevistados declaran haber sido detenidos por personas vestidas de civil, a veces encapuchadas, que conducen autos no identificados y no cuentan con una orden judicial ni informan de los motivos de la detención. Cuando se detiene en un domicilio, el ingreso suele practicarse sin orden judicial y se producen daños a la propiedad y robos. La detención va acompañada de golpes, insultos y amenazas.
Las personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares, donde continúan las torturas, que combinan: golpes con puños, pies y palos; “toques” con dispositivos eléctricos, generalmente en los genitales; asfixia con bolsa de plástico; introducción de agua con un trapo en la boca (waterboarding); desnudez forzada; suspensión; amenazas e insultos.
Ante un diagnóstico tan crudo y brutal, sobran los comentarios. Nuestro sistema de procuración de justicia es propio de un país bananero. Sería bueno que tomara nota la nueva procuradora.
El texto completo del informe se puede consultar en http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Pages/ListReports.aspx
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