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Darío Ramírez

05/02/2015 - 12:00 am

Disimulo presidencial

A micrófono abierto, ante una sala llena de prensa, el presidente exclamó “ya sé que no aplauden” como respuesta al silencio en la sala al término de su anuncio de ocho acciones (irrisorias) para combatir la corrupción. El traspié presidencial da señales inequívocas de la autoadulación a la que está acostumbrado el presidente. El aplauso […]

A micrófono abierto, ante una sala llena de prensa, el presidente exclamó “ya sé que no aplauden” como respuesta al silencio en la sala al término de su anuncio de ocho acciones (irrisorias) para combatir la corrupción. El traspié presidencial da señales inequívocas de la autoadulación a la que está acostumbrado el presidente. El aplauso fácil, la retórica banal sin consecuencia y el discurso con las mismas letanías engañosas de siempre, nos hace suponer que el mandatario descansa plácidamente en una burbuja (o a cuadro) lejana de la doliente realidad.

Fotografía: Cuartoscuro
Fotografía: Cuartoscuro

Los números de aprobación de Peña han caído drásticamente. Según la última encuesta de Reforma la aprobación entre los ciudadanos se desplomó del 50% a 39%, esto representa el nivel más bajo de popularidad que ha registrado un presidente desde los años 1995 con Ernesto Zedillo.

Esos números lo dicen todo: No hay nada qué aplaudir, señor presidente.

Llevamos dos años de la actual administración y los actos de corrupción y conflicto de interés en las altas esferas del poder le han quitado el andamiaje al poder político. Ahora, está inmóvil, mal herido y en proceso de agonía. El gobierno peñista no sabe qué hacer o cómo hacerle para salir de la crisis de credibilidad en la que está sumergido.

Y tal vez no pueda hacer nada, seamos francos. Para hacerlo, realmente, necesitaría amputarse elementos casi vitales para sostener el sistema corrupto que alimenta a la clase política y de negocios de este país. No todos son corruptos, pero todo el sistema sí lo es. El amputarse extremidades implicaría correr el peligro de muerte y no veo ninguna señal que indique que los actores beneficiados –como un presidente cuya esposa tiene una casa de 7 millones de dólares, o un gobernador de Chihuahua aporta 6 millones de dólares para la compra de un banco, o un secretario de haciendo que recibe suertudamente una tasa de interés ridículamente preferencial para comprarle su casa de campo al proveedor favorito de su patrón, o el diputado reparte moches, y así un sinfín de casos- quieran amputarse lo que está podrido, ¿porqué lo harían su sus ganancias son jugosas? Nunca hemos tenido sistema que combata la corrupción, eso lo debemos de tener. Por el contrario, el sistema judicial, político y económico está basado en reglas de operación no escritas que reparte ganancias ilegales a todos los involucrados. Por eso hoy argumenta la presidencia que la Casa Blanca de Las Lomas es legal, y en eso tienen razón. De ética pública ni hablamos.

La gravedad de lo que se ha descubierto del conflicto de interés del presidente y miembros de su gabinete requeriría, como se dijo anteriormente, de acciones que cambien el paradigma institucional que hoy tenemos y que claramente no funciona para frenar la corrupción en nuestro país. Con lo que intentan engañar es con hacernos pensar que cambios cosméticos harán la diferencia. Basta de eso.

 Una vez más,  el presidente volvió a cometer un grave error ante la opinión pública y en vez de anunciar un golpe de timón que abonara a la esperanza, arrojó una sarta de ideas inconexas y groseras para la inteligencia del imaginario colectivo.

Ya se ha convertido en costumbre que le presidente, cuando está en alguna crisis, lanza un decálogo, como bien lo dice una nota de SinEmbargo. No importa no haber cumplido los anteriores, sabemos que es únicamente un intento de desviar la opinión pública. En esta ocasión, ocho acciones cosméticas que distan mucho del compromiso que lanzó, el hoy presidente, durante su campaña presidencial: crear un sistema nacional anticorrupción. En campaña se vale decir todo.

Como parte del anuncio presidencial se incluyó el nombramiento de un priísta en la moribunda Secretaría de la Función Pública: Virgilio Andrade. Al buen entendedor pocas palabras, dice el dicho. Según el guión presidencial debemos entender que Virgilio Andrade, investigará a Peña Nieto, su esposa y a miembros de su gabinete y certificará que no han incurrido en conflicto de interés… el chiste se cuenta solo, ciertamente. ¿Pensará Presidencia que verdaderamente hay alguien que crea esta puesta en escena? Lo veo complicado, pero revisando me encontré que Ciro Gómez Leyva, es uno de ellos.

Foto: Especial
Foto: Especial

Si ahí quedara la adulación entendería, pero la sorpresa está al ver las primeras planas de los principales periódicos al día siguiente del anuncio presidencial. El ya conocido nado sincronizado de las líneas editoriales que por arte de magia van en la misma tesitura, como si alguien dictase línea desde la casa presidencial… como si alguien. El tema no es si es criticable o no las líneas editoriales, el problema es la homogenización de la información que sí afecta el derecho a la información de la audiencia. Queda claro que es el brazo mediático de la presidencial de la República en detrimento de un periodismo crítico, independiente y basado en el interés público.

Fotografía: Especial
Fotografía: Especial

Virgilio Andrade no tiene, desde mi punto de vista, ningún voto de credibilidad. Me parece que si hubiese intensión de investigarse por parte de Peña habría señales y acciones en otro sentido. El debate no va hacia si Andrade y el comité de expertos exonerará o no  a su jefe, el punto central de la puesta en escena es que aunque quisiese investigar a su jefe, Virgilio no tiene las herramientas que necesita bajo la Ley Federal de Responsabilidad Administrativas de los Funcionarios Públicos, artículo 8. Y todavía después tendría que pasarle el expediente al otro subordinado que trabaja en la PGR para que finque responsabilidad. Y para rematar, el nuevo secretario tendrá que perseguir –el conflicto de interés- que ni siquiera está regulado en nuestro marco normativo. El chiste presidencial se convirtió  en tragedia.

Foto: Cuartoscuro
Foto: Cuartoscuro

En su discurso Peña tímidamente reconoció que hay la percepción (y yo corregiría que no es solo percepción) que en el tema de Grupo Higa hay conflicto de interés. Para algunos esto ya es una señal positiva. Disiento. Estamos muy hundidos para pensar que esa tímida señal enderezará el barco. Otra timorata señal es el grupo de expertos – del cual no sabemos absolutamente nada- dará seguimiento. No es nueva la estrategia de “ciudadanizar” con expertos estos procesos. Pero de nueva cuenta, se desconoce (y eso ya en sí es una mala señal) qué harán, cómo lo harán, con qué lo harán, cuándo lo harán. Preguntas que darían mayor credibilidad al ya de por si vapuleado anuncio presidencial.

Peña Nieto está preocupado por la percepción pública nacional e internacional. Esa percepción que arruina negocios y legados históricos. Pero el presidente no está preocupado ni interesado por combatir la corrupción. Tampoco lo están los partidos políticos de (seudo) oposición. Ni la mayoría de los medios tradicionales. El sistema está intacto. Lo único que puede ir mermando la estabilidad de dicho sistema es la sociedad civil, la prensa independiente, la academia comprometida y la comunidad internacional. Ahí radica la fuerza de cambio. En los litigios de organizaciones, en reportajes que develen la rampante corrupción, en los estudios y análisis que aporten evidencias de lo que estamos viviendo y la sanción de la comunidad internacional.

Pero de algo estemos claro. Ni Peña ni los beneficiarios del sistema pro corrupción en el que vivimos tienen la intención de cambiar.

Darío Ramírez
Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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