Un gobernador y su esposa depositan 65 millones en un fideicomiso. El gobernador y el Secretario de Hacienda  de la localidad son accionistas mayoritarios del banco en cuestión. La cantidad con la que compró el 15% de las acciones el gobernador no es menor. Pero aquí la respuesta de él cuando se le cuestiona la procedencia de ese dinero aseguró que ha trabajado desde niño (..) “Toda mi vida he trabajado, tengo amigos en Juárez que me conocieron trabajando. Fui lotero muy exitoso en Juárez, a mucha honra; comerciante desde que mi padre me enseñó y soy ganadero desde que nací”. Lo que quiere decir que usted y yo no tenemos 65 millones de pesos porque no hemos trabajado en los lugares correctos.

El 21 marzo fue aprobada la creación del Banco Unión Progreso donde el Secretario de Hacienda del estado, Jaime Ramón Herrera Corral, es fundador y el Gobernador sería uno de los principales socios vía el contrato de fideicomiso por 65 millones de pesos para que la fiduciaria, Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, siguiendo sus instrucciones, realizará la adquisición de acciones del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V y así, el gober banquero, pudiese tener su propia institución bancaria.

Ante las cámaras de televisión, el gobernador asegura sin empacho que el contrato del fideicomiso al que aportó 65 millones de pesos, no tenía instrucciones de comprar acciones en ningún banco. En el mismo reportaje televisivo se exhibe el contrato donde se señala la intención del mismo. Cuestionado al respecto, el gobernador concluye ante la reportera: “¿Usted sabe cuántos papeles firmo al día. Sabe?”

El gobernador Duarte, blindado por su partido político, el PRI, enfrenta el embate de un grupo plural de 66 senadores que han demandado a la PGR que investigue al gobernador (no se ría, por favor). No podemos obviar el tinte político que tienen dichas declaraciones senatoriales comandadas por el senador Javier Corral, sin embargo, eso no le quita la validez a la posición.

Lo cierto es que no ha querido hacer la PGR lo ha hecho un ciudadano. Parece ser la regla últimamente. La oposición política inexistente y la justicia se aplica de acuerdo a preferencias partidistas y al quehacer político. La justica es un ornamento.  Jaime García Chávez, activista y  abogado, presentó una denuncia en contra del Gobernador del estado de Chihuahua por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades. El meteórico enriquecimiento ilícito -y ya sabemos que fue ganadero y vendió lotería- sí le llamó la atención al abogado García Chávez.

La instrucción de Aurelio Nuño fue dar carpetazo al caso La Casa Blanca que presentó Carmen Aristegui. Con una puesta en escena francamente burda y echando a la esposa por delante con argumentos irrisorios el gobierno federal apostó por el olvido. Ninguna autoridad alzó la mano para investigar. Obvio no. Es decir, no terminamos el tema de la Casa Blanca y la relación de la presidencia con Grupo Higa, cuando aparece César Duarte con sus millones para comprar un banco. Vaya que nuestros políticos sacan un infinito proyecto al ver sus puestos como puestos gerenciales para generar negocios. El país y el dinero público están a sus disposición para juntar a los amigos para “hacer negocio”. El requisito es aparentar que todo está dentro del marco de la ley.

En un contexto dónde la mayoría de la prensa tradicional el apuesta poco a la credibilidad, aparece un nuevo reportaje en el Wall Street Journal dónde señala que Peña Nieto compró una casa en una zona cara en Ixtapan de la Sal. Hasta ahí todo bien. La casa se la compró a Roberto San Román Widerkehr. Hasta ahí continua estando todo bien. El Empresario –y ahí deja de estar todo bien- adquirió contratos de obra pública por más de 100 millones de dólares cuando Enrique Peña era gobernador. El apapacho peñista no cesó, ya siendo Presidente de México, en 2012, la empresa de los San Román ha ganado al menos 11 contratos federales por un valor de unos 40 millones de dólares con negocios en varios estados de México. La empresa nunca había ganado un contrato directamente del gobierno federal antes de que Peña Nieto asumiera el poder federal. ¿Coincidencia? No cuando vemos, que el hijo del empresario calurosamente consentido fue el padrino de la primera comunión de Paulina Peña Petrelini. Todo queda entre amigos.

La función pública es ejercida como la plataforma desde dónde se administran el dinero público para realizar negocios para el beneficio del burócrata en turno. Aunado a esta afirmación, debemos de reconocer que jamás hemos tenido una instancia real de combate a la corrupción. Nuestro sistema de transparencia, incluyendo al IFAI, son piezas sueltas y débiles para lo que es nuestro endémico sistema de corrupción. Jamás como país hemos perseguido la corrupción. Jamás hemos puesto en el centro el interés público sostenido en la ética de la función pública. El botín es el dinero público y a por él van todos.

La letanía política sobre al combate a la corrupción ha permeado en el imaginario colectivo. Vemos cómo roban, cómo aparecen fortunas que rondan los millones de dólares y permanecemos arrecidos ante la rapiña del compadrazgo del México Incorporated.

No veo voluntad para extirpar prácticas ancestrales de corrupción. Y no la veo porque la falta de castigo es el aliento puro para las próximas fortunas de los próximos políticos. Hemos comprobado que la clase política no tiene sofoco para mentir ante las cámaras. Saben que toda opinión adversa puede contrarrestarse con una buena campaña publicitaria. Lo único que cambiaría la balanza sería el castigo. No la separación del cargo, no la denuncia pública, sino un castigo ejemplar que avise el resto de las aves que las reglas han cambiado. Mientras eso no llegue, las opciones ciudadanas son pocas.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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