Lejos de lo que piensa buena parte de la opinión pública, las ganancias obtenidas de las actividades ilícitas sí se pueden contabilizar.
El dinero ilícito que sale de México –y que busca ser blanqueado, es decir, volverse legal— representa una verdadera sangría para el país.
Según un reporte de Global Financial Integrity – una ONG que se dedica a combatir los flujos internacionales de dinero ilícito— en las últimas cuatro décadas han salido de este país más de 872 mil millones de dólares de dinero ilícito. En esta categoría encontramos las ganancias del crimen organizado pero también aquellas que son producto de la corrupción y de la evasión fiscal.
En este sentido, cabe hacer dos prevenciones: dicho monto no incluye ni el dinero que ha salido del país en efectivo, ni aquel que se ha blanqueado aquí. Por tanto, las estimaciones que hace dicha institución resultan sumamente conservadoras. Y con todo y eso, no dejan de ser francamente alarmantes.
Veamos.
Como se dijo, durante el período de 1970-2010, se estima que salieron del país 872,000 millones de dólares de origen ilícito. Pasando de alrededor de mil millones de dólares en 1970 a 68,500 millones en 2010, con un pico de 91 mil millones en 2007.
Si lo observamos por décadas, en los setenta esta fuga significó un promedio de 3,000 millones de dólares anuales, creció hasta los 17,400 millones anuales en los noventa, hasta alcanzar una media de 46,900 millones de dólares en la década pasada.
Ello representa que en promedio cada año salió el equivalente al 5.2% del PIB en forma de flujos ilícitos. Destaca 1995, cuando se alcanzó un impresionante 12.7%.
Una cuestión interesante que hay que plantear es hacia dónde va ese capital. Según lo que se ha podido rastrear con los escasos datos del Banco Internacional de Pagos, los principales destinos del capital ilícito de este país son –como no podía ser de otra manera— Estados Unidos y los paraísos fiscales del Caribe (Islas Caimán, Bahamas, Bermudas, Aruba y una largo etcétera) y Europa (Suiza, Andorra, algunas islas británicas, Luxemburgo).
A pesar de todo, tres cuartas partes de esta fuga de capital tiene que ver con la evasión fiscal, y no con actividades que reciben mayor atención mediática como el tráfico de drogas y personas o la corrupción política.
Suponiendo que este capital hubiera pagado impuestos en México –y calculando una tasa conservadora del 10 por ciento— significa que el Estado dejó de percibir alrededor de 87 mil millones de dólares: más de un billón de pesos al cambio actual.
Tal y como concluye el reporte, lo cierto es que “los flujos ilícitos le roban a México fondos necesarios para nutrir el crecimiento económico y reducen el ingreso fiscal que el gobierno necesita para financiar escuelas, hospitales, infraestructura, y las luchas contra la pobreza y el crimen organizado”.
Resulta apremiante que el Estado mexicano –en coordinación con las instituciones internacionales y los demás países afectados— cierren las salidas a toda esta masa de recursos que lejos de impulsar el desarrollo de los países, lo socaban.
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