En vez de aportar más información para resolver la situación y dar certidumbre a la sociedad, el gobierno de Rafael Moreno Valle opta por la defensa mediática, por la opacidad, la manipulación y el uso de todos sus recursos públicos para limpiar su vapuleada imagen. Lo cierto es que Moreno Valle ha optado por alejarse de la justicia, de rendir cuentas, de resarcir el daño y castigar aquellos que merecen ser puestos ante la justicia. Cualquier gobernante semi demócrata optaría por enfrentar la crisis, no esconderla. Pero para enfrentar la crisis el piso mínimo es apelar a la justicia, imparcial, pronta y expedita. Elementos ausentes desde el 9 de julio.

Es ridículo que a semanas de los hechos en San Bernandino, Chalchihuapan sigamos sin tener certeza quién mató al niño José Luis Tehuatlie Tamayo y con qué. Amplia evidencia apunta a que fue la bala de goma. La explicación  sobre este vacío de información es simple. El procurador Carrancá decidió abandonar la investigación (que jamás habría sido parcial) para litigar en medios y hacer un torbellino de confusión. Esa confusión a la que estamos todos tan acostumbrados. No sabemos qué creer y ni a quién creerle. Ahora según la publicación digital Central, uno de los supuestos policías golpeados que salen en el video promovido por el gobierno para achacar los actos violentos a los pobladores de San Bernandino, no es más que un persona detenida en 2011 por trata de personas.

Entonces, entre peritajes de la PGR (a semanas de los hechos) y de la PGJP no tenemos nada real. Que si un cuetón, que si fotos con la bala incrustada en la cabeza, que si el parte médico se cambia, que si se presiona a la madre, que si se culpa a los manifestantes, que si una foto evidencia cómo dispararon balas de contra los cuerpos de los manifestantes. Desinformación, desinformación y seguramente jamás sabremos lo que pasó y mucho menos alguien pagará y asumirá las responsabilidades.

Mientras redactaba estas líneas la Procuraduría poblana dio conferencia de prensa para afirmar (con animaciones en video como prueba) que el menor murió por un cohetón de los manifestantes. ¿Será verdad? a estas alturas es imposible creerle al gobierno. Lo cierto es que la versión casualmente ayuda a quitarle algo de culpa al Gobernador Bala. Sin embargo, la confusión, desinformación y manipulación provocará que nunca sabremos bien lo que pasó. Al final, señor gobernador, es imposible creer su versión y sus siete conclusiones que anunció ayer:

Será un tanto ridícula la pregunta: Pero ¿cómo es que estamos tan acostumbrados al desdén a la justicia por parte de nuestras autoridades? La única respuesta que me viene a la mente es que jamás hemos conocido otras normas de convivencia y de gobierno. No es que tuvimos un estado de derecho y luego lo perdimos. Más bien hemos perdido el rumbo en su construcción. La justicia hoy se alquila, se compra, se negocia y prorratea. Pero, al mismo tiempo, arroja los más pírricos resultados para no enervar más de lo acostumbrado a la sociedad. Vivimos en el mínimo.

Es cierto que al crecer la crisis los enemigos políticos de Moreno Valle cargan municiones contra el mandatario. Y sí, así el juego político. Pero en ese clamor por destituir al gobernador veo pocas voces del lado de las víctimas, de la madre de José Luis Alberto, de los vecinos  que reclamaban la marcha atrás de una decisión política. Al final el problema sigue ahí sin ser atendido.

La semana pasada escribía en este espacio sobre el gobernador y sus medios. El contubernio corrupto entre medios de comunicación que han renunciado a sus función social para ser una extensión de la oficina de comunicación social del gobierno.

Resulta paradójico que tengamos el sistema ombudsman más gran de y caro del mundo. Tenemos 33 oficinas defensoras de derechos humanos. Faltaría tiempo y espacio para dilucidar sobre la función de éstas. Pero por ahora enfoquémonos sobre la CNDH y el caso de San Bernandino y la Ley Bala.

La impunidad pasa por la cooptación de las instituciones. Cuando se desvía su propósito y se cambia por decisiones basadas en intercambios políticos. La CNDH raramente hace su trabajo. Sé que es una aseveración dura, pero la puedo afirmar. Raúl Plasencia Villanueva es un político más, no un defensor de derechos humanos. Porque para ser un defensor, el primer paso debería ser estar del lado de las víctimas (por eso aquel nombre de "defensor del pueblo"). La CNDH con sus más de mil trescientos millones está confundida y piensa que su papel es ser neutral entre el Estado y la sociedad. Confusión peligrosa cuando se habla de defender a la sociedad de violaciones a derechos humanos por parte de autoridades.

El organismo autónomo hace acciones inócuas, superfluas y sin profundidad, por lo menos en la mayoría de ellas. En su actuar siempre tiene en consideración el elemento político no el de las violaciones a derechos humanos. Por ello, cuando tiene que rendir informes, sus números y acciones son decorosas, como capacitar funcionarios, promover los derechos humanos, etcétera.

La CNDH es otra secretaría de estado pero en alquiler, es decir, abierta para las ofertas de cualquier gobernador o funcionario. El caso de Puebla es contundente. Mientras organizaciones civiles denunciaban la Ley Bala, la CNDH osó darle el visto bueno, así de fácil. Al día siguiente el Sr. Plasencia recibía un ágape por parte de Moreno Valle y le otorgaba un honoris causa.

El hombre detrás de ese contubernio es Juan Pablo Piña Kurczyn, abogado del gobernador Rafael Moreno Valle, y exsexto visitador de Raúl Plascencia Villanueva. El objetivo es evitar la recomendación de la CNDH en el caso del  uso excesivo de la fuerza pública por parte de las autoridades poblanas y la muerte del menor José Luis.

Raúl Plasencia busca a finales de año su reelección al frente de la CNDH. Si por su trabajo fuera obviamente el señor no repetiría al frente de tan importante organismo autónomo. Sin embargo, es una negociación política (dónde el PRI lleva la mano) y para esta necesita favores de actores claves y poderosos en el Senado. En este caso de Puebla, como en muchos otros, Plasencia busca agraciar a los que debería estar escudriñando, observando y presionando.

Mientras escribo reparo que jamás hemos tenido una CNDH autónoma, independiente, parcial, transparente, fuerte, del lado de las víctimas. La CNDH nació intoxicada y sigue intoxicada. En papel la CNDH es el organismo que todo pueblo querría tener. En la práctica, es una simulación más solapada por su Consejo Consultivo.

Nació bajo una idea noble, su desarrollo ha sido más normativo que práctico. Su lejanía de brindar protección a las víctimas está presente en cada caso. Las recomendaciones a autoridades es su arma más poderosa. Y esta la usa tendenciosamente hasta lograr que tenemos un sinfín de violaciones que simplemente no "alcanzan" recomendaciones.  Eso sí, después de que algún hecho, como el de Puebla, llega a ser titular, lo primero que afirma la CNDH es que ha abierto una averiguación. De ahí no pasa. Averiguación tras averiguación sin resultados.

En pocos días el caso de San Bernandino será una historia más inconclusa. Una de tantas. Una donde ni la prensa, ni las autoridades y ni la CNDH hicieron su trabajo. Al parecer lo que menos importa es la gente, los hechos y las violaciones. Nadie resultó culpable y es como si San Bernandino no existió. Pero José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo sí murió. Vaya.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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