Hoy en Puebla se libra una batalla mediática y de información. El día domingo el gobernador Bala, Rafael Moreno Valle, convocó a un cónclave con medios de comunicación. Hasta ahí todo bien. Uno supondría que a la reunión estaban convocados todos los medios de comunicación, y que la reunión sería para informar sobre muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años, quien murió víctima de las balas de goma que disparó (de acuerdo a testimonios y evidencia) la policía de Facundo Rosas (conózcasele por su cercanía a Genaro García Luna, aquel que montaba espectáculos para los medios de comunicación, entre otras cosas) a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla.

La reunión tuvo otro fin. Solamente fueron convocados los medios amigos-afines-compinches-chayoteros. La reunión no tuvo el objetivo de informar sino, al parecer por los resultados, tuvo el objetivo de diseñar y trazar una estrategia de comunicación para hacer frente a la vapuleada que estaba recibiendo el gobernador Moreno Valle.

Usted se estará preguntando porqué el gobierno y medios (algunos) hicieron dicho ejercicio en conjunto, ¿acaso no los medios de comunicación tienen otro papel? ¿De cuándo acá los medios comerciales tienen la responsabilidad de coordinarse con comunicación social del gobierno? No solamente es contradictorio, sino pernicioso para una sociedad.

Al salir de la reunión, la estrategia estaba dada: Paso 1. “El niño no murió por bala de goma, sino por un cohetón” (se deslinda la responsabilidad a la policía de Rosas); Paso 2. La madre (mala madre) tuvo la culpa porque no protegió a su hijo; Paso 3. Darle voz a los “pobres” policías que fueron golpeados por los manifestantes, es decir victimizar al Estado. Ellos sólo se defendieron; Paso 4. Los pobladores rijosos y violentos tuvieron la culpa y se lo merecían.

La estrategia del gobierno de Puebla es litigar en medios. Eso está claro. Ahí va el procurador a programas de gran audiencia a decir sus inconsistencias y mentiras. Pocos lo cuestionan. El circo mediático parte del hecho de que las preguntas periodísticas no son para indagar, cuestionar o incomodar al personaje con el fin de llegar a la verdad. No, el circo parte de una puesta en escena donde no se habla de los hechos, donde el estado no rinde cuentas, donde curiosamente no hay responsables, donde la intensión es hacer todo para no parecer responsables de nada.

¡Alguien dio la orden de atacar!, ¡alguien dio la orden de disparar balas de goma! ¡Alguien disparó balas de goma y una de ellas acabó en la cabeza de José Luis Alberto! Pero parece ser que eso no es relevante.

La prensa que se acomoda al dinero público que reparte el gobernador con completa discrecionalidad. Ha sido ampliamente discutido cómo la discrecionalidad en el otorgamiento de la publicidad oficial (es decir la compra de espacios con dinero público) es la manera en como el poder coopta a los medios. Millones y millones están en juego. Es, sin duda, uno de los problemas más serio que enfrenta nuestro sistema de medios y con ello nuestra democracia.

Recordemos que fue Enrique Peña quien prometió al inicio de su administración que mandaría una iniciativa para regular el alud de dinero público en medios. Una promesa incumplida. La caja chica es demasiado grande.

Pero poco se habla de la responsabilidad ética de los medios en relación con el dinero público. Hasta ahora es fácil adoptar el discurso de “víctima” por parte de los medios. Pero lo cierto es que corromper su oficio es una decisión. Ellos deciden ir en contra de su esencia y función social. Otros medios deciden lo contrario y se las ven negras, pero deciden no traicionarse o venderse. Otra vez: es una decisión. El vacío en la regulación conviene a ambas partes.

Solamente en democracias tan insolentemente débiles el procurador puede salir a decir una afirmación sin ninguna prueba. Digamos que está en su derecho de decir. Pero lo igualmente insólito es que lanza su afirmación (sin sustento) y la prensa la reproduce como si fuera válida de manera automática. Lo que debería ser una investigación sigilosa e independiente, se convierte en un juicio mediático con mucho ruido pero sin justicia.

Al mismo tiempo (y es una buena noticia) hay otro tipo de prensa en Puebla. Una prensa que no está dentro de la nómina del gobierno. Otra prensa que advirtió desde el primer momento el uso de las balas de goma. Que dio cuenta del homicidio de José Luis a los pocos minutos. Que informó sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Una prensa que puso en evidencia que las autoridades no entregaron el cuerpo del menor a la madre sino después de 48 horas. Que contó el entierro del menor y dio voz a los pobladores. Una prensa que expuso cómo la madre estaba siendo presionada por funcionarios locales para que desistiera de demandar justicia. Una prensa que recordó que la manifestación era por una demanda legítima: no quitar el registro civil de la zona. Esa prensa, tarde que temprano, comenzará a sentir la ira del gobernador Bala. Comenzarán, y perdón por el mal augurio, a recibir presión, amenazas y vivirán un clima inaudito de hostilidad. Ojalá, ojalá me equivoque.

El gobierno de Rafael Moreno Valle esconde, engaña y desinforma. Y lo hace con la ayuda de medios relevantes. Si había alguna duda sobre su talante democrático, el caso de San Bernandino lo ha expuesto a la sociedad. Lo que preocupa es que abundan los gobernadores enemigos de la prensa independiente y crítica. La praxis de Moreno aparece en Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y muchos otros estados.

La libertad de prensa protege a la mala prensa. Eso está claro. Un pobre periodismo daña el centro neurálgico de la democracia pero tiene derecho a existir. Lo que nos hace falta en la ecuación, es una sociedad/audiencia que asuma su papel dentro del sistema de medios. Mientras solamente seamos receptáculos de mentiras y versiones contradictorias, el camino está allanado para la desinformación que alimente la corrupción y mantenga el status quo.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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