Dentro de la reforma energética presentada por el Presidente Peña Nieto se contempla la conformación del llamado “Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo”.
La intención, según nuestros gobernantes, es que “los ingresos que el Estado obtenga por las actividades de exploración y extracción, deben servir para fortalecer las finanzas nacionales, con visión de largo plazo, en beneficio de las generaciones presentes y futuras de mexicanos”.
En particular, se busca que hacienda continúe obteniendo importantes ingresos del petróleo, lo cual no deja de ser lógico. Para efectos del reparto, tendrá prioridad la propia secretaría de hacienda, las sustanciales participaciones que obtienen estados y municipios, y después algunos programas especiales para impulsar la ciencia y la tecnología en el país.
Una vez que se lleve a cabo esta repartición, lo que sobre –sin entrar a los detalles técnicos— se destinará al citado fondo del petróleo. La idea es copiar lo que hacen algunos fondos petroleros de otros países –destacadamente Noruega— para generar ahorro de largo plazo, y que se utilizan (o utilizarán en el futuro) para financiar cuestiones vitales como las pensiones o el sistema de protección social.
En la propuesta hay una serie de reglas de operación que disponen que dicho ahorro –cuando exceda de cierto monto— podrá destinarse a objetivos que se consideran como de interés general, como la pensión universal o las energías renovables.
Hasta aquí todo suena bien. Sin embargo, como siempre ocurre, el diablo está en los detalles.
El artículo 16 de la iniciativa dispone que los recursos del fondo “podrán ser transferidos de manera extraordinaria a la Tesorería de la Federación para cubrir erogaciones del Presupuesto de Egresos”. Es decir, después de establecer –y vendernos— todos los objetivos por demás loables de este fondo, el Presidente pone una excepción sumamente vaga para que en la práctica, hacienda pueda disponer de los recursos del fondo de manera prácticamente libre.
Dicho en términos llanos, todo lo del fondo y el ahorro para las generaciones futuras corre el peligro de ser simplemente publicidad engañosa. Más de lo mismo que hemos visto en los últimos años, en donde solamente en excedentes petroleros nuestros gobernantes –de todos los niveles de gobierno— se han gastado más de un billón de pesos (un millón de millones) sin que ello haya tenido efecto alguno en el crecimiento económico, en el combate a la pobreza o la generación de infraestructura productiva.
Esperemos que nuestros legisladores modifiquen esta grave equivocación de la propuesta del Presidente Peña.
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