Tenemos un nuevo IFAI y no sabemos cómo va a funcionar. Siete comisionados acaban de ser nombrados para darle vida al nuevo instituto autónomo encargado de velar por el derecho a la información. Optimista sobre cómo trabajarán los nuevos comisionados no soy. Tampoco tengo evidencia para asegurar que ha sido un desacierto sus nombramientos. Considero adecuado guardar cautela antes de emitir un juicio en esta materia.

El IFAI se ha vuelto un referente en nuestra vida política. Haberle entregado autonomía fue un acierto. Haber reformado la Constitución y fortalecer el régimen de transparencia se traduce en darle mayores herramientas a la sociedad para fiscalizar al Estado. Ahí vamos por buen camino.

Como país tal vez podemos reconocer que tenemos un don para diseñar y crear instituciones. Para un problema una institución, parecería ser nuestra lógica. Y así, nuestra administración pública está llena de comisiones, coordinaciones, institutos, etcétera. Así nació el Conapred, Inmujeres, Imjuve, entre otras. Muchas de ellas francamente inútiles. Aunado al pobre diseño institucional de muchas de ellas, recurrentemente nos enfrentamos a un problema no fácil de resolver: la selección de las personas a cargo de las instituciones. El problema es muy sencillo de determinar, ya que en la mayoría de los procesos de selección o designación son los partidos políticos quienes proponen y autorizan las candidaturas. El núcleo del problema y la más severa crítica, es que los procesos se realizan bajo prebendas e intercambios entre partidos, la llamada cuota de partidos, que no es más que un vil intercambio de favores o trueque.

Como resultado de este intercambio de intereses partidistas está el hecho de que los puestos no son ocupados por las personas más capaces, sino por el alfil de algún partido político que fue el que ganó la negociación. Así, se deshecha el interés general del puesto para banalizar el nombramiento con personajes que llevan como encomienda defender los colores partidistas o de grupo. Llamémosle la partidización de puestos claves en la administración pública. El problema se agrava cuando nos referimos a puestos de órganos autónomos con mandatos que versan sobre la defensa de derechos de la ciudadanía.

La decisión de apoyar a un candidato por parte de un partido político, lo podemos ver desde dos ángulos. Uno que respalda la teoría de que será defensor de los intereses del partido, o la otra, de que el candidato no será su alfil, tal vez cercano a sus principios, pero con plena autonomía en sus funciones y decisiones. Sin embargo, con mayor frecuencia vemos cómo toda designación se realiza bajo tintes partidistas. Y, por si esto no fuera poco, en ningún proceso, hasta la fecha, los partidos políticos se toman la molestia de rendir cuentas y señalar que los llevó a votar por tal o cual candidato. En resumen, las cuotas partidistas han cooptado las instituciones públicas como un ejercicio antidemocrático, imponiendo perfiles sin voluntad ciudadana, como extensiones del poder en turno.

La selección del nuevo pleno del IFAI se ha descrito como un proceso innovador, pero con un desenlace poco transparente. Lamentable para un proyecto tan interesante. Este nos arrojó un IFAI totalmente pintado de colores partidistas. Se puede determinar claramente qué comisionado fue postulado por qué partido. Nunca antes habíamos tenido un IFAI con estas características, por un lado un grupo de expertos definió los perfiles, por el otro el séptimo comisionado es un personaje muy cercano al partido de Estado. Me explico.

El elemento innovador del proceso de selección (hubo 158 candidaturas) consistió en la incorporación de un grupo independiente de expertos. A pesar de que la convocatoria no lo consideraba, organizaciones expertas en transparencia sugirieron al Senado que el primer filtro de selección fuese un grupo de expertos independientes conformado por Agustín Millán (ExComisionado del InfoDF), Mauricio Merino (CIDE), Issa Luna Pla (IIJ), Eduardo Bohórquez (Transparencia Mexicana), Eduardo Guerrero (LANTIA Consultores), Haydeé Pérez (FUNDAR), Jaqueline Peschard (ExComisionada del IFAI), López Ayllon (CIDE), Pedro Salazar (IIJ) y Alejandro González (GESOC). La metodología del grupo para la selección de los candidatos se hizo pública con la intención de que las 25 propuestas tuvieran una base objetiva; incluso reconociendo que los resultados podrían favorecer perfiles no sensibles a las acciones de la academia o la sociedad civil. Al final, la lista con sus matices fue entregada a los Senadores para que eligieran a los siete finales.

De la lista del grupo de expertos el Senado nombró a 6 comisionados: Francisco Acuña Llamas, Óscar Guerra Ford, Patricia Kurczyn, Joel Salas Suárez, Ximena Puente de la Mora y Areli Cano Guadiana.

Rosendo Eugenio Monterrey fue el séptimo seleccionado a pesar de haber sido descalificado por los expertos. Sin embargo con el respaldo del PRI consiguió el nombramiento. La pregunta obligada es por qué tanto interés, la respuesta: sus históricas colaboraciones con el partido del gobierno federal. Monterrey quien presidió el Instituto de Transparencia del Estado de México, es identificado como cercano al círculo del presidente Enrique Peña Nieto y como asesor del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray -cuando trabajó en el gobierno mexiquense. Durante la gestión de Monterrey el Instituto de Transparencia mexiquense, quedó en penúltimo lugar al ser evaluado por organizaciones civiles. Según Articulo 19 y México Infórmate en el INOGDAI “Reprobó en transparencia y rendición de cuentas, promoción del derecho de acceso a la información y en la resolución de controversias” al obtener el penúltimo lugar, sólo arriba del Instituto de Transparencia de San Luis Potosí que no entregó casi nada de la información solicitada.

Dentro del proceso y los perfiles, es necesario señalar -con pesar- la ausencia de candidatos a comisionados del IFAI que provengan de la sociedad civil, un sector que ha impulsado la agenda de transparencia con mayor ahínco que cualquiera. Dentro de los 25 había candidatos importantes y con gran trayectoria, pero su defecto fue no ser amigo de los partidos políticos.

La preocupación de tener un IFAI pintado de colores partidista es fundada. Hay antecedentes de comisionados que defienden más intereses de gobierno que el interés público de la información. Esto no quiere decir, de ninguna manera, que haya que descalificar a priori al nuevo pleno. Simplemente quiere decir que la sociedad y las organizaciones señalaremos con argumentos basados en sus acciones las carencias y limitaciones del pleno, para identificar si los presagios fueron realidad o no.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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