Cuando presentamos el informe Disentir en Silencio, nos encontramos con un dato alarmante y de difícil comprensión. En el primer año de Enrique Peña Nieto bajó el promedio de homicidios contra periodistas. Este hecho ha dado pie a un discurso triunfalista del gobierno federal. No han cejado en celebrar ante foros internacionales que hoy contamos con una ley de protección y un mecanismo de protección a periodistas. Lo que convenientemente omiten, es su lacerante ineficacia.

A pesar de que los homicidios contra los periodistas han bajado considerablemente, las agresiones contra el gremio han crecido 59% en un año. Cuando hablo de un número mayor de agresiones, me refiero concretamente a intimidaciones, amenazas, hostigamiento, violencia física y ataques cibernéticos. Desde el año 2006 hemos documentado agresiones contra periodistas. Tan sólo el último año sumaron 330. Desde el año 2000, 77 periodistas han sido asesinados; en 6 de cada 10 agresiones hay un funcionario público detrás. La tasa de impunidad de la violencia contra periodistas está por arriba del 90%. Hoy, como en ningún otro momento de la historia existe un aparato estatal con la finalidad de proteger a periodistas y castigar a quienes cometen agresiones contra la libertad de expresión. Nuestro trabajo consiste en señalar la inoperancia del Estado, el trabajo del Estado es garantizar y proteger.

La pregunta obligada es: ¿por qué han bajado los homicidios y han subido otros tipos de violencia?

Una hipótesis es que el homicidio no es necesario. Si volteamos a ver el marcador y vemos que llevamos 76 homicidios sin resolver, en ese momento, una amenaza de muerte, un acto de intimidación, la obtención ilegal de información privada es suficiente para apelar a la censura como acto de protección. El recorrer diversas mesas de redacción en el país me ha posibilitado reconocer que la autocensura es una forma de protección. Demasiados muertos y demasiada impunidad. Ante la falacia de protección estatal, hoy salvaguardar la integridad física pasa por guardar silencio. Y, al mismo tiempo, reconocer que ante las amenazas (por más sutiles que sean) estamos indefensos.

Esto sólo cambiará cuándo el Estado cumpla con su responsabilidad. Mientras siga la simulación, mientras las amenazas sean tan eficaces como han sido por la falta de protección, ¿para qué matar cuando puedes amenazar, hostigar  e intimidar y ser eficaz en conseguir el silencio?. Entonces, lo que nos debemos de estar preguntando es: ¿Cómo podemos hacerle frente a un mayor número de amenazas y hostigamientos por parte de perpetradores que buscan silenciar periodistas y defensores? ¿Cuál es la fisonomía de las amenazas para poder hacerles frente? ¿Qué medidas adoptar ante un incremento sustancial de amenazas contra periodistas? ¿Qué debe de hacer el mecanismo de protección ante amenazas más sutiles pero igual de eficaces?

Continuamente recojo mayores evidencias que las amenazas contra periodistas son elaboradas más hábilmente, menos burdas y más disfrazadas. Por ejemplo, cometer un robo (en los hechos) pero verdaderamente no robarse lo que se podría haber llevado, asaltar pero no llevarse nada de valor. Seguir durante horas a personal de organizaciones de derechos humanos. Ante estos hechos, que pongo únicamente como ejemplo, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Denunciar que nos roban o asaltan? ¿Denunciar que el acto de intimidación es tan sutil pero eficaz?

El umbral para denunciar de un acto de intimidación o amenaza disfrazada no puede ser alto. La carga de la prueba para determinar si es un acto intimidación o amenaza real recae en las autoridades. Las técnicas de amedrentamiento se han sofisticado tanto en el último año que me parece mezquino alzar el umbral como si nosotros fuéramos el ministerio público. Con esto no digo que no hay que guardar una cautela, pero una cautela basada en hechos. Y, perdón, si me voy a equivocar, prefiero equivocarme por hacer de más y no de menos.

El caso que ejemplifica esta duda es la alerta que Artículo 19 sacó en días pasados sobre actos de intimidación contra Denise Dresser. Increíble la cantidad de comentarios que llegaron criticado que hayamos emitido dicha alerta. Al respecto, y como elemento que abone al análisis del contexto y protección, así como un acto de trasparencia de la organización,  me permito señalar los siguientes puntos:

Las críticas hechas a nuestra alerta en torno al caso de Denise pueden agruparse en tres:

1.- Se banaliza el papel de las alertas de la organización. Las alertas de ARTICLE 19 tienen la función de denunciar abusos y prevenir futuras agresiones a periodistas (nótese el verbo “prevenir”), comunicadores o contra quienes ejercen públicamente el derecho a expresarse. Bajo esta premisa las alertas dan cuenta de los asesinatos contra periodistas y comunicadores, amenazas, entorpecimiento de la libre circulación o detenciones arbitrarias. En el caso particular no podemos hacer caso omiso al miedo (basado en el la obtención de información privada) que denunció Dresser por las consecuencias de sus expresiones contra un representante del Estado Mexicano: Manlio Fabio Beltrones. Article 19 no califica si es un miedo fundado o infundado. La información objetiva daba para poner a las autoridades sobre alerta y de ahí partir. Si al final, y ojalá así sea, no pasa nada, entonces la alerta no será inocua.

2.- ARTICLE 19 abusa de su mandato. Somos una organización independiente cuyo único y más alto interés es la defensa de la libertad de expresión y acceso a la información. De ninguna manera actuamos para obtener un beneficio o prebenda de algún tipo. En este caso la emisión de la alerta reconoce la complejidad del ejercicio del poder en nuestro país, el recuento histórico de los abusos de quienes, desde la clase gobernante, han dañado sistemáticamente el ejercicio la libre expresión en México; y, por último apunta de nuevo a un Estado que no ha escatimado en simular y mentir con la defensa de los periodistas.

3.- El trabajo de Dresser no merece una alerta de ARTICLE 19. En un país con los índices de violencia generalizada y particularmente contra comunicadores, donde el Estado es cómplice de la violencia ¿quién no podría tener miedo? El miedo es subjetivo, evaluamos el posible riesgo y el nivel de exposición de los periodistas que se sienten intimidados pero no hacemos un juicio sobre el reclamo legítimo de certeza jurídica y estabilidad. Si bien el caso concreto se dio en el marco de una réplica tradicional, ARTICLE 19 no es juez ni filtro del miedo que, dado el contexto, sientan los columnistas, periodistas, blogueros o comunicadores. No distinguimos, como quisieran, entre el estatus, fama o nivel socioeconómico de quien necesita protección; creemos que el Estado debe brindar acceso igualitario a todos a la posibilidad de ejercer sus derechos en libertad.

En el caso particular, hubo una solicitud expresa de Dresser al Mecanismo de periodistas y  no hubo, como en la mayoría de los casos, respuesta de las autoridades. Por ello asumimos, como con tantos otros periodistas, la responsabilidad de visibilizar la omisión estatal y exigir el debido cumplimiento de sus obligaciones. Es el Mecanismo y no Article 19 quien decidirá si el miedo de Dresser es fundado o no.

Entendemos y aceptamos las críticas por este caso. También refrendamos nuestro compromiso con ayudar a la construcción de un país donde el miedo no sea la regla sino la excepción, donde el Estado no tenga la posibilidad constante de abusar de su posición impunemente. Donde expresarse en libertad sea certeza y no incertidumbre.

Ojalá no tuviéramos que emitir ninguna alerta, no para Dresser ni para los periodistas de Veracruz. Eso sería lo ideal. Pero mientras las amenazas y hostigamientos crezcan, las alertas seguirán estando presentes. Las formas de amenazas han cambiado, con ello debemos de cambiar todos.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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