Por más de dos décadas el México ha jugado un papel relevante en el ámbito internacional de los derechos humanos. Las Naciones Unidas ven en México un líder para impulsar convenciones y conferencias. El gobierno de Fox abrió la posibilidad de que todos los mecanismos especiales como comités y relatores de la ONU pudieran visitar México. De esta manera hemos tenido un número importantes de visitas e informes de visitas que arrojan un panorama sumamente preocupante del goce de derechos humanos en México.

La semana pasada, nuevamente, el gobierno Mexicano coleccionó recomendaciones que se derivaron de un ejercicio de revisión por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. México no falló a su voluntarismo internacional y aceptó más de cien recomendaciones sobre derechos humanos. El discurso oficial se basó –muy hábilmente-  en no recular en la aceptación de la mayoría de las recomendaciones (el costo político sería demasiado alto) elaboradas por otros países.

De esta manera, México ya cuenta con una enciclopedia de recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos. Para la sociedad civil, los señalamientos internacionales son herramientas fundamentales para el trabajo de incidencia y presión a las autoridades mexicanas.

Leer el discurso de Lía Limón en Ginebra, me lleva a una obligada reflexión sobre esa dicotomía (y tal vez esquizofrenia) que estamos viviendo. La colección de visitas y recomendaciones internacionales ha servido poco para cambiar la realidad en México, y al mismo tiempo, es un oxígeno puro para las autoridades en turno. Mi intención no es decir que se deje el escrutinio internacional de lado, sino más bien replantear de qué ha servido en términos reales esa actitud progresista y protectora del gobierno mexicano, cuando el deterioro de diversos derechos humanos en México ha sido constante. Salimos, como país a condenar atropellos en otros países, pero, al mismo tiempo nuestra realidad es más que preocupante.

Es claro que los periodistas y defensores de derechos humanos hoy en día vivimos en un estado de mayor vulnerabilidad. Eso omite convenientemente la Subsecretaria cuando habla de la situación de nuestro país. Las agresiones contra la prensa han crecido en porcentajes inimaginables y la delegación oficial mexicana se acoge al oportuno silencio.

Hoy somos más vulnerables, aunque se omita en el discurso oficial porque a pesar de tener una ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, un mecanismo de protección, una fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión y más de 200 millones para brindar medidas de protección…. Los números de agresiones contra ambas poblaciones son mayores. Es otras palabras, a pesar de contar con una respuesta institucional (que es la que placea la delegación mexicana en todo foro internacional) hoy la vulnerabilidad es más grande porque es evidente que la respuesta del Estado mexicano es ineficaz.

Atrás de la instalación de un mecanismo de protección en la Secretaría de Gobernación hay un incansable trabajo de organizaciones de la sociedad civil. Desde mucho antes que la actual administración se hiciera cargo de la ausente política pública de derechos humanos, muchos actores sociales habíamos sugerido la necesidad de contar con respuestas de gobierno eficaces para hacer frente a un alud de agresiones. El deteriorado contexto obligó a respuestas institucionales. Así nacieron la ley y el mecanismo citado.

El diseño institucional de ambos es bastante deficiente, y así lo advirtió Artículo 19 en su momento, no obstante, trabajamos continuamente en la presentación de casos de protección. El mecanismo de protección es una instancia que le pertenece a la sociedad civil, no a los burócratas de turno. Las severas y necesarias críticas contra el mecanismo únicamente sirven para ilustrar un secreto a voces que es: el mecanismo no funciona.

El discurso de Lía Limón en Ginebra sobre el mecanismo de protección no se basa en una dicotomía, sino en información incorrecta, parcial y tendenciosa. Entiendo que ese era su papel, defender al Estado mexicano, pero en su parcialidad para ver la realidad omite con dolo la indefensión de periodistas y defensores de derechos humanos en México.

El proceso de consolidación del mecanismo ha sido ineficaz. En dos años podemos reconocer avances pero no lo suficientes para asegurar, como lo hace el gobierno, que la política pública de protección es mínimamente eficaz y que poco a poco genera un clima de confianza entre población beneficiaria.

Mientras el gobierno federal recorría Ginebra y Washington  buscando deslumbrar a la comunidad internacional sobre el trabajo del mecanismo de protección, en el país el mismo mecanismo naufragaba. A unos días del discurso de Limón en Ginebra, el mecanismo vive su peor crisis institucional en su corta vida.

Dos cartas pusieron en evidencia la crisis del mecanismo. Primero, cuatro exfuncionarios públicos a cargo de funciones claves dentro del mecanismo fueron corridos por la Subsecretaria. En la carta hecha pública en Proceso señala cómo los funcionarios fueron “amagados, atosigados y forzados a renunciar por no estar de acuerdo con el modo en que se gestionaba el mecanismo de protección”. De acuerdo a la carta altos funcionarios de SEGOB incurrieron en actos de discriminación, misoginia, maltrato y humillaciones contra los depuestos funcionarios. Esta carta se da dentro del marco de la renuncia del Coordinador Ejecutivo del Mecanismo, Juan Carlos Gutiérrez, por razones, según aseveró, personales. El caso es que hoy por hoy, no hay coordinador del mecanismo ni el personal calificado para que el mecanismo funcione. Hoy, la simulación de su funcionamiento es más evidente que nunca.

La segunda carta fue de los miembros de sociedad civil del Consejo Consultivo del mecanismo, quienes son una pieza fundamental para el correcto funcionamiento de dicha institución de protección. En su misiva, los consejeros externaron su preocupación por los acontecimientos recientes (citados anteriormente) al interior del mecanismo.  Aseveran que la Subsecretaria dio pie a un ambiente de trabajo nada propicio para el correcto desempeño de las funciones de protección, señalando que estamos ante la imposibilidad de contar con un equipo estable y cualificado para las funciones encomendadas. Y piden tres puntos: 1. Que se designe al Coordinador Ejecutivo del Mecanismo con experiencia en derechos humanos; 2. Que se establezca una política laboral  para quienes trabajan en el mecanismo (en evidente respaldo a lo sucedido con los 4 exfuncionarios) y 3. Y que se trabaje de manera urgente en un programa de atención prioritaria a los problemas del mecanismo.

La crisis que vive la institución destinada a la protección no nos toma de sorpresa. Sin personal calificado para que brinde atención a las víctimas, sin la erogación de un solo peso del fideicomiso por más de 200 millones y sin la confianza y legitimidad, el mecanismo hoy es inservible para atender la profunda crisis en materia de libertad de expresión y defensa de derechos humanos.

Si queremos restablecer el camino de la consolidación de una verdadera política de protección a periodistas y defensores, el Secretario de Gobernación debe de hacer evidente su preocupación por la situación y reafirmar su voluntad política para que se subsane la crisis pidiendo cuentas a los funcionarios que orillaron a que se tuviera esta crisis. Al mismo tiempo, el poder legislativo debe de involucrarse y pedir cuentas a funcionarios de SEGOB responsables de la conducción del mecanismo y la aplicación de la ley de protección y, no nos olvidemos, revisar porqué el fideicomiso no ha sido gastado y quién es la persona responsable de detener el dinero que está destinado para brindar protección a mujeres y hombres en riesgo.

Hoy tenemos más instituciones. Hoy somos más vulnerables, ¿cómo llegamos a esto? Pero más importante, ¿cómo salimos de esto?

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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