El miedo no es el estado natural del ser humano, es la frase que ha estado rondando en mi cabeza durante los últimos meses. El contexto del país creo que no da para menos. Escuchar historias desgarradoras provoca reflexiones que tal vez en otro contexto no se darían.

La Ciudad ese fin de semana estaba apacible por ser día feriado. Esa inusual tranquilidad en las calles de una frenética ciudad. Era una pausa merecida para lo que sería después una imborrable semana laboral.

Un largo camino hasta llegar a casa. De manera automática apagar el coche, recoger las cosas que descansan en el asiento del copiloto, cerrar y caminar para subir las escaleras. La mente intentando recordar cuántos asesinatos de periodistas había sucedido en 2013 –soy pésimo para recordar las cifras, me hago bolas, me recordé-. Los últimos días había intentado arreglar una lluvia de ideas y cifras para hacer una decorosa participación durante la presentación del informe anual de Artículo 19 “Disentir en Silencio” que sería presentado el 18 de marzo. Otro informe más que reflejaría el deterioro constante de la libertad de expresión en nuestro país.

De manera instantánea el ejercicio de cifras se disipó de mi mente al ver que la puerta de mi departamento estaba destruida. Fracción de minutos pasaron para darme cuenta que no era una historia más que me contaban en la oficina. Esta ocasión era mi casa. Mi puerta. Mi seguridad. Una vez que volví a respirar, salí inmediatamente de ahí para hablarle a la policía. Se apersonó el oficial Gallegos en una velocidad digna de récord. Narré los hechos a los oficiales. Para ellos una historia más. Con mano en las pistolas y con movimientos bastante poco vistosos revisaron el inmueble para asegurar que los invasores no continuaban adentro. “Joven su casa está vacía, pero sí armaron un relajo”, fue el parte de Gallegos. Escoltado por él mismo, subimos de nueva cuenta a la casa.

Los destrozos eran evidentes. Azorado por la idea de que alguien pueda entrar a tu lugar más íntimo, caminé por todos lados para hacer el parte de guerra. El desorden era evidente pero no solamente eso,  el dolo de la invasión me recordaba que hacer periodismo y defender derechos humanos en México son profesiones de alto riesgo. Ridículo admitirlo, pero lo cierto es que todos los que nos dedicamos a la defensa de las libertades asumimos, de facto, que el Estado es negligente, ineficaz y omiso, por lo tanto el riesgo por nuestra profesión lo tenemos que asumir de manera “natural”. El asesinato de 76 periodistas en las últimas dos décadas, nos recuerda fríamente lo que estamos viviendo.

Aún es incierto conocer todo lo que se robaron. Lo evidente son objetos de valor y computadoras personales. Pero también se llevaron la tranquilidad, la certeza, la seguridad, la confianza y certidumbre. A cambio dejaron el miedo, la violencia, la vulnerabilidad, la violación a lo íntimo, el terror y el riesgo.

Había que actuar, el miedo y la parálisis no era una opción. La primera llamada fue a los colegas de Artículo 19, su solidaridad y apoyo los llevó a que en menos de una hora ya estuvieran lidiando con el ministerio público, agente de investigación y peritos. La segunda llamada fue al Gobierno del Distrito Federal, para solicitar apoyo y protección. Sin reclamos ni negociaciones de por medio, levanté la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del DF. Al mismo tiempo, también llamamos al (ya famoso) Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la SEGOB. La ilusión (porque al final eso fue) era que alguien de ese fantasmagórico mecanismo de protección me atendiera y brindara una respuesta pronta y oportuna. Sin asombro me di cuenta que nadie contestó. La Secretaría de Gobernación estaba de puente. Pude comprobar que, aquel mecanismo que tanto presumen en foros internacionales de derechos humanos, es increíblemente ineficaz y lento.

En abril de 2013, recibimos en Artículo 19 una carta anónima en la que me amenazaban de muerte y a otros colegas. En menos de un año, hemos registrado más de 5 incidentes de seguridad contra personal de la organización internacional. Todos se han hecho públicos. Todos se han denunciado. Nada ha pasado. De las primeras preguntas que recibí fue si el allanamiento y robo estaba relacionado con el trabajo que realiza Artículo 19, a lo cual respondí: “No tengo ningún elemento para afirmar que está relacionado con mi trabajo. Así mismo, tampoco tengo elementos para descartarlo”. La carga de la prueba está en las autoridades. Son ellas las que deben de determinar el motivo, no sólo del allanamiento y robo, sino del contexto de hostigamiento bajo el cual Artículo 19 ha desarrollado su trabajo. Nosotros no somos investigadores ministeriales. Mientras no haya esclarecimiento, lo diligente es tomar el hecho como una agresión directa. Porque de lo contrario aumenta el nivel de riesgo por la indefensión y falta de respuesta apropiada.

Hay personas que creen en las coincidencias. Hay otras que dicen que todo pasa por algo. Lo cierto es que coincidencia o no, el hecho en mi casa se lleva a cabo dos días antes de que se presentara “Disentir en Silencio”. Una vez más, no tengo elementos para afirmar si el incidente está relacionado  o no con la presentación del informe. Yo no creo en las coincidencias de este tipo, para ser honesto. He visto demasiados casos como el descrito anteriormente y mi escepticismo hacia lo fortuito del caso crece.

Horas después del frenesí policiaco, el silencio en la casa era sepulcral. Era como estar sentado en el mismo campo de batalla. No había movido nada, el desmán continuaba intacto. El polvo verde de los peritos pintaba varios muebles de la casa. Entrada la madrugada la pregunta obvia era: ¿Qué hacer con la presentación de “Disentir en silencio”? ¿Cancelarla? ¿Moverla?... ¿Qué hacer? Todo escenario era válido y comprensible. Era sólo cuestión de tomar la decisión.

El informe 2013 abona a la discusión pública sobre el estado de nuestra democracia. Se convierte en una útil herramienta para conocer el estado de la libertad de expresión en México. Es un documento que a lo largo de los años se ha vuelto obligado referente para autoridades, periodistas, comunidad internacional y organizaciones de la sociedad civil. Recordé el trabajo y dedicación que le habíamos puesto para realizarlo. Era importante para la organización presentarlo.

Sin ningún afán heroico, decidí continuar con los planes de la presentación. Coincidencia o no, el silencio no es opción. No cuándo en México se agrede a un periodista cada 26.5 horas.

Algunos datos que aporta “Disentir en Silencio”…

Durante 2013 se registraron y documentaron un total de 330 agresiones contra la prensa. Esta cifra convierte al año 2013 en el año más violento desde 2007. Respecto a 2012, el año pasado (2013) reportó un incremento de 59% en agresiones documentadas por Artículo 19.

Un dato claro y perturbador: en los casos donde se identificó al perpetrador, 6 de cada 10 periodistas fueron agredidos por parte de un funcionario público, más de la mitad de dichos funcionarios son del ámbito municipal.

En 2013, un total de 59 mujeres periodistas fueron agredidas a causa de su trabajo, este es, nuevamente, el número más alto desde 2007, seguido del 2009 con 56. En 2013, 39 instalaciones de medios de comunicación fueron atacados; es decir, 10% del total de agresiones documentadas. Este es el número más alto reportado desde 2007, el siguiente  más alto corresponde a 2011, con 32.

Ahora bien, a pesar de que es el primer año de Enrique Peña, la gran mayoría de las agresiones se da en los estados, la concentración geográfica es reveladora  en 2013, 64% del total ocurrieron en apenas cuatro entidades: 14 ataques en Coahuila; cinco en Quintana Roo; cinco en Durango; cuatro Veracruz.

Hubo cuatro periodistas asesinados en 2013, en tres de los casos el principal perpetrador fue el crimen organizado. En el caso restante se desconoce quién fue el culpable. De los 50 periodistas asesinados desde 2007; en 29 casos no se identificó al perpetrador, en 20 casos se trató del crimen organizado, y en un caso se trató de un funcionario público.

Hay poca dispersión geográfica en el asesinato de periodistas por razones presuntamente relacionadas a su trabajo. Veracruz, Oaxaca y Chihuahua concentran el mayor número de asesinatos. Tan sólo en Veracruz se asesinaron a 4 y 5 periodistas en 2011 y 2012 respectivamente. En promedio menos periodistas fueron asesinados en 2013 que en el periodo 2007-2012, sin embargo la diferencia es poco significativa y se debe al cambio en Veracruz, estado que pasó de 2 homicidios promedio al año en el periodo anterior a cero en 2013; aunque ya suma uno en lo que va de 2014.

Entre 2007 y 2013 se cometieron 726 agresiones a periodistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación. De éstas, el 26% se cometieron en 2013, el año más violento en cuanto a agresiones a trabajadores de medios en este periodo, con 192. El segundo año con el mayor número de agresiones, 110 en total, fue 2009. Particularmente llamativo lo sucedido en octubre de 2013, la agresión a periodistas durante las movilizaciones masivas en la capital contribuyeron a que tan solo en ese mes se agredieran a 64 periodistas.

Las amenazas, al igual que las agresiones, también crecieron en números y dispersión territorial. En 2007 el promedio de casos documentados de periodistas amenazados por estado era de 1, con excepciones claras como Tamaulipas con 5 casos registrados. En 2013 el promedio fue de 2 y destaca la situación de Tlaxcala con 8 casos, Veracruz (9), Oaxaca y Guerrero (6 cada uno).

Detrás del incremento se encuentran las movilizaciones sociales masivas en la capital entre agosto y octubre de 2013. Veracruz es el segundo estado con más casos documentados, 4 menos que el D.F. en 2013. Estados cuyo patrón de violencia fue inverso al nacional incluyen: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Datos que nos claramente pintan un panorama sombrío para la libertad de expresión. El deterioro es constante y, a pesar de tener cada vez más un sistema institucional de protección más robusto, las agresiones siguen creciendo. Eso quiere decir que la respuesta estatal es ineficaz.

Presentar “Disentir en Silencio” era lo responsable. El silencio no era opción. Tal vez con algo de miedo, pero no podemos dejar de trabajar para no perder lo que hemos ganado.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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