Hace mucho que la libertad de prensa en México está siendo atacada por agentes del estado y criminales. Lo correcto sería decir que a pesar de los avances en términos de libertad sobre qué publicar, jamás hemos vivido en México una real libertad de prensa. Nunca hemos gozado de un sistema medios que cumplan cabalmente con su labor social de interés público. Eso no lo conocemos. La libertad adquirida de las últimas décadas es una libertad a medias. La coerción del estado no es la misma que hace 20 años, es peor en muchos sentidos. Antes claramente el régimen autoritario actuaba flagrantemente contra la prensa. Ejemplos sobran. La diferencia hoy día es que ahora tenemos una oposición política, instituciones autónomas, un sistema político disfrazado de democracia, y a pesar de todos los avances, los medios de comunicación (en su gran mayoría) siguen siendo cooptados, presionados, o comprados por el gobierno en turno.

Dicho lo anterior, un primer paso es reconocer la inexistente libertad de prensa en nuestro país. Asumo la generalidad de la afirmación, pero si quitamos el oasis de libertad del cual gozan algunos periodistas y medios de comunicación en el DF, la gran mayoría de nuestros periodistas, reporteros y fotógrafos que están en la calle trabajan con miedo y le temen al gobierno y a sus agentes. Basta recorrer Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua y Veracruz para recoger historias de hostigamiento, presión, amenaza por parte de los gobiernos contra la prensa. El fenómeno del crimen organizado es reciente y simplemente vino atizar la violencia contra la prensa, sin embargo, es más fácil reconocer la violencia del crimen que la violencia proveniente de quien debería proteger y garantizar el derecho.

Durante 7 años he estudiado el fenómeno de la violencia contra la prensa. Recuerdo al principio que advertíamos sobre el incremento de la violencia física contra los comunicadores el eco era inexistente, nadie nos hacía caso. La violencia creció y a través de la documentación de los casos comenzamos a reconocer patrones de violencia de estado, por omisión, negligencia o complicidad. El esfuerzo para colocar una nota en prensa de un asesinato de un periodista era enorme. Los colegas periodistas siempre dudaban (antes que nada) de sus mismos colegas. Recuerdo frases como: “si lo mataron fue por algo, en qué habrá estado metido”. La prensa omisa de los hechos contra ella misma y groseramente negligente. El gobierno irresponsable. Varias organizaciones civiles trabajábamos para poner el tema en la agenda nacional e internacional, y creo que logramos evidenciar la violencia sistémica.

Setenta y siete periodistas asesinados, 16 periodistas desaparecidos y centenas de casos de amenazas, violencia física, hostigamiento y acoso judicial contra la prensa han pasado y el gremio comienza a despertar y a luchar por su propia libertad.

El pasado 23 de febrero un colectivo de periodistas convocó a alzar la voz, a tomar las calles para demandar un contexto de seguridad para continuar haciendo periodismo. Para ejercer un derecho fundamental sin miedo. La voz de los periodistas se escuchó en más de 21 ciudades del país. En el Ángel estuvimos más de 500 personas escuchando testimonios desgarradores de periodistas que han sufrido la violencia en carne propia. A pesar de que han pasado demasiados muertos y hechos violentos, comienza a ser mayor la preocupación y solidaridad de periodistas para periodistas. Esas son buenas noticias.

La ausencia de directivos de medios, de periodistas reconocidos fue evidente durante la manifestación “prensa, no disparen”. Había suficiente gente, pero no la necesaria dada la magnitud del problema que enfrentamos. La indignación y preocupación venía de los que están en las calles, a los directivos la violencia les importa poco.

Corrijo, no es que les importa poco, más bien, operan para abonar al silencio y a la inacción del gobierno para garantiza un contexto para que la prensa no tenga miedo miedo. Por ejemplo, a pesar de no haber antecedentes de una manifestación de periodistas de estas características, al día siguiente los periódicos decidieron omitir las manifestaciones de repudio, de demanda de todos los periodistas que salieron a las calles. Como decía, el silencio es cómplice. El silencio es contrario a la solidaridad necesaria.

El silencio desde la prensa es cómplice de un sistema violatorio de la libertad de prensa, donde los actores como el gobierno y la misma prensa no asumen el papel que les corresponde. La pregunta es: ¿porqué después de tanta violencia contra la prensa los medios de comunicación siguen sin ejercer la presión necesaria contra las autoridades para revertir el circulo de violencia contra sus mismos colegas?

Si la prensa presionara como bloque, por ejemplo al gobernador Javier Duarte para demandar el esclarecimiento de los 10 colegas asesinados en la entidad, lo primero que haría el gobernador sería romper relaciones comerciales y de todo tipo con los medios de comunicación que lo evidencien. Algunos de ellos dejarían de recibir cuantiosas cantidades de dinero a través de la pauta publicitaria u otros favores. La ausencia de la cobertura de la inédita manifestación pasa por los mismo vectores. Es decir, presionar al gobierno federal para que garantice un contexto seguro para el ejercicio de  la libertad de prensa implica adoptar una posición adversarial contra el gobierno. Implicaría que la presión de los medios contra el estado haría que cualquier asesinato fuese un escándalo internacional (olvídense de más de 76 homicidios). El silencio mediático pasa por la relación de cada casa editorial con el gobierno. Su cercanía con el poder y su alejamiento con la sociedad.

Mientras gritábamos en las calles, colegas del periódico Noroeste era amenazados por la policía municipal de Mazatlán. El motivo era haber preguntado sobre la información de que elementos de la policía local formaban parte del círculo de seguridad del Chapo. Por preguntar algo que era de interés público recibieron una amenaza. Mientras tanto en Veracruz, el periodista Felipe Madrigal era torturado por la policía municipal de Orizaba. En ambos caso violencia de estado. En ambos casos se evidencia el verdadero problema: la falta de estado de derechos.

Podremos seguir gritando en las calles, indignándonos por la violencia contra colegas periodistas, pero lo cierto es que a pesar de levantar la voz el gobierno federal no acusó de recibido. Nadie dijo nada. Optaron por le “no los veo no los oigo”. Protestar está bien, pero mientras no hagamos que las instituciones del estado hagan su trabajo la impunidad seguirá siendo la señal de aliento para futuras agresiones. Debemos de seguir presionando en foros internacionales, debemos de seguir investigando la impunidad, pero, sobre todo no podemos acostumbrarnos a tener una prensa con miedo, ahí la sociedad pierde.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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