Corría 1977 cuando yo tenía catorce años y bajo un programa de Estado la policía revisaba los morrales y mochilas de estudiantes de secundaria y preparatoria afuera de nuestra escuela (el Colegio Madrid) y de muchas otras. Buscaban drogas, particularmente mariguana, y bastaba que alguien tuviese en su morral una pipa vacía o papel de forjar tabaco para que fuera metido en una patrulla y llevado a los separos de la Ciudad de México. Así sin más. A quienes llevaban cigarros de tabaco lo mismo que a quienes vestían como hippies o tenían tatuajes los mandaban a una fila especial para un cateo. Los manoseos y humillaciones a las chicas eran sistemáticos.
El operativo fue idea de Arturo Durazo Moreno (alias “El negro”), amigo personal del entonces presidente José López Portillo. Durazo encabezó la Dirección General de Policía y Tránsito de la Ciudad de México (DGPyT) y fue uno de los más perversos operadores policíacos del PRI, que siempre se creyó operaba para el narco. En 1976 creó la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), dirigida por Francisco Sahagún Baca. Durante década los cuerpos policíacos encabezados por Durazo se dedicaron al secuestro, la extorsión, la venta de expedientes penales, la protección a delincuentes poderosos, además de la tortura, la desaparición de detenidos y la fabricación de delitos. También claro está, crearon expedientes negros sobre estudiantes y escuelas. Como los colegios se negaron a entregar información o catear a su alumnado, la policía se apostaba a las afueras.
Durazo, Sahagún y el entonces presidente López Portillo defendieron su programa escolar de “Detección y prevención de adicciones”, que según el mapeo discriminado de sus operadores, podían albergar a estudiantes peligrosos, adictos y problemáticos. Muchos jóvenes de preparatorias públicas fueron arrestados a la salida de la escuela, luego sus familias debían pagar cuantiosas sumas por dejarles libres, a pesar de no haber cometido ningún delito. La brutalidad, el racismo, el sexismo y la violencia de Estado perpetradas por la DGPyT así como por la DIPD están más que documentadas.
La defensa que el gobierno federal hizo de ese infame programa se centró en la necesidad de “ayudar a los padres de familia a detectar la drogadicción y el alcoholismo de sus hijos”. La lección, según los estrategas de Sahagún, era para padres y madres (algo harían mal para que sus hijos fueran así) y para la juventud “descarriada y viciosa”. El programa supuestamente preventivo claramente violaba todas las garantías constitucionales, pero con los medios vendidos al Estado y el discurso de que Durazo llevaría a cabo una “limpieza moral por la salud de la juventud”, nadie podía defenderse.
Recientemente la senadora priísta Cristina Díaz Salazar, Secretaria General de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP; brazo político del PRI que ya cumple 70 años), ha hecho una propuesta que en el fondo parece replicar el modelo de Durazo y Sahagún, con un giro discursivo claro está. Propuso ante el Pleno del Senado, que las y los jóvenes de 17 a 24 años que pretendan ingresar a un nivel de estudio medio superior o superior, entreguen anualmente un estudio de antidoping completo y una biometría hemática general.
El argumento de la senadora y los priístas que la respaldan hace agua por donde se le vea. Dice que es “con el fin de que la institución educativa (que exigiría la prueba por ley) apoye al alumno que tenga algún tipo de trastorno alimenticio o problema adictivo, dando aviso a la autoridad correspondiente para que a la brevedad, el alumno sea canalizado a un centro de rehabilitación para su pronta recuperación a través de reacondicionamiento físico por medio del deporte”.
¿El estado policíaco metido en el espionaje de la salud de las y los estudiantes? Imagine que pretenden condicionar el acceso de jóvenes a la educación en caso de que tengan trastornos alimenticios, obesidad y/o alguna adicción; que la autoridad les canalizará forzadamente a rehabilitarse e incluso a hacer ejercicio. ¿Entiende algo la senadora sobre derecho constitucional? ¿sabe de trastornos alimenticios? ¿quiere que la Secretaría de Salud se lleve a estudiantes que consumen alcohol o drogas en patrullas o ambulancias? Esa misma secretaría que no se da abasto con servicios de salud básicos por todo el país, ahora se convertiría en la policía de la salud juvenil. Y si en la biometría hemática se muestra anemia, por ejemplo ¿arrestarán a las madres por no alimentar bien a sus hijos?
Tal vez la legisladora desconoce el Artículo 16 de la Carta Magna que habla del inalienable derecho a la intimidad que tienen adolescentes y jóvenes. Ignora además, los derechos del paciente a mantener datos privados sobre su salud. Tampoco mira las complejidades que enfrentan millones de familias frente a la crianza de niños, niñas y adolescentes en un país que se niega a invertir efectivamente en la prevención de las violencias, que niega el acceso voluntario a servicios de salud física y psico-emocional efectivos, accesibles y especializados, entre otras necesidades. Un país que sigue recortando presupuestos para la educación. Parece que en lugar de avanzar el PRI nos quiere llevar de vuelta al Estado paternalista policíaco que secuestra libertades.
La senadora presentó la iniciativa que reforma las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, General de Educación, General de Salud y la General de Cultura Física y Deporte, y la envió a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos. La priísta dice estar muy orgullosa de su propuesta. Por fortuna ya le han respondido desde la Cámara de diputados, para hacerle saber que su iniciativa viola la ley; pero nunca se sabe. Habrá que mantener la mirada en esa absurda propuesta que ya fue aplaudida por los tricolores. Habrá que revisar desde una perspectiva global y una vez integradas, hacia dónde quieren llevar al país todas las reformas legislativas del PRI.
