La semana pasada se dio a conocer el informe sobre la Cuenta Pública 2012 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Es decir, la fiscalización que se realizó al último año del mandato calderonista.
Fue una labor intensa que implicó la fiscalización de 379 entes públicos, entre ellos “127 dependencias y entidades, correspondientes a los tres Poderes de la Unión, a 4 organismos constitucionalmente autónomos, a 19 universidades públicas, a los 32 gobiernos de las entidades federativas; además se auditaron los fondos federales en 190 gobiernos municipales, y en 7 demarcaciones territoriales del Distrito Federal”.
El titular de dicho órgano, Juan Manuel Portal, afirmó que de las auditorias realizadas se desprenden presuntos desvíos por 4,300 millones de pesos, lo que dio paso a la presentación de 147 denuncias ante la PGR.
En el caso de estas denuncias, se trata de la presunta comisión de delitos, no de simples irregularidades contables o de que el presupuesto “no cuadra”: de que se clavaron la lana; que fueron tan burdos –o se creyeron tan impunes- que ni siquiera fueron capaces de maquillar mínimamente el desfalco al erario público.
Y lejos de disminuir, esta práctica fue aumentando durante la última administración. Según los datos expuestos, en el caso de la cuenta pública de 2009 se presentaron 34 denuncias, de 2010 fueron 102, para 2011 crecieron hasta alcanzar 133, y en la más reciente fueron las citadas 147 denuncias.
Sin embargo, la corrupción alcanza a todos los gobiernos prácticamente por igual. De las 147 denuncias presentadas, un tercio -43 para ser exactos- corresponde a dinero que “gastaron” los estados o los municipios.
En este punto, el mensaje del titular de la ASF es contundente: “la transferencia de recursos y funciones a las entidades federativas y municipios no se ha acompañado de una mejora en la calidad de la gestión y resultados de los gobiernos locales, ni se han generado alicientes que impulsen la transparencia y el asumir una responsabilidad ante los ciudadanos por parte de los ejecutores del gasto”, sostiene dicho funcionario.
El resto de denuncias se concentra de forma mayoritaria en programas de la Secretaría de Agricultura, la de Economía y la de Comunicaciones y Transportes (donde se eroga gran parte del multimillonario gasto en infraestructura).
Una vez más el informe de la cuenta pública muestra que en materia de combate a la corrupción y de transparencia todavía nos falta mucho camino por andar. El sistema de rendición de cuentas en México todavía está en pañales.
Lo dicho por la ASF deja entrever que 2012 fue un nuevo año de Hidalgo para muchos funcionarios públicos.
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