A la memoria de los periodistas Gregorio Jiménez, Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco,  Misael López Solana, Yolanda Ordaz de la Cruz, Regina Martínez, Guillermo Luna, Gabriel Huge, Esteban Rodríguez, Víctor Manuel Baez, asesinados durante la gestión de Javier Duarte.

Las voces sabias siempre me han dicho que no debo de escribir enojado. Que ensucia las letras y perturba las ideas. El enojo es pasajero, las letras en el texto son indelebles. Tal vez tengan razón y debería buscar refugio para librar el enojo y hartazgo que siento en estos momentos. Debería poner más atención a las Olimpiadas de Sochi, o a la buena noticia de que ganaron los Pumas. Cualquier tema superfluo para amainar el enojo.

Lo cierto es que no puedo y asumo el riesgo de usar palabras enojadas. Hace menos de 72 horas se encontrón sin vida el cuerpo de Gregorio Jiménez, periodista veracruzano. Hace casi una semana Gregorio fue privado de la libertad. Otra vez Veracruz, otra vez un periodista desaparecido, otra vez las autoridades omisas. Estudiar el récord de homicidios de periodistas en Veracruz debería promover un cambio radical en nuestro país. Un golpe de timón. Debería avergonzarnos a todos los mexicanos. Pero no, al parecer la vida de 15 periodistas asesinados en ese estado durante los últimos 14 años no es suficiente para alcanzar la indignación de toda la sociedad. Del gobierno y gobernantes será mejor no decir nada, no tienen indignación por nada, al contrario, lucran, se acomodan, gozan del estado de indefensión de la prensa.

Durante el interminable sexenio de Javier Duarte 10 periodistas han sido asesinados. El número evidentemente dice poco. Pero son 10 personas que se dedicaban al periodismo, que tenían familias y amigos. Son 10 historias que aguardan de manera incómoda en plena impunidad. 10 historias que nunca sabremos la verdad sobre los hechos y motivos que llevaron a sus asesinatos.

-Leer que ningún caso ha sido resuelto aumenta el enojo, debo de advertir-

A las autoridades mexicanas no les cae bien que se diga que México es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. Pero los números no mienten, hay 76 periodistas asesinados desde el 2000. En el alud de violaciones a derechos humanos, de personas asesinadas y desaparecidas, parecería que 76 no es un número significativo. Pero eso respondería a la institucionalización de la derrota que tenemos en el imaginario la sociedad mexicana. El número en sí es escalofriante. Por favor no nos acostumbremos a ver la violencia con tanta frialdad.

Durante la semana que Gregorio permanecía desaparecido poco a poco diversas voces se fueron juntando para demandar que las autoridades investigaran su paradero y lo entregaran con vida a sus familiares y amigos. Como pocas veces he visto, grupos de reporteros se manifestaban en las calles de Xalapa y Coatzacoalcos. Se veían dejos de solidaridad. Llamadas iban y venían para hacer que los reporteros se sintieran acompañados. Sus demandas legítimas comenzaron a retumbar en otras partes de México y en el extranjero. Desde España, Argentina y Colombia, grupos de reporteros demandaban lo mismo: Queremos con vida a Goyo. De manera inmediata comenzamos a enterarnos que aquellos colegas que salían a la calle eran intimidados por agentes de la policía municipal. Muchos reporteros denunciaron que autoridades hablaban a los medios de comunicación para presionar e impedir las manifestaciones. Prácticas dignas de cualquier régimen autoritario. Aun así, decenas tomaron las calles. Nuestras calles.

 El disenso incómodo para los gobernantes tomaba fuerza para presionar a las autoridades hacer por lo que les pagamos. No eran muchos en número, pero eran una evidencia clara de que no todo es miedo en la prensa veracruzana. Al final podemos concluir que gracias a esa presión las autoridades hicieron su trabajo para encontrar a Gregorio Jiménez.

Mientras la solidaridad (escasa en estos tiempos) interconectaba al gremio periodístico, el silencio de las autoridades federales era evidente, y lo fue hasta que encontraron sin vida a Goyo. Mientras la noticia trágica acaparaba espacios  en la prensa y la indignación de la sociedad era más evidente, el Presidente Enrique Peña Nieto, presumía que había cargado la Copa del Mundo. Ni en ese momento ni en ningún otro, ninguna autoridad del gobierno federal dijo algo. Optaron por ese silencio cobarde… aquí no pasa nada si no decimos que algo pasa.

El silencio del desdén. El silencio omiso y cómplice. El silencio que denota la falta de gobernantes diligentes, responsables y comprometidos. De esos no hay, de esos no tenemos. Es el silencio que busca perpetuar el miedo y arrinconamiento de la prensa. Es el silencio que evidencia que una prensa vigorosa estorba para la democracia que el PRI (y demás partidos) tienen en mente. Es un silencio que busca fragmentar los lazos solidarios, que busca intimidar con su silencio ruidoso las voces de disenso y el periodismo incómodo. Es un silencio en el que es cómodo gobernar porque a nadie tienes que rendir cuentas. Es un silencio que obliga a cuidarnos las espaldas, porque la ausencia del estado es evidente. Es un silencio cómodo para quien no le gusta la crítica y el escrutinio.

Mientras Gregorio permanecía desaparecido, el gobernador se reunía con sus familiares, ningún motivo serio, se buscaba la foto y la simulación de que le importaba el paradero del reportero. En la reunión, según lo que reportó el periódico Notiver, el dadivoso gobernador ofrecía una casa a los familiares. Leyó usted bien, una casa como muestra de “apoyo”. O si lo quiere leer, un intento de compra de su silencio. Es decir, la vida de Gregorio valía una casa en esos momentos. La familia respondió con toda entereza: “no queremos una casa, lo queremos de vuelta con vida”. La costumbre de cooptar a la prensa por parte de las autoridades veracruzanas está ampliamente documentado. En ese estado más vale comprar a cualquier precio cualquier intento de periodismo independiente. Pero todavía hay periodistas en el estado que no tienen precio.

Cuando la devastadora noticia de la muerte llegó, pasó poco tiempo y ya teníamos a la vocera del gobierno de Veracruz, así como a su secretario de gobierno, afirmando categóricamente que el homicidio no tenía ningún vínculo con el ejercicio periodístico de Gregorio Jiménez. ¿Cómo lo sabían sin ninguna investigación ministerial? Fácil, no lo sabían. El objetivo inmediato era quitar la idea lo antes posible de que el motivo podía ser la profesión y convertir el caso de Gregorio en un homicidio más, simplemente uno más de tantos que tenemos en el país. De esta manera, como en el caso de Regina Martínez, las autoridades ya sabían que la responsable (no presunta, sino responsable) era la dueña de un bar, el móvil fue un tema personal y nada tenía que ver con lo que publicó Jiménez. El discurso oficial no debería extrañarnos. Lo que llama la atención es cómo medios reprodujeron de manera inmediata y sin ninguna duda la versión oficial de los hechos. Tomaron como verdad los dichos de Gina Domínguez. Eso no es periodismo, ustedes me disculparán.

Será el enojo provocado por conocer tantos casos de periodistas asesinados que me inclino a pensar que nunca sabremos los motivos reales por los que Gregorio Jiménez fue asesinado. Pero también me queda claro que el caso de Gregorio Jiménez, y los otros muchos, nos debe de importar porque es un tema de libertades. Acostumbrarnos, solapar, no indignarnos ni enojarnos, son estados que no nos podemos, como sociedad, permitir. Debemos hacer nuestra parte: demandar un contexto seguro para ejercer el periodismo.

 Es un tema de libertades. Es un tema de la defensa de nuestras libertades.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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