Este viernes –en un acto en el Castillo de Chapultepec, con gran despliegue mediático— el Presidente Peña Nieto promulgó una nueva reforma política. En dicho evento el mandatario sostuvo que “México contará con nuevos instrumentos institucionales para facilitar los cambios de fondo que requiera el país en los próximos años”.
La reforma incluye medidas de todo tipo. Por ejemplo, se dota de autonomía constitucional al CONEVAL; el IFE se convierte en el Instituto Nacional Electoral (INE); se adelanta del 1º de septiembre al 1º de agosto la fecha de inicio del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso cuando el Ejecutivo inicie su cargo, así como la toma de posesión del Presidente de la República al primero de octubre (en lugar de que arranque en diciembre, como hasta ahora); se aumenta de 2 a 3 por ciento el umbral de votación que los partidos políticos deben obtener para poder sobrevivir y lograr financiamiento, además de que deberá garantizarse la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales.
Sin embargo, las dos medidas de mayor calado tienen que ver con permitir la reelección de nuestros legisladores y presidentes municipales, y la creación de la Fiscalía General de la República –en sustitución de la PGR— con carácter autónomo.
Las ventajas (y los inconvenientes) de la reelección han sido discutidas en innumerables ocasiones: cuando es posible la reelección, existe una relación más directa entre la ciudadanía y sus representantes, así como mayor responsabilidad y profesionalismo por parte de éstos.
Otro de los grandes avances es la autonomía del ministerio público. A nadie escapa que en muchas ocasiones la amenaza de fincarle responsabilidades penales a un enemigo político se vuelve una realidad en este país; quitarle esta potente arma de presión al ejecutivo, en consecuencia, debe ser celebrado, en términos de avance democrático y limpieza en la contienda política.
A pesar de estos cambios, las críticas que se han hecho siguen siendo válidas. Es una reforma que se hizo sobre las rodillas y a toda prisa; se acaba con el gran baluarte sobre el que se construyó la transición democrática (el IFE), por el simple capricho de unos cuantos; si bien se abre la puerta a la reelección, su diseño queda a medio camino, y un largo etcétera.
Con todo, todavía falta mucho por hacer. Ahora le toca al Congreso legislar las leyes que van a dar cuerpo a estas reformas constitucionales. Hay que estar atentos. El diablo está en los detalles.
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