Poco tiempo duró la luna de miel de la prensa anglosajona con el gobierno de Peña Nieto. No terminaban de festejar el reconocimiento de agencias como Bloomberg o periódicos como The Financial Times, The Wall Street Journal a las reformas energéticas y otras del 2013 y el nombramiento de Luis Videgaray como “ministro de Finanzas” del año (aunque la economía no creció ni 1 por ciento), cuando estalló la crisis de Michoacán.

Y no estalló porque no existiera desde antes sino porque se visibilizó.  El único asunto que le importa al gobierno de Peña Nieto y al grupo Estado de México que nos gobierna se conjuntó en el caso michoacano: el Departamento de Estado norteamericano lanzó una alerta y los medios de comunicación comenzaron a dar cuenta del avance de los grupos de autodefensa en los municipios controlados por Los Caballeros Templarios.

El 9 de enero el Departamento de Estado norteamericano emitió la alerta diplomática a sus conciudadanos para no viajar a Michoacán y Guerrero porque “autodefensas operan independientemente del gobierno en muchas zonas”.

“Aunque no son considerados hostiles a extranjeros o turistas, desconfían de extraños y deben ser considerados volátiles o impredecibles”, agregó la nota. Desde julio del 2013 no se emitía una en tal sentido. A Guerrero se le consideró el “estado más violento” ya que entre enero y octubre del año pasado se registraron 1,718 homicidios y 205 casos de secuestro.

Pero Michoacán era el tema más mediático. Desde mediados de diciembre, los grupos de autodefensa pasaron a la ofensiva y tomaron bajo su control una decena de municipios.  Estaban por llegar a Apatzingán, corazón templario.

El sábado 5 de enero, en un extraño episodio, el doctor José Manuel Mireles, el vocero más visible hasta ese momento de los grupos de autodefensa, se accidentó en una avioneta, tras sostener un encuentro en Guadalajara. Hasta ahora no se sabe con quién se reunió, qué acordaron y por qué el accidente.

Los Templarios y sus redes afines aseguran que se trató de un encuentro de Mireles con el Cártel Jalisco Nueva Generación –brazo regional del cártel de Sinaloa- para apoyar a los michoacanos, con armas y recursos. Hábiles en la guerra sucia mediática, los Templarios han logrado filtrar esta versión. Y no hay manera de desmentirla de forma clara.

Este episodio y la alerta de Estados Unidos precipitaron lo que nunca quiso ubicar el gobierno de Peña Nieto como el desafío central del Estado mexicano: el avance del crimen organizado y las autodefensas y policías comunitarios como indicios de revueltas sociales frente a la incapacidad de mantener “el monopolio legítimo de la violencia”.

Durante un año, los estrategas peñistas fueron eficaces en “acallar” y minimizar el tema de forma mediática. La realidad era otra cosa. Los muertos ahí están. Los enfrentamientos prosiguen. Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán siguen siendo “plazas en disputa”. Y, por si fuera poco, las huellas de los enfrentamientos llegaron al Distrito Federal durante esta temporada del caso Heaven y de ajusticiamientos.

Desde el lunes 13 de enero –para ser más cabalísticos-, el gobierno de Peña Nieto asumió el Michoacan Moment como un desafío central. Volvió a operar la maquinaria de control mediático para insistir que no se trata de una “guerra” ni de una derrota del gobierno estatal, pero todos los hechos indican lo contrario.

Hay una guerra civil en curso en Michoacán y en Guerrero desde hace varios años, ahora admitida con el nuevo operativo de seguridad y policíaco. Hay un vacío de poder en Michoacán, ahora admitido y exhibido con el nombramiento de un comisionado presidencial, Alfredo Castillo, que asume funciones de virrey, mientras Fausto Vallejo aparenta que gobierna desde Apatzingán. Y, por si fuera poco, hay tres actores identificables en disputa: los Templarios, las autodefensas y las fuerzas policíacas y militares federales.

El problema es que no será un “momento” o un episodio. A Peña Nieto se le puede ir el sexenio, como a Calderón, abriendo las compuertas del infierno creyendo que el crimen organizado es un asunto militar, policíaco y punitivo, principalmente, y no un fenómeno de corrupción política, impunidad compartida y fracaso de modelo social y económico.

Dicen que van a “reconstruir el tejido social”, ahora sí, en Michoacán. Es el décimo mensaje en ese sentido en menos de un año.  Quizá se queden como Penélope, tejiendo mientras el crimen organizado y las autodefensas, como la humedad, ya le ganaron la iniciativa a un Estado fallido.

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Jenaro Villamil

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Reportero de Proceso, especialista en medios, editor de Homozapping.

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