Como es sabido, la interrupción legal del embarazo únicamente está permitida en la capital del país (durante las primeras doce semanas). En el resto del territorio nacional esta posibilidad todavía permanece vedada.
Sin embargo, que no sea un acto legal no significa que no se realice. Según estadísticas oficiales la situación en el país es un verdadero problema de salud pública. Aquí algunos datos:
- Dos tercios de las mujeres mexicanas que tienen una relación practican la anticoncepción con algún método “moderno”, a lo que se debe sumar un 5 por ciento adicional que utiliza algún método “tradicional” menos efectivo;
- A pesar de ello, se estima que más de la mitad —55 por ciento— de los embarazos en México fueron no planeados;
- En México cada año ocurren 71 embarazos no planeados por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva;
- Un poco más de la mitad (54%) de los embarazos no planeados termina en un aborto inducido, a pesar de que únicamente está permitido en el DF; esto significa la realización de alrededor de un millón de abortos inducidos anualmente;
- Por edades, la tasa más elevada de abortos se presenta en las mujeres de 20–24 años (55 por 1,000 mujeres en ese grupo de edad), seguidas por las de 15–19 años (44 por 1,000);
- Durante el 2009 –último año con cifras disponibles— fueron atendidas 159 mil mujeres por complicaciones derivadas de abortos inducidos (este dato se refiere únicamente a hospitales públicos);
- Se estima que más de un tercio (36%) de las mujeres que tienen abortos inducidos desarrollan complicaciones que requieren atención médica; de éstas, una de cada cuatro no reciben la debida atención, con las consiguientes consecuencias para su salud;
- En el Distrito Federal, las mujeres que usaron los servicios públicos de interrupción legal del embarazo tuvieron un riesgo de sufrir complicaciones mucho menor que sus congéneres en el resto de la república.
Insisto, que no sea legal, no significa que no se practique y sea una realidad para miles (o cientos de miles) de mujeres mexicanas. La política de ignorar el fenómeno, lejos de resultar adecuada, nos está resultando contraproducente y nos genera problemas de salud pública de una magnitud importante.
La evidencia habla por sí sola. Hay que reconocer el fracaso del modelo actual y modificar las políticas públicas. ¿Cuántas mexicanas más deben morir para que abramos los ojos?
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