Algo está pasando en le Ciudad de México que nos debe de preocupar. La pérdida de libertades civiles no es una interpretación sino una realidad. Cada vez más se asienta en el imaginario colectivo un falso dilema sobre el derecho a la protesta, la toma de espacios públicos y la manifestación pacífica. Cada vez es más común leer declaraciones de la autoridad con ánimo de confrontación contra grupos de ciudadanos, como si el enemigo fuera aquel que pisa la calle. No creo que sea casualidad que las fotografías de marchas son aquellas donde un reducido número de personas cometen actos de violencia ante una policía impávida. A través de narrativas impuestas por la autoridad y por medios de comunicación es como llegamos a un errado análisis en relación con el derecho a la protesta. Algo está pasando en la ciudad que deja de ser de izquierda.

Cual vil circo romano dónde el pueblo pide sangre, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) hace lo propio. Hace pocos días el ALDF aprobó con 38 a favor, seis votos en contra y una abstención, el dictamen para reformar los artículos 123, 130, 241 y otros más del Código Penal del Distrito Federal, mediante las cuales se incrementa en una mitad las penas para quienes en el marco de manifestaciones o concentraciones públicas cometan los delitos de lesiones y homicidio dolosos contra autoridades, así como daños a la propiedad pública y privada. La perversidad de esta reforma (innecesaria y claramente de corte autoritaria)  es obra de los diputados Antonio Padierna Luna, Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, y Arturo Santana Alfaro, secretario de la misma Comisión. Estos dos personajes son los que han decidido que la violencia se combate con más violencia. Sin ningún sustento, más que el de retórica torcida y desconocimiento descomunal, los diputados Padierna y Santana le dan más herramientas a un sistema de procuración e impartición de justicia que claramente no funciona.

Los delitos aducidos en la iniciativa ya estaban en el código penal local. La idea criminalizante de los diputados Padierna y Santana radica en que dichos delitos son penados con mayor número de años de cárcel si se cometen durante una manifestación. Es decir, usted robe o “agreda” cualquier día a la autoridad pero no lo haga durante una marcha. Ahí el estado lo castigará con mayores penas. A eso, señores diputados, los teóricos le han llamado populismo penal. No es ni fortuito ni por generación espontánea estas modificaciones al código penal, sino, por el contrario, son claras señales de los intentos de las autoridades de la Ciudad para limitar el espacio público, la protesta social a través de una inequívoca señal de desaliento para el que quiera salir a la calle.

Leer la exposición de motivos de la iniciativa sobresale es espíritu autoritario y transluce el carácter regresivo e inhibitorio de la reforma. El texto legislativo alienta la equivocada idea que para gozar de los derechos humanos éstos deben de estarán en equilibrio con el orden público, como si tuvieran la misma jerarquía e importancia. Por ello, los legisladores consideran que agravar delitos es una restricción legítima y proporcional a la libertad de expresión y libre asociación. Bajo este argumento, el ejercicio de derechos indefectiblemente deriva en comisión de delitos.

Así mismo, considero grave que en un texto legislativo se mienta sin ninguna consecuencia. En este caso, me refiero  a que según el texto las penalidades han aumentado para los cuerpos de seguridad pública que han violado derechos humanos y continua diciendo el texto “limitan (la fuerza pública) su actuación ante las agresiones de los manifestantes, dando como consecuencia la degradación de la persona misma y la pérdida de la confianza depositada por la ciudadanía a esos cuerpos de seguridad con el fin de que se brinde protección a los embates de la delincuencia”. Señores diputados Padierna y Santana, les recomiendo leer para informarse. Sería lo mínimo que su investidura les demanda. El problema central resulta ser la violencia del Estado, no contra el Estado.

Las reformas aprobadas por la ALDF parten de la falsa premisa que hay que proteger al Estado y no al ciudadano del Estado. Las reformas omiten claramente que el problema está en la procuración de justicia, es decir, en el poder detener y contener a aquellas personas que sí cometen delitos durante manifestaciones e impartir justicia sin la necesidad de avalar detenciones arbitrarias o acusaciones con testigos falso, entre otros muchos ilícitos que el Tribunal Superior de Justicia del DF avala constantemente. Por ello, el agravar las penas no es un paso en la dirección correcta para erradicar la violencia durante las protestas. Es un paso para allanar el camino a la violencia de Estado.

En la exposición de motivos está que la ALDF busca victimizar al (pobre) Estado ante los vándalos (seguramente anarquistas (sic)) que lo agreden. Por ello, busca “enaltecer el respeto a la autoridad y el cuidado de su integridad física en el ejercicio del poder público”. De las centenas de violaciones a los derechos humanos por parte de la autoridad contra manifestantes no se dice nada. Los legisladores consideraron que había que equiparar la violencia de Estado con la violencia delincuencial. Y por ello, y siguiendo la narrativa impuesta sobre las marchas, para frenar la violencia en las marchas se necesitan mayores penas y, al mismo tiempo ignorar que claramente la práctica internacional evidencia que no hay sustento para afirmar que imponer mayores penas es el camino.

En las vísperas de las marchas del 1 de diciembre, a un año de que comenzó el gobierno de Peña Nieto, la ALDF decidió mandar un mensaje de confrontación y crispación. Optó por el populismo penal mediático y se alejó de ser un garante de derechos humanos. La impunidad legislativa con la que se movieron los diputados Padierna y Santos es absoluta. Sin embargo, contrario al mensaje autoritario de lo que los jefes policíacos y legisladores, es tiempo que la ciudadanía redoble su esfuerzo por salvaguardar el derecho a la protesta pacífica. El miedo que alientan las autoridades de ninguna manera debe vencer nuestra determinación por tener garantizados nuestros derechos. Si lo que les preocupa al GDF es la violencia de un puñado, pues que se pongan a trabajar para poder contener esa violencia reducida a unos cuantos. Una vez más, lo hecho por la ALDF no es error ni ocurrencia de unos cuantos, es parte de un contexto enrarecido que busca atacar la protesta social en la Ciudad de México.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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