Las verdaderas dimensiones de la tragedia provocada por la “pareja tormentosa” Ingrid y Manuel aún las desconocemos. Sabemos, por la información que sale a cuenta gotas en medio de deslaves, puentes aéreos y derrumbes, que la cifra de damnificados puede ascender a más de un millón y medio; que los fallecidos superan las 100 personas; que los desaparecidos son decenas; que hay 49 municipios de Guerrero devastados, 45 en Oaxaca, 66 en Veracruz y 20 en Tamaulipas.

Las zonas de la montaña y de la costa grande de Guerrero concentran los dos desastres simultáneos: el provocado por la fuerza de las lluvias y el de la incapacidad, la corrupción y la negligencia de décadas acumuladas en la zona de mayor pobreza del país. Para estos habitantes no existen las imágenes ni la cobertura privilegiada de los turistas afectados en Acapulco. Y los medios masivos se han concentrado en la escenografía de los rescates y el largo desfile de discursos de autoridades estatales y federales que fueron desbordadas política y administrativamente.

Como perversa continuidad del linchamiento mediático que se generó en la capital del país en contra de los profesores de la CNTE, vemos a las principales estaciones de televisión abierta y restringida, con sus noticiarios de una hora y media hora repitiendo las escenas de “rapiña” en los supermercados de Acapulco. De nuevo, el sesgo clasista: es rapiña sólo cuando los damnificados o bribones de poca monta roban en Walmart o Cotsco, pero no es rapiña la corrupción que ha convertido a la Autopista del Sol, por ejemplo, en el emblema de la ineficacia público-privada.

Desde el huracán Paulina, hace 15 años, se documentó que esta autopista era un ejemplo de irregularidades. El Gobernador entonces era Ángel Aguirre, el mismo de ahora, aunque con emblema partidista distinto. Y los contratistas privados se enriquecieron con esta “magna obra” de los sexenios salinista-zedillista que acabó en el desastre.

Por una coincidencia en el calendario, la magnitud de la tragedia provocada por la “pareja tormentosa” recordó a muchos lo ocurrido hace 28 años con los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. No sólo fue una catástrofe urbana y social. Fue una catástrofe política para el PRI que, desde entonces, perdió electoralmente la capital del país.

Más de 100 mil viviendas se derrumbaron, 500 mil personas se quedaron sin techo. Las cifras de los muertos nunca se han reconocido oficialmente. El recuento de los damnificados y de las organizaciones surgidas calcula que 20 mil personas fallecieron en los escombros de una ciudad que se reconstruyó, a pesar de la corrupción e indolencia del entonces presidente Miguel de la Madrid.

Carlos Monsiváis, al hacer la reflexión a 20 años de los sismos, en el libro No sin Nosotros (Ed. ERA) destacó que a la catástrofe política le acompañó la emergencia de una sociedad civil despreciada por la burocracia, “enemiga de las acciones espontáneas”, y por “la ineficacia notable del gobierno de Miguel de la Madrid”.

Monsiváis rememoró en este texto a los voluntarios de aquellas jornadas y es inevitable pensar que algo similar se está gestando, a pesar de las diferencias territoriales y sociales, en las entidades donde la catástrofe natural anticipa a la catástrofe política:

“A estos voluntarios los anima su pertenencia a la sociedad civil, la abstracción que al concretarse desemboca en el rechazo del régimen, sus corrupciones, su falta de voluntad y de competencia para hacerse cargo de las víctimas, los damnificados y deudos que lo acompañan. Por vez primera, sobre la marcha y organizadamente, los que protestan se abocan a la solución y no a la espera melancólica de la solución de problemas. Cientos de miles trazan nuevas formas de relación con el gobierno, y redefinen en la práctica sus deberes ciudadanos. (El 18 de septiembre, el civismo es, si acaso un término alojado en los recuerdos escolares)”.

La catástrofe en estas entidades está agudizada por el clientelismo vergonzante del PRI, PRD y PAN (que han gobernado a las 11 entidades afectadas); por el enriquecimiento explicable de una cleptocracia a partir de la tragedias (al estilo de Andrés Granier y muchos otros); por la compulsión autoritaria de los juniors metidos a autoridades públicas (al estilo de Javier Duarte, como documentó el video difundido por SinEmbargo); o por la compulsión peñista de convertir todo en un infomercial.

La emergencia de una sociedad civil activa, vigilante, que rebase a las ya de por sí rebasadas autoridades municipales, estatales y federales, sería una tendencia positiva en estas circunstancias. Por ahora, lo que vemos es el derrumbe de cimientos podridos de corrupción.

En el debate de este 19 de septiembre en el Senado de la República, el ex regente capitalino, ex priista y ex salinista Manuel Camacho Solís enumeró cinco “lecciones del 85 para el 2013”. Advirtió que con las catástrofes “se genera una enorme turbulencia en la vida política de las comunidades”. Y algo sabe bastante bien Camacho Solís de este fenómeno.

Las lecciones del 85 en el 2013 no se podrán aplicar si el mismo patrón de ineficacia, descoordinación y autoritarismo domina en los próximos meses, durante las labores de reconstrucción.

“Una tragedia de este tamaño no la puede resolver sólo el gobierno, se necesita de la colaboración del sector privado, sobre todo, de la industria de la construcción, y se necesita del respaldo y de la aprobación de las comunidades, y la combinación de estos tres se tiene que hacer una definición clara de dónde están los límites de actuación  del gobierno, de las empresas y de la comunidad”, reflexionó Camacho.

Esta catástrofe política, por venir, será sin duda la prueba más dura para un sistema político que fue sepultado por un alud de lodo, indolencia y despilfarro mediático.

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Jenaro Villamil

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Reportero de Proceso, especialista en medios, editor de Homozapping.

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